Los cinco congresistas estadounidenses que se reunieron ayer con el canciller, Ricardo Alberto Arias, para conversar sobre la concesión a la Hutchison de los puertos de Balboa y Cristóbal, quedaron, a juicio del director de la Unidad de Análisis Financiero, Gabriel Castro, “muy satisfechos con las explicaciones dadas'' al respecto.
Hace una semana en Washington, los congresistas Herbert Bateman y Gene Taylor criticaron los fuertes vínculos que supuestamente mantiene la Hutchison de Hong Kong, con el Gobierno de la China comunista, al igual que las presuntas irregularidades en la concesión del contrato.
Luego de esto, una misión de congresistas estadounidenses llegó a Panamá el pasado sábado, aunque fuentes diplomáticas de la legación norteamericana aquí explicaron que “ellos no vienen a dictar, ni a negociar nada, ni tampoco representan al gobierno'' de Bill Clinton.
La reunión de ayer se llevó a cabo en la sede de la Cancillería panameña, con la participación de Arias; el vicecanciller, Alejandro Ferrer; y el director Gabriel Castro.
Los congresistas que están en Panamá, y que también llevan a cabo una gira por Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Chile y Argentina para explorar las posibilidades financieras en esos países, son el demócrata Salomón Ortiz; y los republicanos Floyd Spence, Herbert Bateman, John McHugh y George McKeon.
Tras la sesión, Castro comentó que a los representantes norteamericanos “les preocupa que una compañía de China Popular tuviese el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, pero les explicamos que no habría ningún problema, porque Panamá habilitará otras instalaciones portuarias que también serán sometidas a licitación, por lo que no va a haber ningún monopolio''.
Hace unos 15 días, el embajador de Estados Unidos, William Hughes, envió una misiva al ministro de Comercio, Raúl Arango, en la que aseguró que los empresarios norteamericanos se quejan de la “manipulación'' en los procesos de licitación en que participan en Panamá.
El canciller Arias le respondió en otra misiva, que “resulta preocupante que todo conflicto entre empresas norteamericanas e instituciones del gobierno se convierta en un incidente diplomático, y luego adquiera la categoría de problema de Estado''.
Posteriormente, Arias y Hughes aseguraron que el cruce de notas no significaba que los vínculos bilaterales se hubieran enturbiado, porque ambos países mantienen “excelentes'' relaciones diplomáticas.
El contrato con la Hutchison, que ganó la licitación a la empresa norteamericana Bechtel en 1996, tiene un término de 20 años durante los cuales la compañía pagará 22 millones de dólares anuales a Panamá.
Castro afirmó que la reunión “fue sumamente cordial'' y añadió que cuando hay una licitación, hay uno que gana y los que pierden se quejan.
Al comentar sobre la concesión de la Hutchison, el congresista Ortiz dijo a la salida de la reunión que “ahora tenemos un entendimiento sobre lo que que no estaba muy claro''.
La Asamblea Legislativa aprobó anoche, en segundo debate, el proyecto de ley que elimina la exigencia y uso del “certificado de no defraudación fiscal'', expedido por el ministerio de Hacienda y Tesoro, y requerido por las oficinas públicas para la expedición de licencias, autorizaciones, permisos, actuaciones y demás actos en que las leyes o reglamentos así lo exigen.
El proyecto de ley No. 60 fue presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa el 19 de diciembre de 1996 por el ministro de Hacienda, Miguel Heras Castro, en virtud de autorización de Consejo de Gabinete de 29 de octubre de 1996.
El informe de la Comisión de Hacienda Pública y Política Económica revela que el Código Fiscal en ninguna de sus partes establece el certificado de no defraudación fiscal, documento que surge como un mecanismo de control y fiscalización, pero que no opera en la práctica.
Sostienen los legisladores que en la actualidad la expedición del certificado representa un paso burocrático más y un obstáculo para aquellos trámites que requieren de un proceso expedito, lo que atenta contra la modernización y eficiencia del sector público.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa ratificó el nombramiento de Fernando Alfaro, Ricardo Endara y Manuel Domingo de Obaldía, representantes de los empleadores ante la Comisión Nacional del Instituto Nacional de Formación Profesional (INAFORP).
También fue ratificado el nombramiento de Rolando Guillén como director general del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).
Durante la sesión de anoche se empezó a discutir, en segundo debate, un proyecto de ley que establece una cuota de dos dólares con cincuenta centavos por cada res destinada al sacrificio (macho o hembra) en todo el territorio nacional. La cuota porcina se establece en cincuenta centavos.
El legislador Alfredo Arias, del Partido Arnulfista, dijo que el canciller Ricardo Alberto Arias debe presentar una protesta ante el Gobierno de los Estados Unidos por sus exigencias relacionadas con la aprobación de una ley anticorrupción en Panamá.
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, no asistirá al Congreso Universal del Canal de Panamá, que se realizará aquí en septiembre próximo, pero sí vendrán los presidentes Lee Teng Hui, de Taiwán; Alberto Fujimori, de Perú; y Ernesto Zedillo, de México; mientras que Jacques Chirac, de Francia, aún no ha confirmado su asistencia, informó anoche la Cancillería.
El portavoz de la Cancillería, Eric Rodríguez, indicó que hasta el momento también han confirmado su asistencia el canciller de Taiwán, John Chang; el de México, Miguel Gurría; Uruguay, Alvaro Ramos; Paraguay, Rubén Melgarejo; y Perú, Francisco Tudela. (Sin embargo, Tudela permanece como rehén del MRTA desde el pasado 17 de diciembre).
Igualmente asistirán el presidente del Canal de Suéz, Ahmed Fadel; el secretario general de la OEA, César Gaviria; y el de la Organización Marítima Internacional (OMI), William O'Neil.
El portavoz de la Cancillería señaló que “queda claro que muchos aún están por confirmar''.
Pero dijo que “han presentado excusas porque no podrán asistir'' Clinton; el Rey Juan Carlos, de España; el mandatario de Corea del Sur, Kim Young Sam; y el primer ministro de Canadá, Jean Chretien.
También se excusaron el presidente del BID, Enrique Iglesias; el secretario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Renato Ruggiero; y el de la Organización de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Rodríguez afirmó que se está trabajando para “garantizar el éxito total de este magno evento, a pesar de cualquier tipo de presión internacional que pueda presentarse''.
Panamá es uno de los 29 gobiernos que reconocen al Gobierno de Taiwán, que para China es una provincia renegada. Panamá invitó al presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, a la conferencia, lo que disgustó a Pekin, que presionó entonces para que Annan no asistiera.
El portavoz de la Cancillería explicó que el Congreso Universal del Canal “fue concebido como un foro específicamente dirigido a las empresas navieras y usuarios en general'' de la vía interoceánica.
El presidente Ernesto Pérez Balladares ha manifestado que el evento reviste particular importancia, porque promoverá de manera significativa el comercio mundial y el transporte internacional, además de que servirá para que la comunidad marítima internacional ratifique la capacidad de los panameños para administrar la vía intereoceánica.
Hace tres semanas, el canciller, Ricardo Alberto Arias, advirtió que Panamá no romperá relaciones diplomáticas con Taiwán, a pesar de las presiones que en ese sentido está ejerciendo la China continental.
La administración de Pérez Balladares invitó el presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, al Congreso Universal del Canal, lo que disgustó a las autoridades de Pekin, que están presionando para que Panamá cancele la invitación al mandatario taiwanés.
Sin embargo, Arias aseguró que Pekin “es un usuario muy importante del Canal [pero] la posición del Gobierno panameño y del mandatario, Ernesto Pérez Balladares, es mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, y no creo que ningún factor vaya a alterar esa decisión''.
La China continental también amenazó con cerrar el consulado de Panamá en Hong Kong después de la incorporación de la colonia británica a su jurisdicción, el primero de julio, a menos que este país rompa relaciones con Taiwán.
El presidente de la Asamblea Legislativa, César Pardo, del PRD, aseguró que la sugerencia de Estados Unidos para que se apruebe una ley anticorrupción en Panamá es una “intromisión en los asuntos internos del país''.
Una fuente que no quiso ser identificada, afirmó este domingo, que Estados Unidos sugerirá la aprobación de esta ley para evitar, en el futuro, la falta de transparencia en convenios y licitaciones en las que participen empresas y organismos estadounidenses.
Según Pardo, Estados Unidos debe respetar al gobierno panameño, sobre todo porque ya la Asamblea Legislativa aprobó, recientemente, una ley con los marcos de referencia para que las licitaciones públicas se hagan con transparencia.
“Definitivamente Estados Unidos hace la recomendación a Panamá por el sentimiento que tiene y eso sería tanto como que nosotros, a partir de la solicitud estadounidense, aprobaramos una ley para favorecer a las empresas norteamericanas en detrimento de empresas de otra nacionalidad'', manifestó el presidente de la Asamblea Legislativa.
Esta recomendación, que hace el gobierno de Estados Unidos a Panamá, la efectúa porque “se siente resentido'' por el hecho de que la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal fue concedida, a través de una licitación pública, a la empresa de Hong Kong, Hutchison Port Holding y no a empresas norteamericanas.
Aunque Pardo reconoció que el Gobierno norteamericano plantea las reglas del juego a nivel mundial, consideró prudente que Estados Unidos sea más respetuoso, ya que los panameños tratan de efectuar las contrataciones públicas de la mejor manera.
“Estados Unidos ha demostrado históricamente que siempre defiende hasta la últimas consecuencias las actividades en las que participan sus connacionales, y como se siente afectado y piensa que esa concesión de los puertos no fue transparente, aduce la creación de una ley anticorrupción'', subrayó Pardo.
En cuanto a la posibilidad que la no aprobación de la sugerencia norteamericana sobre anticorrupción cause la descertificación a Panamá, el presidente de la Asamblea respondió que se trata de la misma amenaza que ya utilizaron en Colombia, país al cual se le negó la certificación.
El Gobierno ordenó ayer el cierre de las Oficinas Públicas Nacionales y Municipales para el próximo jueves a partir de las doce del mediodía, con motivo de la celebración de la Semana Santa, mientras que el Ministerio de Educación anunció que ese día no habrá clases.
De acuerdo con el decreto de Gabinete No 60 del 24 de marzo de 1997, que lleva la firma del presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, se exceptúan de lo dispuesto en el artículo primero las oficinas que por razón de la naturaleza del servicio que prestan deben permanecer abiertas.
Entre estas oficinas figuran el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), el Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el Ferrocarril de Panamá, la Policía Nacional y las instituciones de Salud y de Servicios Postales.
La medida, de acuerdo con el Ejecutivo, se tomó con el propósito de “facilitar las condiciones para que el pueblo panameño y, en particular los servidores públicos, compartan adecuadamente las actividades solemnes de esta conmemoración religiosa''.
En el artículo tercero del decreto en mención se destaca que los bancos laborarán de conformidad con el horario que establezca la Comisión Bancaria Nacional.
Por su parte, el Ministerio de Educación, considerando que la Semana Mayor es un tiempo destinado a reafirmar la fe cristiana, declaró el Jueves Santo “día cívico'' para los docentes y estudiantes de las escuelas primarias y secundarias del país.
El resuelto No 256, que lleva la firma del ministro Pablo Thalassinos y del viceministro Héctor Peñalba, advierte que aunque el decreto del Ejecutivo indica que la mañana del Jueves Santo constituye un día laborable, la fecha es propicia para que la niñez y la juventud dediquen tiempo a la “reflexión y exaltación de los valores religiosos''.
Virginia Isabel, Ricardo Luis, Isabel Virginia y Ricardo Andrés Méndez Gutiérrez, se encuentran en buen estado de salud, sus pulmones y demás órganos vitales funcionan normalmente y pronto empezarán a engordar; ellos son los cuatrillizos que nacieron el domingo pasado en la Caja de Seguro Social (CSS).
Los recién nacidos son el resultado de un proceso de inseminación homóloga, a través del cual se introdujeron los espermatozoides del padre, Ricardo Méndez, en las trompas de falopio de la madre, Benigna Gutiérrez. También son el producto de un acto de amor, ayudado por la ciencia.
Benigna y Ricardo están “felices'', mientras que la doctora Ruth De León, aseguró que “ver a los niños sanos es lo más importante para mí''.
En el centro de Investigación en Reproducción Humana del Hospital Santo Tomás (HST) comenzó todo 30 semanas atrás, cuando la doctora De León, Coordinadora de Investigaciones, tomó el caso con la colaboración de las enfermeras Zoraida Campos e Iris de Graell. El director del centro es Karl Austin.
Desde hace dos años se determinó que Benigna era una paciente de infertilidad, ya que padece de una hiperprolactinemia, lo que significa que la hormona prolactina estaba elevada, lo cual le impedía ovular.
Además había de por medio un factor masculino, ya que los espermatozoides del padre estaban lentos y los médicos decidieron hacerle un lavado a los espermas, o capacitación espermática.
Posteriormente, se puso en práctica la inseminación homóloga, es decir, que se introdujeron los espermatozoides ya lavados en el útero de la madre, para permitir que ocurriera la fecundación a nivel de las trompas de falopio.
Previamente se le hizo a la madre una inducción de la ovulación; con una serie de medicamentos se prepararon los óvulos para que maduraran y estuvieran listos para recibir los espermatozoides.
Todo este proceso posibilitó el embarazo; el nacimiento fue por cesárea el pasado domingo en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social. La operación, en la que participaron ocho galenos, empezó a las 12:03 del mediodía y terminó a las 12:15. Fue cuestión de minutos.
Virginia Isabel pesó 2.7 libras; Ricardo Luis, 2.5; Isabel Virginia, 2.3, y Ricardo Andrés, 2.4. El padre aseguró que “me siento contento y espero que Dios nos dé salud a toda la familia, para sacar adelante este hogar''.
Aún no está del todo claro si es el primer caso de cuatrillizos que se da en el país, pero sí es el primero a través de la inseminación homóloga en el HST, mientras que existen datos de otros cuatrillizos nacidos en la Clínica San Fernando producto también de la inseminación homóloga.
La doctora De León explicó que el embarazo se tuvo que interrumpir porque la madre sufría de preclancia o hipertensión. También dijo que “siento que hemos aportado una gran alegría a una familia panameña que no veía posibilidades para concebir''.
Para la doctora De León, “las posibilidades de esos niños son muy buenas, porque en primer lugar no hubo que entubarlos, [ponerle un tubo por la boca para darle respiración]. Están respirando muy bien y están en la incubadora''.
Cuatro de los siete capítulos del anteproyecto de ley que crea la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ya fueron aprobados en primer debate en la Asamblea Legislativa, informó ayer el legislador perredista Abel Rodríguez.
El anteproyecto está siendo discutido por la Comisión de Asuntos del Canal, que preside Rodríguez, quien dijo que se espera sea aprobado en su totalidad la semana próxima.
“De proseguir el ritmo y la intensidad en la discusión del anteproyecto, el documento debe estar aprobado en la primera semana de abril, por lo que inmediatamente sería incluido en la agenda del pleno legislativo para su discusión en segundo debate'', sostuvo el perredista.
Los capítulos aprobados tratan sobre la organización administrativa de la ACP, patrimonio, finanzas y fiscalización, al igual que sobre las normas generales.
Consta el anteproyecto de 132 artículos, de los cuales ya han sido aprobados 80. El artículo 28 crea la figura del fiscalizador general, quien será “el responsable por la realización y supervisión de áuditos e investigaciones relacionadas con la Autoridad del Canal de Panamá''.
También dispone que para la fiscalización y el control de los actos de manejo de sus fondos, la ACP tendrá un sistema de auditoría interna asignada a la oficina administrativa correspondiente.
Para el canciller, Ricardo Alberto Arias, la creación de la Autoridad del Canal de Panamá, que regirá los destinos de la vía interoceánica cuando revierta a manos panameñas, “es de suma importancia para nuestro país''.
La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptó medidas en conjunto con el Ministerio Público, el Instituto de Defensoría de Oficio y el Organo Judicial para agilizar los casos penales existentes en los diferentes tribunales y que son fuente de origen de controversias.
El acuerdo No.3-97, de 13 de marzo de 1997, establece que las notificaciones y las resoluciones del Ministerio Público deben cumplirse dentro de los términos que establece el Código Judicial.
Con relación a los traslados de los procesos, recursos, incidentes o escritos, se computarán hasta tres días para el registro del expediente por Secretaría antes de empezar a contar el término del traslado.
Agrega el documento que en los casos excepcionales, de procesos complejos y voluminosos, se permitirá a las partes un margen o abusos. Los agentes del Ministerio Público (sean fiscales de Drogas o delegados) deben emitir concepto en todos los traslados que les haga el Organo Judicial.
La Sala Penal de la Corte Suprema solicita al Ministerio Público que una vez entren en la etapa de las ampliaciones del sumario, deben esforzarse por perfeccionar la investigación antes de remitirla a los tribunales.
El ministro de Gobierno y Justicia, Raúl Montenegro, informó que será destituido un número “significativo'' de custodios de la cárcel La Joya que no se presentaron a laborar en ese centro penitenciario la semana pasada y que no justificaron su ausencia.
El jueves 21 de marzo varios custodios del penal no acudieron a trabajar, sin mediar excusa, por lo que se tuvo que utilizar a agentes de la Policía Nacional para cubrir su ausencia y brindar la seguridad adecuada en esta prisión.
En declaraciones brindadas a la emisora KW Continente, el ministro Montenegro confirmó el hecho y dijo que desconoce si la ausencia masiva “fue por una razón de conciencia o por complicidad'' con respecto a la evasión de un narcotraficante ocurrida un día antes.
Añadió el ministro que la ausencia de los custodios creó una situción de preocupación e inseguridad dentro del penal, por lo que se tuvo que apoyar la vigilancia con miembros de la Fuerza Pública.
“Estamos esperando las excusas o explicaciones de los [custodios] que no asistieron a trabajar ese día para tomar las medidas que correspondan'', advirtió.
Montenegro fue enfático en señalar que se despedirá sin contemplación a quienes incumplieron con sus obligaciones en La Joya.
El magistrado del Tribunal Electoral, Denis Allen Frías, advirtió que las encuestas electorales que realice cualquier partido político deben suspenderse diez días antes de la fecha de elecciones, mientras que las encuestas al pie de las urnas sólo se podrán divulgar tres horas después de cerrada la mesa.
Allen indicó que esta decisión la adoptó el Tribunal Electoral sobre la base de la experiencia electoral de 1994 y a través del consenso de los partidos políticos constituidos en la comisión de reformas.
Explicó el magistrado que estas medidas tienen el propósito de preservar el ambiente de paz y equilibrio durante las elecciones, ya que “esos son momentos muy difíciles donde la mayor tranquilidad posible es necesaria para dar correctamente los resultados''.
Sobre los controles para las campañas, Allen dijo que “aquella campaña que sea soez, que sea vulgar o atente contra la dignidad y el honor de una persona, inmediatamente sea detectada, los responsables, incluyendo el medio, serán llamados y penalizados como lo indica la Ley''.
“Nosotros vivimos en un país democrático, no se le pueden imponer condiciones y precondiciones a los partidos en sus campañas electorales, lo que sí señala el Código Electoral es que hay una serie de figuras conceptuadas como delitos electorales que, de usted cometerlos, será llevado a la justicia electoral'', indicó el magistrado Allen.
En relación con las críticas formuladas por el presidente del partido en formación Cambio Democrático, Ricardo Martinelli, contra el reglamento de inscripción de adherentes, Allen manifestó que “las normas emitidas son iguales para todos los partidos y el principio de equidad es vital''.
Explicó que las quejas manifestadas por Martinelli también las han hecho otros partidos en formación, “y las instrucciones que se le han dado a los funcionarios es que las acciones del Tribunal Electoral tienen que ser en igualdad de condiciones sin privilegios o canonjías''.
Añadió que lo importante es que los partidos en formación inscriban los adherentes de manera legal y que quien incurra en alguna acción incorrecta “debe ser ventilado ante la Fiscalía Electoral y esas personas tendrán que pasar por el tamiz de la justicia electoral''.
Señaló que el tema para el Tribunal Electoral es que si los partidos tienen simpatías que lo demuestren en los libros inscribiendo en forma legal y transparente.
Unos 40 mil estudiantes iniciaron clases ayer en la Universidad de Panamá (UP) en cumplimiento de su año académico 1997-1998, y se espera que dicho número aumente luego de que el Consejo Académico extendiera las matrículas hasta el 26 de marzo.
El secretario general de la UP, Miguel Montiel, dijo que hasta el momento 10 mil estudiantes que asisten por primera vez a la universidad se han matriculado, mientras que 30 mil estudiantes son de reingreso.
Montiel explicó que la matrícula se extendió hasta el miércoles 26 de marzo porque existen estudiantes que aún no han pagado, en vista de que esperan el pago de sus quincenas de salario.
Anunció que los estudiantes podrán pagar sus matrículas hasta el 31 de marzo sin recargo, por lo que es probable que se llegue a los 50 mil estudiantes una vez concluya el mes.
Para el secretario general de la UP, las autoridades universitarias son conscientes de las necesidades que atraviesa cada hogar panameño, por lo que han permitido que los estudiantes efectúen los arreglos de pagos correspondientes.
La alcaldesa de Penonomé, América Torres, será llevada ante el tribunal de honor de su partido, el Molirena, y se le aplicará la revocatoria de mandato, por haber renunciado al mismo y enlistarse en las filas del pro-gobernante Liberal Nacional del actual ministro de Comercio e Industria, Raúl Arango.
Así lo informó ayer el legislador Rodrigo Arosemena, máximo dirigente de la facción “Nuevo Amanecer'' del Molirena, quien destacó que Torres era considerada una militante importante de su partido.
Explicó que desconocía los motivos por los cuales Torres dejó el Molirena y se inscribió en el partido en formación de Arango, por lo que el caso será analizado por el tribunal de honor y disciplina.
“No descartamos que se le pueda aplicar una revocatoria de mandato a Torres en este caso'', destacó.
También aseguró que la dirigencia del partido Liberal de Arango está tratando de sumar militantes de la facción Nuevo Amanecer ofreciéndoles “cielo, mar y tierra'', pero hasta el momento sólo la alcaldesa de Penonomé le ha aceptado su propuesta.
El ex director de la Policía Nacional Gonzalo Menéndez Franco afirmó que el futuro director de esa institución policial debe ser un civil con conocimiento de gerencia, ya que así lo estipula el proyecto presentado por él durante el período en que ocupó ese cargo.
Señala que el proyecto presentado en ese entonces establecía que el director debía ser un civil, desarrollar actividades propias de un gerente, como es la de planificar, dirigir, controlar y evaluar''.
Menéndez Franco se mostró en desacuerdo en que el director de la Policía sea un militar ya que, según él, se repetiría la historia, creándose un ejército como ocurrió en Vietman, donde hubo asesinatos y desapariciones y donde los militares se amparaban en el concepto de la obediencia debida.