El franquismo depuró a 60.000 maestros,
según un estudio

CRUZ BLANCO, Madrid

Morente Valero, en su despacho de Barcelona (C. Ribas).

Los maestros de Asturias pagaron cara la revolución minera de 1934. Fue la provincia más castigada por la depuración durante el franquismo, según Francisco Morente Valero, profesor de Historia en secundaria y asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Morente acaba de publicar el estudio La Depuración del Magisterio Nacional (1936-1943), en Ámbito Ediciones, fruto de diez años de investigación para su tesis doctoral.

De los más de 60.000 expedientes de depuración entre 1936 y 1943, Morente ha censado con precisión unos 20.000 relativos a 14 provincias. Sobre el total, unos 6.000 maestros fueron expulsados de la enseñanza; otros tantos, trasladados forzosamente de localidad; 3.000 fueron sancionados temporalmente de empleo y sueldo, y más de mil recibieron otras sanciones del tipo de inhabilitación para cargos públicos.

Se dieron incluso casos de maestros que, después de ser fusilados al comienzo de la guerra, fueron separados del servicio años más tarde. «Allí donde la vida política fue más intensa y el peso de las organizaciones obreras más fuerte durante la II República y la Guerra Civil, es donde se nota una mayor represión de maestros», señala Morente. Haber pertenecido a un comité local o profesional también mereció su castigo y en algunas zonas, como Cataluña y País Vasco, la cuestión nacionalista cobró relevancia.

«La depuración no sólo sirvió para castigar conductas consideradas inadecuadas e incompatibles con la docencia en la España nacional, sino también, y muy especialmente, para ajustar el perfil ideológico del profesor a la nueva escuela que se pretendía implantar», dice Morente.

Hasta 1970, con la Ley General de Educación del ministro José Luis Villar Palasí «no se produce una innovación en la escuela. Y ésta se debió a la presión social, pero también a la modernización económica de los años sesenta, necesitada de una mano de obra más cualificada que la enseñanza tradicional no garantizaba».

También los reformadores

Al margen de la ficha política, los maestros especialmente sancionados fueron los más comprometidos con las reformas educativas de la República. «Sus métodos pedagógicos, más avanzados y participativos, fueron tachados de extranjerizantes y perniciosos para la conciencia de los niños y las niñas», apunta Morente.

La separación de servicio afectó más a los hombres que a las mujeres: «Y no sólo se debió a que ellos hubieran sido más activos en política, sino porque las comisiones depuradoras tenían hacia las mujeres una condescendencia claramente machista». En algunos de los expedientes, según relata este profesor, se pueden leer cosas como: «Está influida por su marido, 'rojo peligroso'. Hay resoluciones que tratan a las mujeres explícitamente como menores de edad intelectual».

Otros motivos de separación fulminante eran la pertenencia a la masonería y las cuestiones morales: haberse divorciado y contraído nuevo matrimonio civil «era grave, sobre todo, para las maestras. En principio, parecía que los motivos eran simplemente político-ideológicos, pero la moral y la religión no escaparon al fenómeno». No ir a misa, por ejemplo, conducía, de nuevo, a la expulsión fulminante del servicio.

Uno de los expedientes acusa a una maestra soltera de recibir visitas de hombres en su casa. «No la apartaron del cuerpo, pero su imagen deteriorada hizo que la trasladaran a otro pueblo por ser un mal ejemplo para sus discípulos».

C. B., Madrid
Nacido en Churriana de la Vega (Granada) en 1961, Francisco Morente Valero, autor de La depuración del Magisterio Nacional, obtuvo en 1992 el segundo Premio Nacional de Investigación en Innovación Educativa con su primera obra sobre la depuración en Barcelona.

Asturias, Vizcaya, Barcelona, Girona, Madrid y Albacete fueron las provincias más castigadas. La ley depuradora afectaba a todos los maestros, y a los alumnos de las escuelas normales (de formación de profesores). Aquéllos que se atrevieron a insinuar que no se podía aplicar una sanción con carácter retroactivo a conductas ejercidas legalmente en su momento, eran separados directamente del servicio «porque su actitud era poco adecuada y ponía en cuestión la legitimidad de las leyes franquistas».

Allí donde llegaban las tropas franquistas se separaba del servicio a todos los funcionarios y éstos, posteriormente, solicitaban el reingreso. Un proceso largo por el que las comisiones depuradoras rehabilitaban a los afectados provisionalmente para confirmarlos una vez el expediente se había cerrado.

Si la actuación del culpable había sido más destacada durante la Guerra Civil, se le suspendía de empleo y sueldo como medida preventiva, pero, en muchos casos, sin derecho a la percepción de los haberes perdidos.

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