Lunes
5 mayo
1997
![]() tras sellar su pacto político (C. Rivas). |
Un año después de los pactos PP-nacionalistas, el balance es desigual. El Gobierno ha cumplido la mayor parte de su acuerdo con Convergència i Unió (CiU) y con Coalición Canaria (CC). Pero no puede decirse lo mismo respecto al PNV. También es verdad que los compromisos alcanzados con Xabier Arzalluz eran los más complejos por su singularidad y por el efecto polémico y de recelo que acarrean en otras comunidades.
Aznar se ha movido con objetivos pragmáticos y ha primado a la coalición de la que depende básicamente su estabilidad: CiU. Así, el Gobierno ha cumplido sus principales acuerdos con los nacionalistas catalanes. Ha aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica, con la cesión del 30% del IRPF y la capacidad normativa a las autonomías; ha puesto en marcha la reforma de la Administración periférica del Estado, empezando con la supresión de la figura de los gobernadores civiles; y ha creado la figura del «agregado» en la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos como un primer paso en la participación de las comunidades autónomas en las instituciones continentales. En el terreno de los traspasos, ha aprobado el proyecto de Ley de Puertos y ha cedido la competencia de Tráfico a la Generalitat. Todas ellas son antiguas reivindicaciones nacionalistas, que encontraron serias trabas en los Gobiernos socialistas.
Ahora está en negociación el nuevo modelo de financiación de la Sanidad, y entre las competencias más importantes pendientes de traspasar figuran las leyes de Costas y de Suelo. Los pactos entre el Gobierno y CiU se están cumpliendo dentro de los plazos previstos y, en términos cuantitativos, el porcentaje parece lo suficientemente amplio como para que CiU se encuentre satisfecha.
Sin embargo, la mayoría de esas reivindicaciones logradas por CiU son conquistadas automáticamente por las demás autonomías. La única excepción del ramillete de los pactos que CiU suscribió con el Gobierno hace un año es la competencia de Tráfico.
El principal problema político de CiU es la ausencia, pues, de un «hecho político diferencial», un reconocimiento claro que distinga la autonomía catalana de las restantes. La decisión del Gobierno de extender la denominación de «nacionalidad» a una comunidad de vía lenta como Aragón, recogida en la reforma de su Estatuto, ha agravado este problema.
No es el único que CiU tiene planteado con el Gobierno, pero sí el más importante. A ello hay que añadir sus discrepancias hacia el estilo de gobernar de José María Aznar, que se han traducido con claridad en sus diferencias sobre la televisión digital. No obstante, Aznar cuenta con el apoyo de CiU para los Presupuestos de 1998. Sabe que Jordi Pujol no puede abandonarle, por pura responsabilidad política, cuando está en juego la entrada de España en la moneda única. La sensación de CiU por sentirse prisionera de los pactos al menos un año más llevó al secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Pere Esteve, a denunciarlo en una reciente rueda de prensa.
Las relaciones del Gobierno con el PNV no van mejor. El cupo para el quinquenio 1997-2001 y la reforma de la Ley del Concierto Económico, que profundiza en la autonomía impositiva vasca, es la pieza angular sobre la que báscula el pacto entre el Gobierno y el PNV, pero el compromiso no termina de materializarse. El pacto político entre José María Aznar y Xabier Arzalluz, acordado en abril de 1996, no ha sido suficiente en marzo de este año para desbloquear una negociación que el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, ata con firmeza. El PNV otorga una enorme importancia a la reforma de la Ley del Concierto porque es la principal garantía de la singularidad del Estatuto vasco, una singularidad de la que carece el propio Estatuto catalán. Tanta importancia, que le compensa una legislatura de apoyo al Gobierno del PP.
Pero el PNV también comprueba cómo los aspectos restantes del pacto -devolución del patrimonio histórico incautado en la guerra civil, el traspaso de la Formación Continua y el desarrollo del Estatuto- siguen pendientes. En el primer aniversario de los acuerdos, en el PNV empiezan a mostrarse signos de inquietud sobre la virtualidad de su cumplimiento.
Tampoco el Gobierno está satisfecho con el PNV. Las graves discrepancias que mantienen en una cuestión clave como la estrategia contra el terrorismo acarrean en la práctica diaria unas relaciones más propias de rivales que de aliados políticos, especialmente en el País Vasco. Conscientes de esta situación, Aznar y Arzalluz dejaron fuera de los pactos, hace un año, la estrategia antiterrorista, con la esperanza de que la práctica política los fuera acercando. No ha ocurrido así.
Por su lado, Coalición Canaria (CC) ha conseguido importantes dividendos, como la reforma de su Estatuto o el impulso al Plan Integral de Empleo y el Plan Integral de Infraestructuras.
La relación de los nacionalistas con el Gobierno parece asegurada otro año hasta la entrada en la moneda única. Pero es una relación limitada. Pese a su mayor proximidad ideológica, el centro-derecha no ha conseguido una implicación de los nacionalistas en la gobernación del Estado más allá de lo que consiguió el PSOE. La experiencia de este año ha mostrado que CiU y PNV preservan, por encima de todo, su condición nacionalista sobre cualquier otro tipo de consideración.
• CiU. Ha conseguido la mayoría de las contrapartidas que pactó por su apoyo a Aznar:
- El nuevo modelo de financiación autonómica.
- La reforma de la Administración periférica, con la supresión de los gobernadores civiles.
- La competencia de Tráfico.
- La cesión de los puertos.
- La creación de la figura del «agregado» autonómico en Europa.
- La reducción del peaje de autopistas.
• PNV. Aún no ha conseguido ninguno de sus acuerdos específicos.
- Reforma de la Ley del Concierto y nuevo cupo quinquenal. Hay un pacto político, pero desacuerdos de última hora con el Gobierno impiden su cierre.
- Devolución del patrimonio incautado en la guerra. Aplazado hasta los Presupuestos de 1998.
- Desarrollo del Estatuto de Gernika. Ni se ha acordado el calendario.
- Formación ocupacional. Pendiente de cierre.
• Coalición Canaria. Esta agrupación de partidos insulares ha conseguido que el Gobierno de José María Aznar al que apoya cumpla una buena parte de sus acuerdos.
- La reforma del Estatuto de Canarias, con el reconocimiento como «nacionalidad» incluido.
- Plan integral de empleo.
- Plan Director de Infraestructuras.
- Estatuto permanente dentro del grupo de regiones ultraperiféricas de Europa.
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