Un fiscal de EE UU asegura que Pinochet aprobó el asesinato del general Prats

Un testigo clave se encuentra amparado por el programa de protección estadounidense

FRANCESC RELEA, Buenos Aires
El ex dictador chileno Augusto Pinochet aprobó el atentado contra el general Carlos Prats, asesinado junto a su esposa en Buenos Aires en septiembre de 1974, según ha declarado Eugene Propper, el fiscal estadounidense que instruyó la causa del asesinato del canciller chileno Orlando Letelier en Washington. La investigación de este último caso permitió a Propper conocer detalles del homicidio del general Prats y de Sofía Cuthbert, por la explosión de una bomba colocada debajo de su vehículo, según ha confirmado al diario argentino La Nación.

"El Gobierno norteamericano nunca se ocupó del caso Prats, no tenía autoridad ni jurisdicción para hacerlo, pero durante la investigación del caso Letelier supimos cómo había sucedido", dice el fiscal. Y añade: "Contreras quería hacerlo y Pinochet lo aprobó", dice Propper.

El general Manuel Contreras era el jefe máximo de la DINA (policía política de la dictadura chilena), desde donde se planificaron los atentados contra Prats y Letelier. Por este último el antiguo colaborador de Pinochet cumple condena en la cárcel chilena de Punta Peuco, después de que el ex dictador rechazara entregarlo a la Justicia norteamericana, que había pedido su extradición.

La juez María Servini de Cubría y el fiscal Jorge Alvarez Berlanda, ambos argentinos, que instruyen la causa del asesinato del general Prats, viajaron recientemente a Washington, donde se entrevistaron con Propper. El fiscal ha señalado que la Justicia de Estados Unidos ha ofrecido a las autoridades argentinas información que podría ser de utilidad para la investigación del caso Prats.

En su opinión, uno de los testigos clave es Michael Townley, ex agente de la DINA a quien la juez Servini de Cubría ha pedido interrogar. Townley, implicado en diversos casos de violaciones de derechos humanos durante la dictadura pinochetista, vive en Estados Unidos amparado en el programa de protección de testigos tras haber admitido su implicación en el asesinato de Letelier y haber colaborado con la Justicia.

En la misma situación se encuentran otros ex agentes de la DINA y militares chilenos refugiados en EE UU. Durante su estancia en Washington, la juez Servini de Cubría y el fiscal Alvarez Berlanda firmaron con las autoridades estadounidenses un pacto de confidencialidad sobre la información recibida para garantizar la más absoluta discreción de la investigación.

Escepticismo

En sus declaraciones, el fiscal Propper expresa un gran escepticismo sobre una próxima desclasificación de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionados con el golpe de Estado chileno del 11 de septiembre de 1973 encabezado por el general Pinochet. "Nunca lo harán, en ningún caso. Si lo hacen, terminarían con las agencias de inteligencia... El Gobierno norteamericano nunca le pediría a la CIA que desclasifique sus documentos", afirma Propper.

El pasado 13 de mayo, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda del demócrata Maurice Hinchey, que requiere la entrega al Congreso de EE UU de la citada documentación por parte de la agencia de inteligencia. "El reciente proceso de extradición de Pinochet a España ha renovado el interés en el golpe de 1973. Hay razones para pensar, tal y como sospechan los tribunales españoles, que la documentación de la CIA contiene información relevante sobre el derrocamiento y asesinato de Allende.

Estos documentos deberían salir a la luz y su publicación reforzaría sustancialmente el proceso y la petición de extradición de Pinochet", señala el texto de la enmienda del congresista Hinchey, que advierte que su propósito es hallar respuestas a "importantes preguntas sobre la implicación de la CIA, el Departamento de Estado y el entonces secretario de Estado Henry Kissinger en el derrocamiento del presidente Salvador Allende".

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