El arresto de cuatro oficiales en Colombia vincula paramilitares y Ejército

PILAR LOZANO, Bogotá
Cuatro oficiales -uno del Ejército y tres de la policía- fueron arrestados ayer en Colombia acusados de pertenecer a grupos paramilitares. Se trata de las primeras detenciones por este delito de miembros de las fuerzas de seguridad, cuyos vínculos con los paramilitares han sido reiteradamente denunciados por organizaciones de derechos humanos, la ONU y EE UU. Los oficiales responderán por varios homicidios, entre ellos el del alcalde de San Jacinto, Carlos Arturo Quiroz, asesinado 10 días después de su elección. Su hermano fue acribillado semanas más tarde.

Los capturados son el mayor Eduardo Santos, segundo comandante del Batallón Junín, con sede en Montería, capital de la provincia de Córdoba -cuna de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, uno de los grupos paramilitares más temidos- y dos tenientes y un capitán de la policía, comandantes en tres municipios de la provincia de Bolívar, donde está situado el pueblo de San Jacinto.

Desde hace varios años, organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han denunciado vínculos del Ejército y los grupos paramilitares. El Gobierno de Estados Unidos, en su reciente informe sobre derechos humanos, aseguró que «el Gobierno colombiano no hizo nada significativo para reprimir a estos poderosos grupos paramilitares», y dice que muchos de los asesinatos de estos grupos fueron cometidos «con la complicidad de soldados o unidades militares o con el conocimiento y aprobación tácitas de altos funcionarios militares».

Los jefes máximos

La detención y el llamamiento a declarar de estos cuatro oficiales abona esta afirmación de la relación entre elementos de la fuerza pública y los paramilitares. A estos últimos se les señala como autores del 69% de los asesinatos que ocurren en Colombia. «Se está cumpliendo con el deber del Estado de desactivar a estos grupos. Ojalá se continúe en esta línea y se llegue a los jefes máximos del paramilitarismo», dijo a este periódico Carlos Rodríguez, de la Comisión Andina de Juristas. «Esperamos que a los detenidos se les brinden todas las garantías procesales», agregó este defensor de los derechos humanos.

Junto a los cuatro oficiales fueron detenidos dos jóvenes recluidos hoy en una cárcel de Bogotá. Los oficiales permanecen en dependencias militares también en Bogotá. En los próximos días deberán rendir cuentas ante la justicia. La fiscalía investigará sus vínculos con Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas de Córdoba y Urabá, y el más temido jefe paramilitar del país.

La provincia de Bolívar y su vecina Sucre, en el Caribe colombiano, han sido golpeadas duramente por la demencial violencia paramilitar. Los Montes de María, en el límite de las dos provincias, se convirtieron durante 1996 y 1997 en escenario continuo de masacres, miedo y éxodos.

Poblaciones fantasma

Los muros de las poblaciones de esta zona, convertidas muchas por el éxodo en poblaciones fantasmas, quedaron repletas de pintadas amenazantes: «Guerrillero, llegó tu momento; lárgate con tu fusil».

El viernes en la tarde, horas después de hacerse pública la detención de los oficiales, el comandante de la policía de Bolívar, coronel José Antonio Tatis, salió en defensa de sus hombres. Aseguró que no fueron capturados sino que por órdenes de sus superiores se pusieron en manos de la fiscalía. «Tengo plena confianza en mis hombres», dijo, y aseguró que tiene pruebas para contraponer a las evidencias que dice tener la fiscalía sobre la participación de estos oficiales en la muerte del alcalde de San Jacinto. «Se quiere insistir en que el Estado viola los derechos humanos y no los grupos violentos», afirmó el oficial de la policía.

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