Lunes
5 mayo
1997

CONCHA MARTÍN /JORGE RIVERA
España aprobará el examen del euro en la primavera de 1998 si la economía no se tuerce y los plazos se cumplen, y formará parte de la moneda única en enero de 1999. Cumplir los criterios pactados en Maastricht y acceder a la moneda única en el grupo de vanguardia ha sido el principal afán del PP en su primer año de Gobierno y será, probablemente, su principal logro.

En esa dirección se han encaminado, con mayor o menor éxito, las medidas presupuestarias y de liberalización de la economía llevadas a cabo hasta ahora, y las previstas. El clima ha sido propicio: una economía en crecimiento lento pero constante y una reducción de tipos de interés propiciada por el control de la inflación.

Nada más llegar al Gobierno, hace ahora un año, el PP adoptó dos decisiones. La primera (el 10 de mayo de 1996), recortar el presupuesto de gasto público en 200.000 millones de pesetas. La segunda (7 de junio) un amplio paquete de medidas, sobre todo fiscales, que se valoraron como la primera señal de la política que se avecinaba.

Al cierre del primer ejercicio con un Gobierno del PP, la coyuntura económica empezó a mostrar una cara más favorable, aunque ensombrecida aún por la debilidad del consumo privado. La economía creció un 2,2% (2,8% el año anterior) y se crearon 190.000 empleos (198.900 en 1995). Estos resultados se compensaron con una importante reducción de los precios al consumo (3,2% frente al 4,3% en 1995) y el descenso de los tipos de interés (desde el 9,25% en diciembre de 1995 hasta el 6,25% un año después). El déficit público pasó del 6,6% del PIB en 1995 al 4,4% en 1996.

En el primer trimestre de este año, la economía ha empezado a mostrar síntomas de mayor actividad, pese a lo cual la inflación ha seguido mejorando (2,2% en marzo), los tipos de interés a corto plazo han bajado al 5,50% después de tres reducciones de cuarto punto en lo que va de año y el déficit lleva camino de acabar en el 3% requerido por Maastricht, aunque presenta algunos baches por el lado de los ingresos. Según los cálculos oficiales, el crecimiento se situó en un 3%, en el primer trimestre.

En medio de este clima bonancible, la Bolsa ha logrado máximos históricos, aunque impulsada por la de Nueva York. Los tipos de interés a largo plazo se han situado por debajo del 7% y el diferencial con el bono alemán -mide la confianza de los inversores en la deuda española- oscila desde hace meses en un punto porcentual frente a los cuatro que estaba no hace más de un año.

Los primeros Presupuestos del PP (1997), tras una ardua negociación con los socios nacionalistas catalanes, vascos y canarios, certificaron la intención del Gobierno de cumplir a toda costa con Maastricht. La total apuesta por las privatizaciones, la financiación de las infraestructuras con capital privado, una nueva forma creativa de contabilizar deudas asumidas de empresas y entes públicos y la congelación de los sueldos de los funcionarios fueron los principales instrumentos para ese fin.

Las medidas de liberalización económica quedaron para un poco después. En marzo de este año, el Gobierno aprobó un plan con 77 medidas que afectaron sobre todo a los sectores del suelo y de telecomunicaciones. En suelo, la principal decisión consistió en rebajar del 15% al 10% la concesión obligatoria a los ayuntamientos por parte de los promotores. Una decisión que quedó en entredicho tras una sentencia del Tribunal Constitucional que le otorga a las comunidades autónomas la potestad para legislar en materia de suelo quitándosela al Estado y suprime la obligación de conceder suelo a los ayuntamientos. No obstante, parece probable que las comunidades legislen por igual y todas lo mantengan en el 10%.

La política aplicada por el PP en el sector de las telecomunicaciones ha dejado al descubierto la tradicional duabilidad de la derecha española entre el liberalismo económico y el intervencionismo político. Ha vendido la totalidad del capital público en Telefónica y ha sacado a todos los representantes del Estado de la compañía. A cambio, mantendrá un 30% en Retevisión, que será pronto competidor de Telefónica.

Como anunciaba en fechas previas a las elecciones, el PP ha dado la vuelta a una buena parte de la legislación sobre el sector. El aluvión de cambios ha dejado al descubierto la ausencia de un proyecto global y ha creado inquietud entre los inversores. La iniciativa más firme ha sido la elaboración de una Ley de Liberalización de las Telecomunicaciones, que contempla, entre otras, la creación de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), un órgano independiente para garantizar la libre competencia. Sin embargo, el Gobierno ha tomado decisiones con las que la labor de la CMT ha quedado muy descafeinada. La Ley General de Telecomunicaciones, en anteproyecto, debería aclarar el panorama.

En este contexto, el Gobierno aprobó el Programa de Convergencia 1997-2002 basado en la esperanza de un crecimiento económico medio del 3,2% y con el compromiso de creación de un millón de empleos. El programa se apoya en una previsión de ingresos por privatizaciones de 1,6 billones de pesetas y en la contención del gasto corriente. Nada más aprobarse este plan, el Gobierno del PP recibió la noticia más esperada: Hace unos días, la Comisión Europea daba altas probabilidades de aprobado a España en el examen del euro.

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