Miles de indígenas de Chiapas huyen de sus comunidades en medio de un clima de pánico

MAITE RICO, México
El pánico se ha apoderado de las comunidades indígenas del municipio de Chenalhó, en el Estado mexicano de Chiapas. La matanza de 45 personas el pasado lunes en la aldea de Acteal, atribuida a paramilitares, algunos de los cuales eran miembros del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la formación satélite de ésta Partido Cardenista, ha impulsado a más de cuatro mil tzotziles a abandonar sus hogares. Cientos de familias caminan bajo la lluvia en busca de un refugio. Algunas han llegado a San Cristóbal de las Casas. Otras han sido trasladadas por el Ejército a Polhó.

Un indio mexicano, con su hija, el sábado, en la carretera a Polho (Reuters).

Otra vez los refugiados de Chiapas. Otra vez las familias indígenas huyendo bajo la lluvia, cargadas de niños y bultos. Las mismas imágenes se repiten desde enero de 1994, cuando miles de personas abandonaron a pie sus comunidades de la Selva Lacandona tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Ahora es en la región de Los Altos, en el municipio de Chenalhó. La matanza de Acteal, cuyas principales víctimas fueron mujeres y niños, llevó al paroxismo la violencia que azota la región desde hace varios meses, y que enfrenta a comunidades simpatizantes y adversarias de la guerrilla. La detención de 40 personas, entre ellas el alcalde priísta de Chenalhó, Jacinto Arias, ha despertado el temor a una venganza de sus partidarios.

Desde hace dos días, miles de indígenas se han echado al monte. La mayoría proceden de comunidades vinculadas al EZLN. Poco a poco se han ido concentrando en la aldea de Polhó, donde se estableció en el pasado mes de abril «un municipio rebelde» enfrentado a las autoridades «constitucionales» de Chenalhó. El propio Ejército ha trasladado allí a las familias que encuentra en los caminos. A Polhó han llegado también, paradójicamente, centenares de personas que simpatizan con el PRI.

Guerra de baja intensidad

El miedo sobrepasa la filiación política de los tzotziles y pone de manifiesto el clima enloquecido que se vive en la región. Los testimonios recabados por la Procuraduría mexicana a raíz de la matanza dan cuenta de una larga tradición de enfrentamientos entre varias familias de caciques indígenas.

Por su parte, la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que encabeza el obispo Samuel Ruiz, y numerosas organizaciones no gubernamentales acusan al Gobierno de orquestar una «guerra de baja intensidad» mediante «grupos paramilitares» para acabar con las bases zapatistas.

Las autoridades y otras asociaciones agrarias de la zona hablan en cambio de «grupos armados» pertenecientes a los dos bandos, y esgrimen las siniestras estadísticas: en la región de Chenalhó, la mayoría de la veintena de muertos registrados entre octubre y diciembre en los choques entre zapatistas y priístas eran simpatizantes del partido gubernamental.

«Hay gente armada que se toma la justicia por su mano. Y mientras el Gobierno de Chiapas está feliz de que los indígenas nos partamos la madre entre nosotros», declaraba recientemente Manuel Anzaldo, líder del Frente de Trabajadores Agrícolas de Los Altos de Chiapas.

Aparte de lo que determinen las investigaciones en curso, de lo que cabe duda es que las autoridades han dejado que el conflicto se pudra. Numerosos sectores sociales y políticos piden la cabeza del secretario de Gobernación (ministro de Interior), Emilio Chuayffet. En una conferencia de prensa ofrecida el viernes, Chuayffet aseguró que el Gobierno ha tomado muchas medidas para frenar la violencia, entre ellas el decomiso de armas en la región. Los efectos, desde luego, no se han notado.

La comisión legislativa que media en las negociaciones de paz entre el Gobierno y el EZLN tenía previsto visitar hoy la zona para recabar información de primera mano. Según los legisladores, la sola firma de los acuerdos de paz no basta para pacificar una región que «está demasiado contaminada». «Hay demasiados actores en este conflicto y todos deben participar en la solución», afirmaba el viernes Carlos Payán, senador del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La Fiscalía dice que el alcalde de Chenalhó instigó la matanza

MAITE RICO, México
La Procuraduría mexicana acusó el sábado a Jacinto Arias, alcalde de Chenalhó por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de instigar la matanza de 45 personas (36 de ellas mujeres y niños) en el poblado chiapaneco de Acteal. Los investigadores han verificado que Arias entregó un vehículo del ayuntamiento a los agresores, y cinco testigos han asegurado que el edil proporcionó el armamento.

Everardo Moreno, subprocurador encargado del caso, dijo el sábado que Arias cayó en contradicciones, ya que aseguró no haber sabido de los hechos hasta un día después de que se produjeran, mientras que en su poder se descubrió una libreta con anotaciones fechadas el 22 de diciembre, es decir, la misma jornada de la matanza. El alcalde rechaza todos los cargos. «Yo agradezco que me mencionen, pero yo no hice nada, yo no sé lo que es una masacre», dijo. «Yo quisiera que quienes hacen señalamientos me los hicieran de frente, porque todo esto es mentira».

En una frase un tanto confusa, Moreno dijo que el alcalde reconoció haber llevado a parte de los agresores a la cabecera municipal para «poder orientarlos en relación a los hechos». Según fuentes de la procuraduría que citaThe New York Times, Jacinto Arias reconoció haber dotado de armas y vehículos a los autores. El alcalde lo negó ante los periodistas.

Funcionarios locales

Son ya 43 los individuos procesados por el crimen. Todos son indígenas y tres de ellos menores de edad. En la mira de los investigadores están también varios funcionarios locales, sin que por el momento se conozcan más detalles.

Las indagaciones de la Procuraduría, que apuntan a viejos conflictos familiares y comunitarios como los desencadenantes de la matanza, han provocado el rechazo del subcomandante Marcos, el intelectual que dirige el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quien acusó el sábado al Gobierno federal de las muertes. Algunas de las víctimas de Acteal pertenecían a un grupo simpatizante de la guerrilla, alzada en armas en enero de 1994.

Según la Procuraduría, las disputas por el poder entre varias familias de caciques indígenas han tomado forma de choques religiosos y políticos. En el ojo del huracán se encuentra el alcalde Jacinto Arias, controvertido personaje y miembro de uno de esos clanes tzotziles de Chenalhó que han conservado su poder apoyados en el PRI.

El sábado, apenas horas después del informe de la fiscalía, el subcomandante Marcos, el intelectual que dirige el EZLN, envió un comunicado en el que critica la dirección que han tomado las investigaciones.

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