Los grandes 'narcos' colombianos escapan a la extradición pretendida por EE UU

PILAR LOZANO, Bogotá
El Congreso colombiano resucitó, tal y como estaba previsto, la ley de extradición para colombianos, pero ésta no afectará, también como se presumía, a los grandes capos del narcotráfico hoy en prisión, tal y como quería el Gobierno de Estados Unidos. En total, 119 representantes de la Cámara baja votaron para que esta herramienta legal no pueda aplicarse a delitos cometidos antes de la vigencia de la reforma constitucional.

Ernesto Samper conversa con los periodistas tras la votación parlamentaria (Ap).

«Es un pésimo ejemplo para Colombia que una decisión del Congreso de la República se celebre en La Picota» (así se llama la cárcel donde están recluidos los hermanos Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali), afirmó Alfonso Valdivieso, ex fiscal y candidato presidencial. Para Valdivieso, la decisión equivale a un indulto para «delincuentes que tanto daño le han hecho al país».

La votación se dio hacia la medianoche del martes (madrugada de ayer en España), después de casi doce horas de debate. Siete ministros asistieron al salón Elíptico en la Cámara baja, el mismo recinto donde hace poco más de un año se absolvió al presidente Ernesto Samper en el juicio por la aportación de dinero del cartel de Cali a su campaña.

El embajador saliente de Estados Unidos, Myles Frechette, aseguró hace poco que le gustaría ver los mismos 112 votos que exculparon entonces al primer mandatario apoyando ahora una extradición con retroactividad. Ayer, muchos culparon al Gobierno de lo ocurrido en el Congreso. «La mayoría liberal ha sacado adelante todos los proyectos en que se ha empeñado; en este caso faltó decisión del Ejecutivo».

Triunfo «agridulce»

Para el Gobierno, como lo dijo apenas terminó el debate la ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía, fue un triunfo «agridulce». El presidente de la República calificó, en un comunicado oficial, de «histórica» la decisión de resucitar la ley de extradición. Manifestó que respeta la decisión del Legislativo, pero que «hubiera preferido una figura sin condicionamientos». Samper anunció también que solicitará a la Corte Constitucional un examen y un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de lo aprobado en la Cámara. Existe la duda de si hubo o no fallos de procedimiento en el trámite para enmendar la Carta Magna.

Las reacciones no se hicieron esperar. Las más duras provinieron de los candidatos a la presidencia. «Fue un éxito para el Gobierno. Consiguió su propósito. Después de conseguir la financiación de su campaña por el narcotráfico tenía que cumplir en que no hubiera una extradición que les pudiera afectar» a los narcos , dijo Noemí Sanín, conservadora independiente.

En el debate no hubo sorpresas. Algunos usaron discursos con fuerte sabor nacionalista planteando que lo único en juego era la soberanía nacional; otros fueron más directos: «Tenemos que ser claros: la retroactividad se llama hermanos Rodríguez Orejuela», afirmó Ingrid Betancourt. «En este país, ¿quién no convivió con la corrupción y con el narcotráfico? Aquí, la cuestión es de sinceridad», dijo Marta Catalina Daniels, una de las más fieles amigas del presidente. Ella, junto a Carlos Alonso Lucio, planteó la idea de realizar un referéndum para que los colombianos decidan si quieren o no la extradición. El presidente Samper aseguró ya que no apoya esta idea, porque llevaría a un nuevo año de sangre. Lo afirmó en una conferencia de prensa ayer por la mañana, en la que reiteró que se ha dado un paso fundamental en Colombia: «Aquí, la palabra extradición está rodeada de muerte, de terror. Hemos conseguido que sin un solo tiro, sin una sola bomba, se regrese a esta figura. Es un éxito de Colombia, no del Gobierno». En esta conversación con la prensa, el presidente se quejó porque, «cuando se prohibió la extradición en la Constitución de 1991, nadie dijo nada». Sólo en los últimos minutos del debate, una intervención de la ministra de Relaciones Exteriores impidió que, por imprecisiones en la redacción, los extranjeros quedaran cobijados por la no retroactividad y Colombia automáticamente quedara convertida en «paraíso para los delincuentes».

El tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia fue firmado en 1979. Sólo cinco años después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara, por parte de la mafia, el entonces presidente Belisario Betancur aplicó por primera vez esta herramienta y 13 colombianos fueron a parar a cárceles norteamericanas. Luego vinieron varios pleitos judiciales que hundieron y revivieron, por periodos cortos, el tratado. El Gobierno de César Gaviria creó la política de sometimiento a la justicia: entrega voluntaria de los capos a cambio de no extradición. En 1991 la Asamblea Constituyente prohibió la extradición y, minutos después, Pablo Escobar, el temible jefe del cartel de Medellín, se entregó a la justicia.

El disgusto de Washington

P. L., Bogotá
El diario El Tiempo, en su primera página de la edición de ayer, publicó las fotos de los capos que se salvan de ser extraditados a Estados Unidos gracias a la decisión del Congreso de aplicar la extradición sólo para delitos futuros. La lista de los favorecidos la encabezan los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del cartel de Cali, acusado de haber financiado la campaña de Ernesto Samper para presidente. Figuran también cabecillas de los carteles del norte del valle y de la costa que están hoy en prisión.

«Estados Unidos quiere a los hermanos Rodríguez Orejuela, porque son capos a título mundial, criminales a título mundial, que mucho daño han causado a mi país», dijo hace apenas 20 días el ex embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, en una de sus últimas entrevistas. ¿Estados Unidos no descansará hasta que los Rodríguez Orejuela sean extraditados?, le preguntó el periodista del diario El Tiempo . Y Frechette contestó: «Los vamos a buscar como el vaquero de los filmes busca a los forajidos toda la película hasta que los consigue».

La petición oficial de la Administración norteamericana que preside Bill Clinton para extraditar a los hermanos Orejuela y a dos de sus más cercanos colaboradores, Helmer Herrera y Juan Carlos Ramírez, se oficializó en junio del año pasado. Veinte días después el Gobierno respondió que esto era imposible por la prohibición expresa de la Constitución.

Este mismo argumento fue utilizado por el Gobierno colombiano para negar una solicitud similar contra Miguel Rodríguez Orejuela, formulada por las autoridades de Canadá.

Ayer había temor en el sector económico colombiano por la reacción de Estados Unidos. «Si no pasa la retroactividad, los que más van a sufrir son los colombianos», amenazó Frechette poco antes de abandonar su cargo de embajador en Bogotá.

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