Un grupo armado de derechas lleva sus atentados hasta la periferia de Bogotá

MARÍA ISABEL GARCÍA, Bogotá
Hasta la población de Tenjo, en la periferia de Bogotá, llegó la temible amenaza del grupo armado de derechas Colombia sin Guerrilla (Colsinge). A esta agrupación se atribuye el asesinato, la noche del domingo, a ráfagas de metralleta, de Libardo Tibaquirá, vigilante de un conjunto residencial en el que vivieron la madre y una compañera del comandante guerrillero Pablo Catatumbo, miembro destacado del secretariado de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

«Era un trabajador. Tenía ocho disparos por la espalda», relató apesadumbrado un vecino del barrio cuyos habitantes culpabilizan a las autoridades por haberles convertido en objetivo militar de Colsinge, al relacionar la construcción de las casas con presuntas inversiones inmobiliarias de la guerrilla.

El 8 de octubre, tras un allanamiento del barrio, el director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS-Inteligencia), Jorge Enrique Montenegro, dijo en una conferencia de prensa que la cooperativa Multiactiva Vecinos y Amigos, constructora de la residencia, era una de las 200 empresas investigadas por ser supuestas compañías fantasmas en las que la guerrilla blanqueaba el dinero producto de los secuestros.

Este lunes, mientras los parientes del vigilante asesinado asistían al sepelio, algunas de las 32 familias residentes en el barrio atacado se mudaban con sus pertenencias a Bogotá, en previsión de una nueva incursión del grupo armado. Las escenas de pánico por el crimen de Tibaquirá rompieron la calma en Tenjo, que como otras poblaciones de la sabana de Bogotá ya están siendo tocadas por la guerra sucia.

Justamente a la violencia y desestabilización que generan los grupos paramilitares se refirió este fin de semana el coordinador de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la presidencia de la República, Daniel García-Peña: «Los grupos paramilitares no le están ayudando a la fuerza pública para nada», dijo el funcionario, que prevé que aumenten las acusaciones contra la policía y el Ejército a causa de «que en el país hay una idea errada de que los grupos paramilitares son los aliados del Ejército, que le están haciendo el trabajo sucio...».

Pero la acción del grupo Colfinge no fue la única cuota de violencia en este comienzo de semana. La población de Guadalupe, en el norte del departamento de Antioquia, al oeste del país, también vivió momentos de terror con la aparición de una banda armada, aún no identificada, que la noche del domingo disparó a diestro y siniestro. En el casco urbano de Guadalupe fueron asesinados Efraín Orrego de 53 años y su hija de 15 años; un trabajador agrícola y el conductor de un vehículo público. La venganza de la banda alcanzó a acribillar a otro joven campesino, Yair García de 24 años, en la vereda El Cañal.

El enfrentamiento entre las fuerzas armadas y la guerrilla registró otro episodio en inmediaciones de La Uribe, departamento del Meta, centroeste del país. Un oficial, César Baracaldo, y seis soldados de los batallones Pantano de Vargas y Héroes de Arauca murieron en una emboscada de las FARC.

Y en medio del conflicto, el Gobierno del presidente Ernesto Samper, intenta cristalizar algún acuerdo con los insurgentes. Por lo pronto, con la mediación de la Cruz Roja Internacional, busca un acuerdo para la reincorporación a la vida civil de unos 2.000 menores de edad enrolados en las filas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional.

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