Lunes
5 mayo
1997
BONIFACIO DE LA CUADRA
La reciente orden judicial de ingreso en la cárcel de ginecólogos condenados por practicar abortos ilegales es una de las señas de identidad del primer año de Gobierno del PP en lo que se refiere a la Administración de Justicia. El funcionamiento de los órganos judiciales se ha conmocionado con la revuelta de los fiscales de la Audiencia Nacional . Las reformas procesales capaces de agilizar y modernizar la justicia siguen pendientes. Y el funcionamiento del jurado ha suscitado la polémica y atizado los intentos de cambiar la ley tras la absolución de Miquel Otegui, próximo a los círculos abertzales y acusado de matar a dos ertzainas.
Los gobiernos socialistas indultaron a condenados por aborto para compensar su inoperancia legislativa en esta materia . El PP no ha concedido tales perdones.
La llegada de los juristas conservadores al Gobierno -la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, fue dirigente de la Asociación Profesional de la Magistratura- y a la fiscalía -Juan Ortiz Úrculo presidió la Asociación de Fiscales- ha sido incapaz, por el momento, de acometer la gran reforma judicial contenida en el programa del PP y en el ideario de ambos colectivos jurídicos conservadores. La falta de votos en el Parlamento impidió al PP modificar el sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para acabar con la elección parlamentaria que el PSOE introdujo en 1985 y regresar a la elección por los propios jueces.
Con Ortiz Úrculo, José María Aznar cumplió la promesa de designar para la cúpula del Ministerio Fiscal a un jurista de esa profesión. Pero el nuevo fiscal general ha coincidido con el PP sin dejar de alardear de independencia. El primer problema grave con el que se encontró fue la rebelión de un grupo de fiscales de la Audiencia Nacional contra su fiscal jefe, José Aranda, a raíz de la presentación de la querella contra el ex presidente de Banesto Mario Conde.
En contraste con la propuesta del fiscal jefe de la inspección, Juan José Martínez Zato, tras una pormenorizada inspección, de abrir expedientes a varios de los fiscales rebeldes, Úrculo expulsó a Aranda y meses más tarde rebajó drásticamente las sanciones a los fiscales con el argumento de que los indomables ya no lo eran tanto, puesto que Aranda ya no estaba .
La jefatura de la importante fiscalía está desde hace meses en manos de uno de los expedientados, Eduardo Fungairiño, firme candidato a suceder a Aranda hasta que surgieron otros contrincantes. La propuesta de traslado forzoso de María Dolores Márquez de Prado ha quedado a criterio del Gobierno, mientras la ministra de Justicia hace honor a su nombre y deshoja la margarita, lo que pone nervioso a Úrculo y le sitúa al borde de la dimisión .
Tampoco la situación general de la Administración de Justicia ha provocado actuaciones correctoras por parte de Mariscal de Gante. El proyecto de ley más importante enviado a las Cortes, el que reforma la jurisdicción contencioso-administrativa, no sirve, a juicio del presidente del CGPJ, Javier Delgado Barrio, para dar solución a su principal problema: el atasco creciente y el consiguiente retraso. En cambio, el Gobierno sí ha sido sensible a la propuesta del CGPJ de remediar el embotellamiento producido en las audiencias provinciales como consecuencia de que el nuevo Código Penal les atribuye el enjuiciamiento de los delitos con penas desde tres años de cárcel en adelante (antes sólo juzgaban los delitos con penas de más de seis años de prisión).
La insuficiente dotación presupuestaria para la Justicia, el paso a Interior de la competencia sobre las prisiones , los pocos medios proporcionados para facilitar una mejor aplicación de leyes heredadas y combatidas en su día por el PP -como la del Jurado o el Código Penal- y la escasa iniciativa legislativa completan un panorama desolador. Una de las primeras reformas anunciadas, la de la ley de Enjuiciamiento Civil, se halla aún en fase de borrador, y ni siquiera ha alcanzado ese nivel la reforma del procedimiento penal.
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