Fujimori ata los últimos cabos legales para tratar de perpetuarse en el poder en Perú

LAURA PUERTAS, Lima
«¡No al fraude electoral!» El lema retumba en las calles de Lima y de capitales al interior del país en boca de un sector de peruanos que se opone a una nueva reelección del presidente Alberto Fujimori en las próximas elecciones generales, en abril del año 2000. La oposición parlamentaria emitió el jueves un comunicado conjunto en el que advierte a la ciudadanía de una serie de maniobras del Gobierno para perpetuarse en el poder, quebrando el ordenamiento legal vigente. La gota que derramó el vaso fue la aprobación de una ley que modifica las reglas del juego electoral.

En efecto, el pasado 15 de diciembre, la mayoría oficialista del Congreso aprobó un proyecto de ley, a pesar de que toda la oposición se retiró del hemiciclo. La nueva norma establece que los jueces y fiscales supremos que se encontraban en la categoría de provisionales pasan a tener los mismos derechos que los titulares. Ello, en buen romance, significa que han adquirido la capacidad de voto para elegir a los representantes del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación, respectivamente, ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Dicho organismo será el encargado -una vez que sus nuevos miembros sean elegidos- de resolver si procede o no la reelección del presidente Fujimori.

Pero ésta no ha sido la única acción del mandatario para atornillarse en el sillón presidencial. Como recuerda el comunicado leído por el congresista Henry Pease, integrante del movimiento dirigido por el ex secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, las maniobras se iniciaron hace unos meses.

Primero, el Congreso aprobó la ley de «interpretación auténtica» que permitía a Fujimori lanzarse en el 2000. Luego vino la destitución de tres de los siete miembros del Tribunal Constitucional que emitieron opinión contraria a dicha norma. Acto seguido, espionaje telefónico, seguimiento y amedrentamiento a políticos y prensa opositora.

Agentes secretos infiltrados

Y finalmente, la infiltración -denunciada por la congresista Anel Townsend- de agentes del servicio de Inteligencia Nacional en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), organismo que tiene el encargo de depurar los padrones que se utilizarán en las elecciones generales del año 2000.

El comunicado de la oposición termina señalando: «Continuaremos nuestra campaña No al fraude, nuestro apoyo al referéndum y estaremos presentes en todo el Perú forjando la conciencia democrática nacional».

Entretanto se han dado a conocer los últimos resultados de sondeos de opinión pública de varias compañías que coinciden en que existe un apoyo mayoritario de la población, un 69%, a que se realice un referéndum que defina si Fujimori puede o no postularse en el 2000.

La misma encuesta indica que el 53% de los peruanos votaría por la no reelección de Fujimori, en caso de que se realice el referéndum. Otra de las encuestas señala que el 74% de los entrevistados no está de acuerdo con la reelección del actual Jefe del Estado. De otro lado, 58% de los peruanos desaprueba la gestión del mandatario en los dos años y medio de su segundo período presidencial. Se le reclama mayor empleo, sueldos y pensiones y la falta de resultados concretos en la privatización de las empresas estatales.

Es en este marco que los promotores del referéndum tienen que conseguir 1,2 millones de firmas -declaradas válidas por el organismo respectivo- para que el Jurado Nacional de Elecciones acceda a someter a referéndum una eventual postulación del presidente Fujimori. Ya tienen 800.000.

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