Una investigación sobre la guerra de Guatemala culpa al Ejército de genocidio planificado

El informe de la ONU atribuye el 93% de las matanzas a los militares y el 3% a la guerrilla

MAITE RICO, Guatemala
El Ejército de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983 un genocidio contra las comunidades indígenas mayas como parte de su estrategia para combatir a la guerrilla. Ésta es la conclusión más contundente del informe presentado ayer por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), encargada de investigar la barbarie que se adueñó de este país durante tres décadas de guerra. El documento acusa al Estado de haber convertido a los guatemaltecos en objetivo bélico: la mayoría de las 200.000 víctimas del conflicto fueron civiles indefensos.

Guatemala comenzó ayer a enfrentarse a sus fantasmas. Dos años después de que el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sellaran la paz, los protagonistas del conflicto se dieron cita en el teatro Miguel Ángel Asturias de la capital para recibir el informe Guatemala, memoria del silencio. El horror descrito en 3.400 páginas. La locura de un pasado atroz, entretejido por las injusticias de la historia propia y los intereses ajenos de la guerra fría en el tapiz de un país de casi 11 millones de habitantes.

"En ningún país de América Latina se habían registrado tantos casos de violaciones de los derechos humanos como aquí. Según las estadísticas, Guatemala encabeza todo", según el noruego Christian Tomuschat, coordinador general de la CEH. La "extrema crueldad" con la que se perpetraron la mayoría de estos casos y la "magnitud e inhumana irracionalidad de la violencia que azotó el país no pueden ser explicadas simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes", a juicio de Tomuschat.

Acusación de genocidio

El Estado guatemalteco había encabezado tradicionalmente las listas negras de las violaciones de los derechos humanos. Ayer, sin embargo, la comisión creada por los firmantes de los acuerdos de paz, y respaldada por la ONU, lo acusó formalmente de genocidio. Como tal pueden calificarse las acciones de destrucción sistemática que el Ejército de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983 contra las comunidades indígenas de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz, en el norte del país.

El informe no identifica individualmente a los responsables (por acuerdo del Gobierno y la URNG), pero la cronología lo dice todo: la etapa corresponde al final del Gobierno del general Lucas García (1978-1982) y a todo el mandato del general golpista Efraín Ríos Montt (1982-1983), que puso en marcha la política de tierra arrasada como estrategia contrainsurgente.

En esos años, los grupos mayas se convirtieron en el principal "enemigo interno" para el Ejército, que los consideraba "aliados naturales" de la guerrilla. Comenzó así su "aniquilamiento" en "secuencias lógicas y coherentes". En la región maya ixil, por ejemplo, entre el 70% y el 90% de las aldeas fueron destruidas. Las masacres se acompañaban a menudo de toda clase de torturas y humillaciones. Los casos recogidos por la comisión dan sobrada idea del grado de desquiciamiento: desde asesinatos de niños golpeándolos contra las paredes hasta mutilaciones y empalamientos.

La población indígena, que constituye más de la mitad de los guatemaltecos, fue la más afectada por la represión, pero no la única. Escudado en la Doctrina de Seguridad Nacional y la lucha contra la guerrilla de la URNG, el Estado, dice el informe, incluyó en el concepto de "enemigo interno" a todos los opositores, "demócratas o no, pacifistas o guerrilleros, legales o ilegales, comunistas o no comunistas". Entre 1962 y 1977, las víctimas fueron sobre todo "ladinos" : líderes campesinos y sindicales, profesores, estudiantes y dirigentes sociales de la capital y de las regiones del sur y del este del país. Era una represión más selectiva, basada en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Esa misma pauta se reproduce después de 1985.

La CEH establece que la guerra civil empezó en 1962 y se extendió hasta 1996. El conflicto dejó a lo largo de 34 años más de 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados.

El informe documenta 626 matanzas: el 93%, perpetradas por las Fuerzas Armadas, y el 3%, por las guerrillas. A juicio de la comisión, "esta disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos". En concreto, el informe recoge 32 matanzas de civiles (incluyendo mujeres y niños) perpetradas por la URNG entre 1981 y 1982, además de secuestros, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales de civiles y de sus propios combatientes y varios episodios de torturas.

Frente a las argumentaciones tanto del Ejército como de la URNG, que achacan los excesos a sectores descontrolados, la comisión considera que las violaciones de los derechos humanos fueron, en ambos casos, una "política institucional" cuya víctima principal fue la población civil.

M. R, Guatemala
Los guatemaltecos se miraron ayer en el espejo de su pasado. La memoria silenciada de las víctimas del conflicto armado recobró su voz cuando Álvaro de Soto, subsecretario de Naciones Unidas, declaró "público" el informe elaborado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Su coordinador, Christian Tomuschat, leyó entonces el compendio de la demencia. Sus palabras iban cayendo a plomo en el teatro Miguel Ángel Asturias.

En el estrado, Pablo Monsanto, ex comandante guerrillero, apretaba la mandíbula. El presidente, Álvaro Arzú, y el ministro de Defensa, Héctor Barrios, escuchaban con atención. Políticos, diplomáticos y dirigentes sociales, como la premio Nobel Rigoberta Menchú, guardaban silencio. Atrás, los familiares de los desaparecidos y las víctimas de la represión interrumpían la lectura al grito de "¡Justicia!" y "Guatemala, nunca más". Un ausente recibió la única ovación unánime: el obispo Juan Gerardi, asesinado en abril del año pasado, días después de presentar el informe sobre las violaciones de los derechos humanos, elaborado por el arzobispado guatemalteco.

En la explanada exterior, Mario Morales Toj, un joven maya, escuchaba risueño la ceremonia por los altavoces. "Para nosotros es una combinación de dolor, alegría y esperanza".

M. R , Guatemala
Durante 19 meses, un equipo de 269 especialistas de 31 países, coordinados por el español Fernando Castañón, funcionario jurídico de la ONU, se encargó de la recolección y el procesamiento de los datos: más de 8.000 testimonios y 42.275 muertos fueron escribiendo esta memoria del silencio, la mayor muestra jamás reunida en Guatemala.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, al contrario de la Comisión de la Verdad de El Salvador, no identifica culpables de forma individual ni tiene efectos judiciales. Pero sí ofrece elementos para futuras demandas particulares y formula 83 recomendaciones que las partes deberían acatar. La más comprometida es que el Gobierno constituya una comisión, formada por tres personas de "irreprochable trayectoria democrática", que examine el comportamiento de los mandos militares durante la guerra, de forma que, a la luz del informe, se profundice en la depuración del Ejército.

La magnitud y la irracionalidad de la violencia, dice el informe, no se explica simplemente por el enfrentamiento armado entre Ejército y guerrilla. La responsabilidad y la participación se extienden al resto de la sociedad (partidos políticos, grupos económicos, iglesias y organizaciones civiles), pero también a aquellos países -EE UU y Cuba- que convirtieron a Guatemala en una sangrienta casilla del tablero de la Guerra Fría.

EE UU y Cuba, responsables

Según la CEH la estrategia anticomunista de Estados Unidos asumió en Guatemala un sentido "antirreformista", primero; "antidemocrático", después y, finalmente, "contrainsurgente y criminal". Hasta mediados de los años ochenta, no sólo "hubo fuertes presiones" del Gobierno y de empresas estadounidenses para mantener "la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país", sino que, además, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE UU apoyó algunos operativos ilegales del Estado guatemalteco.

Por el otro lado, el respaldo de Cuba a la guerrilla impuso la lucha armada como única vía y alimentó la intolerancia política y la polarización entre los grupos de oposición. De ahí que el informe recomiende que "aquellos países que prestaron ayuda económica y militar a las partes" sufraguen ahora, junto al Estado guatemalteco, los costes de un programa nacional de reparación moral y material a las víctimas. El informe menciona específicamente a dos países: Estados Unidos y Cuba.

Hasta ahora, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico ha alabado la colaboración de Estados Unidos, que ha brindado un importante apoyo financiero a la investigación, ha desclasificado documentos que se mantenían secretos y ha aportado información valiosa. El régimen cubano, de momento, no ha abierto la boca.

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