El País Digital
Jueves
29 mayo
1997 - Nº 391

La justicia ordena a Carlos Andrés Pérez devolver al Estado 603.000 dólares

L. VINOGRADOFF , Caracas
La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ordenó ayer al ex presidente Carlos Andrés Pérez y a sus ex ministros devolver a la nación 603.000 dólares: la misma cantidad utilizada por su Gobierno en 1991 para financiar el envío de un grupo de policías venezolanos que protegieron y custodiaron a Violeta Chamorro al inicio de su presidencia en Nicaragua.

La insólita decisión del Tribunal Supremo se produce ocho meses después que el ex mandatario saliera en libertad en septiembre pasado tras haber cumplido dos años y cuatro meses de prisión por malversación de fondos reservados.

Pérez fue destituido de la presidencia en 1993, también ocho meses antes de concluir su mandato, y enjuiciado bajo cargos de corrupción en el caso de los 250 millones de bolívares (17 millones de dólares para el cambio de la época) que nunca se pudo comprobar si fueron destinados a ayudar a la presidenta de Nicaragua.

En todo momento, Pérez se ha sometido a las exigencias legales del proceso, esperando que algún día la historia le absolviera. Pero cuando todo indicaba que el juicio había llegado a su fin porque el condenado había pagado el castigo, la Corte Suprema vuelve a destaparlo, exigiendo esta vez la indemnización de los daños.

La sentencia del Tribunal Supremo establece que los condenados deben resarcir los daños causados al patrimonio público al emplear los fondos reservados para financiar una misión policial a Nicaragua. En realidad existió una misión secreta, denominada Operación Orquídea, con la que el Gobierno envió un total de 40 policías venezolanos a Managua para custodiar a la entonces recién electa presidenta Chamorro.

La devolución de los 603.000 dólares también recae sobre sus dos ex ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueroa, y los ex administradores Óscar Barreto Leiva y Carlos Vera Aristiguieta. Si se dividiera entre los cinco responsables de haber manejado los cuestionados fondos reservados, les tocaría pagar 120.600 dólares a cada uno.

Ni un centavo

De entrada, Pérez afirma que no pagará ni un centavo a la Corte Suprema. «No tengo plata (dinero)», dijo a este diario. No obstante, se le preguntó que mucha gente piensa que tiene dinero y puede honrar la obligación del tribunal. Pérez respondió: «Sé que mucha gente cree que tengo dinero. ¡Qué investiguen donde sea para que se den cuenta de que no tengo nada!Ésa es la verdad».

Consultado sobre la posibilidad de que la Corte le embargue su residencia, añadió: «Que me embargue si quiere. Es lo único que tengo y es el patrimonio de mi familia». Pérez va a apelar la decisión y espera que la Corte Suprema «eche para atrás» la sentencia del pago, aunque en el fondo reconoce que no le sorprendería si la ratificara.

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