Altos cargos se repartieron las mejores playas dominicanas durante el gobierno de Balaguer

MIGUEL ÁNGEL ORDÓÑEZ, Santo Domingo
La República Dominicana ha vivido durante años un gigantesco expolio secreto de playas y otros terrenos que no ha respetado ni parques nacionales ni propiedades privadas. Altos cargos del Partido Reformista Social Cristiano, del ex presidente Joaquín Balaguer (que dejó el cargo el año pasado), se repartieron las mejores playas del país caribeño. Entre los involucrados figura el actual presidente del Senado, varios senadores y un ex candidato presidencial por un minúsculo partido, entre otros. Varios funcionarios ya han sido detenidos y hay orden de busca y captura para otros más. Entre los inversores extranjeros a los que se les ha arrebatado sus propiedades hay tres de origen español.

Bahía de Águilas, una de las playas involucradas en el expolio (El País).

Las detenciones de los parlamentarios, a pesar de que han reconocido su participación en el fraude, se están haciendo esperar, fundamentalmente por ser miembros de un partido (el de Balaguer) que prestó su apoyo a la elección del actual Gobierno.

El sistema utilizado para apropiarse de los terrenos era simple y contaba con la colaboración armoniosa de todas las dependencias estatales, que legalizaban en nombre del Estado actos claramente ilegales. Los terrenos playeros y agrícolas de interés para los políticos eran transferidos por el Estado al Instituto Agrario Dominicano (IAD) -un organismo encargado de ejecutar la reforma agraria a través de asentamientos campesinos-, aunque no tuvieran ningún tipo de utilidad agrícola. Luego se simulaban asentamientos campesinos y, entre los parceleros, los políticos situaban estratégicamente -en las playas siempre- a familiares.

En otros casos, los parceleros, que en algunos casos ni existían, vendían sus tierras -a pesar de estar prohibido por la ley- a precios irrisorios a los políticos involucrados. Pese a las ilegalidades, tanto los directores del IAD como los registradores de títulos, notarios oficiales y el Tribunal Superior de Tierras (dependencia de la Corte Suprema) autorizaban la emisión de títulos de propiedad.

Para ello no se respetaron ni parajes naturales declarados parque nacional ni propiedades privadas. El expolio, además, se prolongó frenéticamente hasta la misma víspera del traspaso de poder al actual Gobierno de Leonel Fernández, el 16 de agosto de 1996.

Presiones del poder

Uno de los acusados ante los tribunales, el ex director del IAD Gustavo Adolfo Tavárez, al tiempo de negar su participación en el dolo, señala que en su gestión «tenía mucha presión de todos los sectores, principalmente de personas del mismo Gobierno; los senadores querían manejar el IAD en cada región donde ellos eran caciques o tenían influencias políticas; querían nombrar los funcionarios del IAD, hacer con el gerente regional lo que quisieran».

Tavárez destaca entre esos senadores al actual presidente del Senado, Amable Aristy Castro, una de las vacas sagradas de su partido. Aristy es senador por la provincia de La Altagracia (este de la República Dominicana), donde están situadas las mejores playas del país: Punta Cana, Bávaro, Macao, Arena Gorda y Cortecito.

Entre los numerosos tejemanejes con predios playeros con que se relaciona a Aristy sobresale el caso playas de Macao, en que fueron despojados irregularmente de sus tierras tres inversores extranjeros: Antonio Terrazas, español; Rafael Bilbao, español nacionalizado estadounidense, y Segundo Bilbao, también español, nacionalizado venezolano. Ante el cambio de Gobierno, los tres han pedido a sus embajadas la intercesión por denegación de justicia por parte del Gobierno dominicano.

La última en recibir esa petición ha sido la Embajada española, que al comprobar la veracidad de la denuncia ha transmitido, hace menos de una semana, a Madrid toda la documentación relativa al caso. Los hechos se remontan a 1988, en que la propiedad les fue expropiada por decreto al considerar que era de utilidad pública.

En esos momentos los afectados se hallaban en negociaciones con el grupo español ONCE, interesado en realizar una cuantiosa inversión hotelera que fue abortada con la expropiación y que acabó materializándose en la isla de Margarita (Venezuela).

Nada de indemnización

Ninguno de los tres recibió un centavo de indemnización por la expropiación. Desde entonces, todas sus protestas han sido desoídas. A renglón seguido, esas tierras fueron transferidas para la reforma agraria y se produjo un asentamiento de 207 campesinos.

Entre ellos se colaron una veintena de familiares y allegados del presidente del Senado en los terrenos de playa, no conocidos precisamente por sus labores agrarias: empresarios como una hermana del senador, su primo, un ex gobernador de la provincia, prósperos políticos, concejales del Ayuntamiento cabeza de la provincia, delegados provinciales de instituciones estatales.

En ese sentido, el senador Aristy ha defendido en todo momento la «legalidad» del reparto, señalando que fue el mismo presidente Balaguer quien autorizó la operación, aunque «debemos confesar que dicha declaración (de expropiación) se hizo atendiendo a sugerencias nuestras, de lo cual no nos arrepentimos», según ha declarado al periódico Listín Diario el presidente del Senado.

Al mismo tiempo, en cada una de sus declaraciones sobre el tema del expolio de terrenos, Aristy se ha encargado de recordar al actual Gobierno de Leonel Fernández el gran apoyo que su formación, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), brindó a Fernández en las últimas elecciones presidenciales. Además, el partido gobernante tiene sólo una de las 30 curules del Senado -órgano ineludible para ratificar leyes-, frente a las 14 del PRSC.

Tortugas en extinción

M. Á. O., Santo Domingo
Uno de los casos más sangrantes del gigantesco expolio que ha sufrido la República Dominicana es el de Bahía de las Águilas. Un senador del partido de Joaquín Balaguer, Antonio Féliz Pérez, logró que fueran transferidos al Instituto Agrario Dominicano (IAD), para después apropiárselos, unos terrenos del Parque Nacional Jaragua (suroeste del país, en la frontera con Haití), bajo la gestión de la Dirección de Parques. La zona alberga numerosas playas vírgenes, de difícil acceso, entre las que sobresalen las de Bahía de las Águilas, una franja de arena blanca y aguas cristalinas que se extiende unos ocho kilómetros y es un santuario de tortugas marinas -carey- en vías de extinción.

El caso Bahía de las Águilas es hasta ahora el único por el que se han realizado varias detenciones y el viernes se dictaron más órdenes de apresamiento. En total ocho personas son acusadas.

Pero el senador fue excluido del expediente que sigue la justicia por recomendación expresa del procurador general de la República, Abel Rodríguez del Orbe, quien ha manifestado que dio su palabra a Féliz de que si entregaba los títulos de propiedad fraudulentos no se actuaría judicialmente en su contra.

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