JOSÉ ELÍAS
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Guatemala
Este grupo clandestino, que se autodenomina «Organización Justicia, Sentencia y Ejecución» (J, S & E), dice estar conformado por empresarios del comercio, la ganadería, la agricultura, la exportación y las actividades comerciales, «así como por militares tanto del Ejército como comandantes de los cuadros medios de la antigua guerrilla». En una proclama enviada por fax a las redacciones de los medios locales de prensa, el grupo anuncia que ha iniciado su labor de perseguir, juzgar, sentenciar y ejecutar a aquellos ciudadanos que, abusando de los indefensos, han cometido o están cometiendo actos criminales, con la advertencia de que sus condenas «serán cumplidas de manera inmediata».
Clima de justicia
Luego de hacer un análisis de la realidad guatemalteca, donde se enfatiza lo inoperante de la justicia y lo que denominan «incapacidad de las autoridades por hacer cumplir las leyes», advierten que surgen a la vida clandestina para castigar a las bandas criminales, con el objetivo de establecer en el país un clima de justicia, seguridad y tranquilidad que permitan recuperar el clima que haga posible el desarrollo del país.
«La ley establece claramente en qué casos debe aplicarse la pena de muerte, y en eso nos basaremos. Rechazamos el retardo burocrático, la incapacidad y la complicidad», subrayan.
En otro párrafo de su barroca proclama, los integrantes de este grupo se confiesan víctimas de secuestros con fines de extorsión económica, «industria» que, según afirman, se encuentra en plena fase de expansión en Guatemala, gracias a la incapacidad, cuando no a la complicidad, de las autoridades.
El Ejército también está en la mira del grupo clandestino, que acusa a los militares de incumplir con su misión constitucional de ser garantes de la seguridad, y de dejarse seducir por el dinero fácil.
«Muchos de sus miembros, en activo o ya retirados, son parte del terror y de la pesadilla que azota nuestros hogares. Por ello también les llegará el brazo de nuestra justicia», afirma la proclama, que concluye con un llamado a los «oficiales que respetan la ley» para que salgan en defensa de su institución.
Hasta el filo del mediodía local no se tenía ninguna reacción gubernamental al surgimiento de este grupo.
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Tres días después de que el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y Rolando Morán, uno de los ex comandantes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), recibieran el Premio Príncipe de Asturias por la firma de una paz que puso fin a 36 años de guerra el pasado 29 de diciembre, un nuevo escuadrón de la muerte anunció su aparición con el propósito de «sentenciar y ejecutar» a los integrantes de las bandas de secuestradores que azotan el país. Confirmando las estadísticas, la delincuencia común sustituye así a la violencia política.