Almunia se queja de que la justicia no trata igual la financiación del PSOE que la del PP

ANABEL DÍEZ, Madrid
El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se quejó ayer de que «la ley no es igual para todos». No lo ha sido, aseguró, al juzgar la financiación de su partido y la del PP. Ésa es la conclusión de la Ejecutiva socialista sobre la sentencia del caso Filesa . El PSOE no se siente condenado, pues nunca estuvo incriminado como tal, cree que las responsabilidades políticas se saldaron con la dimisión del ex responsable de Finanzas Guillermo Galeote y acusa al PP de «fariseísmo». Almunia negó a Cascos legitimidad para pedir dimisiones pues, por esa regla, «él debió dimitir por el caso Naseiro».


Almunia, durante la lectura del comunicado de
la Ejecutiva del PSOE (M. Escalera).
Algo más de cuatro horas tardó la dirección del PSOE en comparecer públicamente para dar su opinión sobre la sentencia del caso Filesa. Tras una reunión de la permanente de la ejecutiva, Almunia se presentó ante los periodistas con signos de cierta tensión. «A partir de hoy queda claro que la ley no es igual para todos. Para el PSOE existe más dureza que para otros partidos y todos tenemos en mente cómo se ha aplicado la ley en los casos de financiación del Partido Popular»», afirmó.

«Si alguien ha resultado privilegiado en lo que atañe a la financiación de partidos es el PP», dijo. Y recordó el archivo del caso Naseiro al no dar por válidas las pruebas, que consistían en grabaciones; el caso de la construcción de Burgos; la prescripción del caso Soller en Baleares; y, actualmente, el que afecta al dirigente del PP catalán Enrique Lacalle.

La noticia cogió a la mayoría de los miembros de la ejecutiva homenajeando al presidente del partido, Ramón Rubial, que ayer cumplió 91 años. Se reunieron y entre todos redactaron un comunicado de cinco puntos: la sentencia se acata, pero no se comparten muchos de los pronunciamientos, y se consideran «desproporcionadas» las penas.

En tono amargo, Almunia leyó que a su partido se le ha hecho pagar «un precio enorme sin que se haya tenido en cuenta que el PSOE jamás ha estado incriminado como tal en este proceso (...). Sin embargo, ha padecido una acusación permanente caracterizada por la hipocresía de quienes (...) han instrumentalizado la justicia al servicio de sus intereses partidistas».

El reproche al PP fue constante. Almunia recordó que esta fuerza política se personó en la causa como acción popular. «Siempre me ha merecido un absoluto rechazo», dijo. El secretario general del PSOE calificó de «hipócritas» a los populares, al recordar que cuando se personaron en la causa tenían abierto el caso Naseiro, de presunta financiación ilegal del PP.

Una y otra vez Almunia repitió que el PSOE tiene ya sus responsabilidades políticas pagadas en la figura de Guillermo Galeote. Comoquiera que el vicepresidente Álvarez Cascos ayer mismo reclamó dimisiones al PSOE, Almunia le respondió: «El señor Álvarez Cascos no está legitimado para pedir dimisiones y, según su regla, él mismo debería haber dimitido por el caso Naseiro .

Después de quejarse de la dureza de las penas y de reprochar la actuación del PP, Almunia pidió perdón: «La ejecutiva federal del PSOE quiere pedir excusas a todos los ciudadanos y, en especial, a los militantes y votantes socialistas que con esta sentencia puedan ver lesionada su confianza en un partido que siempre ha querido y sigue queriendo hacer de la honradez en la gestión de los intereses públicos una de sus señas de identidad».

Los socialistas piden «excusas a los ciudadanos»

La Ejecutiva Federal del PSOE difundió ayer el siguiente comunicado, en el que acata, pero critica por «desproporcionadas», las penas impuestas por la Sala Segunda del Tribunal Supremo a varios dirigentes socialistas en el caso Filesa:

Primero. El Partido Socialista Obrero Español quiere, ante todo, declarar su acatamiento a la sentencia que hoy ha dictado el Tribunal Supremo. La acatamos pero no compartimos muchos de sus pronunciamientos y consideramos desproporcionadas las penas que establece.

Segundo. El Partido Socialista quiere poner de relieve que con esta sentencia se pone fin a uno de los procesos más singulares de la historia de nuestra democracia, sin perjuicio del derecho de los hoy condenados a recurrir ante el Tribunal Constitucional. La anormal instrucción y desarrollo del proceso ha permitido mantener viva durante demasiados años una línea de crítica al PSOE que se ha utilizado como arma para hacer daño a la imagen y al honor del partido con independencia de la realidad de los hechos, de las responsabilidades políticas ya satisfechas y del tiempo transcurrido. Se nos ha hecho pagar un precio enorme sin que se haya tenido en cuenta que el PSOE jamás ha estado incriminado como tal en el proceso que con esta sentencia ha concluido, que, por tanto, ni ha sido ni podía ser condenado y que, sin embargo, ha padecido una acusación permanente caracterizada por la hipocresía de quienes la han promovido, que una vez más han instrumentalizado la justicia al servicio de sus intereses partidistas.

Tercero. El Partido Socialista Obrero Español asumió en su día la responsabilidad política por los hechos objeto de esta sentencia mediante la dimisión de todos sus cargos orgánicos y de representación popular de quien fue responsable de finanzas del partido en la época en que los hechos ocurrieron, pese a que, como se ha visto en el proceso, ni siquiera ha llegado a ser juzgado por los mismos.

Cuarto. Hace ya muchos años que la dirección federal del Partido Socialista se comprometió a erradicar toda fórmula de financiación de los partidos políticos que no estuviese amparada por la ley. Así figura en las resoluciones de nuestros congresos y así figura en nuestros programas electorales. De acuerdo con ello, en distintas ocasiones y por distintos dirigentes socialistas se ha puesto de manifiesto la falta de transparencia de que han adolecido los mecanismos de financiación de los partidos políticos. En los primeros años de la transición, ello pudo tener explicación; hoy ya no la tiene. Desde que fueron conocidos los hechos objeto de la sentencia, el PSOE reforzó todas sus disposiciones internas para garantizar, en lo que le atañe, esa transparencia, e impulsó en el Parlamento una legislación acorde con esta exigencia. Gracias a ello, hoy podemos afirmar con rotundidad ante los ciudadanos que el Partido Socialista se financia exclusivamente a través de las cuotas de sus militantes, las aportaciones de sus simpatizantes y las subvenciones públicas que legalmente le corresponden. Así es ahora y nos comprometemos a que así siga siendo en el futuro.

Quinto. Con independencia de las discrepancias que mantenemos con los pronunciamientos de la sentencia, la Ejecutiva Federal del PSOE quiere pedir excusas a todos los ciudadanos, y en especial a los militantes y votantes socialistas que con esta sentencia pueden ver lesionada su confianza en un partido que siempre ha querido y sigue queriendo hacer de la honradez en la gestión de los intereses públicos una de sus señas de identidad. El hecho de que la financiación de los partidos políticos no haya sido siempre transparente no nos disculpa. Y, consecuentemente, reafirmamos de nuevo ante los ciudadanos el compromiso personal y político de todos los miembros de la dirección del Partido Socialista para evitar en el futuro hechos que pongan en peligro esa confianza.

Sala presenta su dimisión como senador y diputado

LUIS MAURI, Barcelona
Justo siete horas depués de conocer la sentencia que lo condena a tres años de prisión y seis de inhabilitación pública, Josep Maria Sala anunció a las 21.07 de ayer su dimisión inmediata como senador y diputado autonómico.

Sala tachó su condena de «injusta y carente de toda base jurídica», y declaró que recurrirá al Constitucional. Y puso su cargo ejecutivo (secretario de acción política y electoral del PSC) en manos de la dirección del partido. Ésta decidirá en breve si le exige el cese o le confirma en el puesto.

La condena de Sala cayó como un mazazo sobre las filas socialistas, que en el peor de los casos esperaban una pena de seis meses. En los últimos días, los socialistas se habían hecho a la idea de que Josep Maria Sala sería condenado a una pena simbólica que no le obligaría a entrar en prisión, pero en ningún caso contaban con el castigo de inhabilitación.

Tanto era así, que Sala ya tenía redactada una declaración pública en previsión de ser absuelto o condenado a unos pocos meses. Pero a media tarde de ayer hubo de prescindir de aquella nota y redactar otra completamente nueva.

Con la nueva declaración en la mano, Sala compareció ante los medios de comunicación. No aceptó preguntas. Se declaró inocente y calificó su condena de «ficción legal» cuya única motivación es «la necesidad» del Supremo de condenarlo para justificar así su presencia como inculpado en un proceso que ha durado seis años.

Dudas sobre la justicia

El primer secretario del PSC, Narcís Serra, calificó de «injustas» las condenas de Sala y del ex diputado Carlos Navarro, también militante del PSC. Serra subrayó «el tratamiento bien distinto» que han recibido de los tribunales otros partidos encausados por financiación irregular. Sin citarlos expresamente, se refería Serra a los casos Naseiro, Sòller y Calvià (que afectan al PP), y al caso Casinos (que atañe a Convergència), de ninguno de los cuales se ha derivado condena alguna. «Los ciudadanos tienen hoy razones más que sobradas para cuestionarse si la justicia es igual para todos o no», manifestó.

El PSC decidirá en los próximos días si Sala debe abandonar o no la ejecutiva del partido. Fuentes del PSC señalaron anoche que probablemente al partido «no le quedará más remedio» que prescindir de Sala en la dirección.

Serra, sorprendido por la magnitud de la condena, considera que todo lo que había previsto y discutido hasta ayer con los principales dirigentes de su partido sobre este asunto no vale. Serra quiere que la ejecutiva se tome algunas horas para digerir la sorpresa y debatir de nuevo qué hacer con Sala.

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