Cascos exige al PSOE que dé una explicación
y que asuma sus responsabilidades políticas
EL PAÍS,
Madrid
Cascos insistió en esta idea al afirmar que «los únicos que tienen que hacer una declaración de responsabilidad política son los que eludieron esa declaración en su momento aplazándola a la existencia de responsabilidades penales. Tendrán por tanto que meditar si es hora ya de explicación política, justo la que no dieron para trasladarla a la existencia o no de una sentencia judicial».
En cuanto al contenido mismo del veredicto judicial, Cascos admitió que todavía no lo conocía, pero insistió en que «las sentencias judiciales deslindan responsabilidades penales, y la doctrina del PP y la del Gobierno, como fiel cumplidor de esa doctrina, es la de ser respetuoso con la competencia para depurar responsabilidades penales por parte de los tribunales de justicia. Y en ese sentido», añadió, «vamos a mantener ese respeto eludiendo cualquier comentario o valoración sobre la misma».
En contraste con este ataque, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José María Michavila, se limitó a decir que el Ejecutivo respeta la sentencia y estima que lo esencial es que los ciudadanos comprueben que la ley se cumple y que es igual para todos. Luis de Grandes, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, opinó, en cambio, que la sentencia prueba la existencia de una financiación ilegal del PSOE y, por tanto, «se trata de un juicio a un comportamiento colectivo». En rueda de prensa, De Grandes pidió también al líder de los socialistas, Joaquín Almunia, que dé una explicación pública, como la solicitada por Cascos, y atribuyó la intervención del PP en el juicio de Filesa al interés de «coadyuvar con la justicia».
En el mismo frente del PP, Manuel Fraga, presidente de la Xunta, declaraba en Santiago que la sentencia prueba que el PSOE se valió de «todos los instrumentos del poder» para financiarse.
CiU desea que la sentencia «sea la más justa que se haya encontrado»
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Madrid
Julio Anguita, coordinador general de Izquierda Unida, señaló que la sentencia muestra que el PSOE «montó todo un instrumental de sacar dinero conculcando la ley; que eso incidió en las elecciones, sentó un precedente y un mal ejemplo». Anguita añadió que la organización socialista, «con cien años de honradez», debe preguntarse dónde estaban sus dirigentes cuando ocurrían esas irregularidades.
Rafael Ribó, presidente de Iniciativa per Catalunya, resaltó que al PSOE y al PSC «les toca el turno de la transparencia política y de dar una explicación nítida» sobre la financiación ilegal de esos partidos. No quiso hacer comentarios sobre cuáles deben ser las consecuencias políticas de la sentencia.
Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Congreso, declaró que con la sentencia «toda la argumentación que hemos escuchado al PSOE se cae por los suelos», y destacó la «importancia desde el punto de vista del precedente». Respecto al futuro de los condenados, Anasagasti fue breve y tajante: «Que cumplan, y ya está».
El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, protagonizó ayer uno de los ataques más duros contra los socialistas al hilo de la sentencia del juicio Filesa. Cascos aprovechó para exigir a los dirigentes del PSOE «la explicación política que no dieron en su momento» cuando arguyeron, dijo, que las responsabilidades políticas debían esperar al esclarecimiento de las responsabilidades penales. «Ahora deben hablar sobre responsabilidades políticas», dijo.
El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, había manifestado que el Ejecutivo no iba a pronunciarse sobre la sentencia de Filesa. No fue así. Según el vicepresidente Álvarez Cascos, «los que han ido construyendo la doctrina en virtud de la cual no había responsabilidades políticas si previamente no se habían deslindado las responsabilidades penales, son los que en este momento deben dar una explicación política, la que no dieron entonces».
de prensa (G. Lejarcegi).
A diferencia de otros líderes políticos, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, prefirió esperar y no pronunciarse de inmediato sobre la sentencia del caso Filesa. No obstante, Josep López de Lerma (CiU), vicepresidente tercero del Congreso de los Diputados, manifestó que desea que la sentencia sea «la más justa que haya encontrado el Tribunal Supremo para este caso», y se limitó a apuntar que el senador Josep María Sala «tendrá que actuar en consecuencia», en relación al mantenimiento de su escaño. El portavoz de Convergència i Unió en el Congreso, Joaquim Molins, advirtió que no emitiría una opinión colectiva hasta analizar con detenimiento la sentencia.