Lunes
5 mayo
1997
 este texto: "El primer ministro español J. Mª Aznar (izq), y un muñeco a su semejanza que aparece en uno de los programas de TV más populares en España, una sátira política que, según se afirma, ha enfurecido a los miembros del Gobierno de Aznar". (A.P) |
No es ningún secreto que algunos Gobiernos europeos procuran favorecer, por debajo de la mesa, a unos u otros medios de comunicación. Así lo hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido, cuando impulsó la expansión de Rupert Murdoch, o Balladur en Francia, quien observó con buenos ojos un cambio accionarial en Canal +; más discretamente aún, Kohl ha apoyado a Kirch en Alemania. La gran diferencia con José María Aznar es que este último ha armado un estruendo monumental, azuzado por agitadores mediáticos que le han convencido de que se juega el bigote si no mete mano a fondo en los medios de comunicación.
A lo largo del año transcurrido, el Gobierno ha proclamado la liberalización como el principio clave de su activismo. Pero algunas de sus decisiones evidencian la intención de dificultar el libre desarrollo del mercado audiovisual. Así, el Gobierno prohibió la televisión por cable a la Compañía Telefónica mientras ésta se aliaba con Canal +; pero lanzó a la Telefónica contra Canal + tan pronto como la empresa propietaria de esta última, Sogecable, anunció un proyecto propio vía satélite. Sogecable está participada por el Grupo PRISA, que además es dueño del diario EL PAÍS. No es de extrañar que si la línea editorial de un diario molesta tanto al Gobierno como para atacar al periódico con tanta frecuencia, algunos dirigentes del PP sean literalmente incapaces de aguantar las sátiras de los guiñoles de Canal +.
Al principio, todo parecía más pacífico. El Gobierno de Aznar llevaba sólo unas semanas instalado en el poder cuando lanzó una propuesta de alianza transcontinental de televisiones españolas con la mexicana Televisa, «para defender nuestra cultura y nuestro idioma» y «no dejarse comer el terreno por televisiones no hispanas», como propagó el portavoz gubernamental, Miguel Ángel Rodríguez, durante el verano y el otoño de 1996. RTVE fue señalada nada menos que como líder de la operación. El propio jefe del Gobierno, José María Aznar, comprometió en público su apoyo.
Formulada de ese modo, la propuesta resultaba casi increíble. ¿Era serio colocar al frente de un proyecto tan ambicioso a un ente público fuertemente endeudado?
La credibilidad del invento sufrió un primer golpe en cuanto el Gobierno negó a RTVE el dinero pedido para 1997. ¿De dónde iban a salir, entonces, los fondos para invertir en derechos del fútbol y de cine, descodificadores y repetidores de satélite? Aprovechando que Aznar había colocado a un amigo personal, Juan Villalonga, al frente de Telefónica, esta compañía se vio agraciada con el liderazgo de la llamada Plataforma Digital Española. Y la compañía de telecomunicaciones se metió así en el terreno de los medios.
Canal + no entró al trapo de una oferta preparada en unas pocas semanas; Antena 3 dudó muy pronto de la viabilidad económica y técnica de la plataforma gubernamental en la que se había metido. Lo cual dio origen al llamado Pacto de Nochebuena : los poseedores de derechos sobre la Liga de fútbol acordaron gestionarlos conjuntamente. Así se configuró la alianza entre Antena 3, Canal + y TV3.
Fue entonces cuando se montó una campaña de opinión que politizó al máximo el hecho de que la plataforma gubernamental se hubiera quedado sin fútbol de Liga, de lo cual deducían la consolidación de «un monopolio» al servicio del PSOE. Aznar cambió de caballo: Rodríguez quedó en segundo plano y el propio vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, pasó a ocuparse del problema.
De ahí vino el urgentísimo decreto-ley de 1 febrero de 1997, por el que, so pretexto de incorporar al derecho español una directiva comunitaria, se implantaba una autorización administrativa para operar en la televisión por satélite. La ley posterior sobre el mismo tema ha puesto trabas adicionales a la tecnología empleada por Canal Satélite Digital, la empresa en la que se asociaron PRISA, Antena 3 y Canal + Francia, entre otros. Mientras tanto, el Gobierno ha forzado una legislación para declarar «de interés general» el fútbol por televisión, a fin de reducir a cenizas el Pacto de Nochebuena .
El Gobierno ha asegurado que su actuación va dirigida a garantizar el pluralismo. En realidad, al escapársele Antena 3 y TV3 de su órbita de influencia, lo que ha hecho ha sido poner en marcha una batería de medidas para impedir a dichos operadores su alianza con la empresa propietaria de Canal +. Los medios que más se habían distinguido en la exigencia de tales medidas -COPE y Época , además de El Mundo - aparecen ahora incorporados a la empresa constituida en torno a Telefónica, Televisa y cuatro televisiones públicas dominadas por el PP.
La proclamada búsqueda del pluralismo se completa con acciones judiciales para procesar a los máximos responsables de la alianza competidora; operación instrumentada por la ultraderecha periodística, tal vez sin intervención directa del Gobierno, pero secundada por la fiscalía -que depende del Ejecutivo- hasta fecha muy reciente. Las medidas destinadas a debilitar al Grupo PRISA han tenido un eco internacional bastante negativo para el Gobierno, a juzgar por lo publicado en grandes diarios y revistas y por la denuncia que numerosos intelectuales -encabezados por Gabriel García Márquez, Norman Mailer o Umberto Eco- han hecho de la presión sobre PRISA como un ataque a la libertad.
Por otra parte, el activismo gubernamental ya ha dado origen a una empresa que agrupa a RTVE, tres televisiones autonómicas dominadas por el PP y la mexicana Televisa. También participan una cadena de radio (la COPE), varios periódicos ( El Mundo , Expansión y Marca , entre otros) y un semanario ( Época ). ¿Todo un germen de grupo multimedia?
Mientras tanto, el PP, que atacó durante años el control socialista sobre RTVE como si fuera una distorsión de la democracia, ha tardado sólo nueve meses en sustituir a una profesional nombrada por Aznar (Mónica Ridruejo) por un político popular de pura cepa (Fernando López-Amor). Si el PP acusaba a los anteriores directores de RTVE de los peores servilismos con el Gobierno que les nombraba, ahora recibe aún más críticas y por lo mismo. Baja la audiencia (cuatro puntos menos que hace un año) y crece la deuda (la prevista para fin de 1997 supera los 400.000 millones), sin que el plan de futuro elaborado por Mónica Ridruejo haya tenido otro destino que la papelera.
Desde que los dirigentes del PP tomaron posesión, impartieron directrices para que EL PAÍS no obtuviera informaciones procedentes del Gobierno. El secretario de Estado Miguel Ángel Rodríguez llegó a amonestar al asesor de comunicación de un ministerio porque este diario había anticipado un proyecto de ley de su departamento. Los corresponsales extranjeros que se hallaban presentes se quedaron perplejos.
Esa actitud del Gobierno también ha sido evidente en público. El vicepresidente Francisco Álvarez Cascos ha lanzado contra EL PAÍS palabras como «mentira» y «manipulación», y ha vinculado las actuaciones de diputados socialistas con la supuesta defensa de intereses del grupo PRISA. En una entrevista publicada por El Mundo, Álvarez Cascos dijo el pasado 9 de febrero: «A lo que nadie tiene derecho es a informar sin respetar la verdad. Y EL PAÍS no respeta la verdad. En este tema (la televisión digital) no informa verazmente».
El pasado marzo, el vicepresidente promovió varios comunicados ministeriales para desmentir una información de este periódico que anticipaba el proyecto de Ley de Secretos.
Álvarez Cascos impulsó igualmente un trabajo sobre el supuesto incumplimiento del Libro de estilo de El PAÍS en informaciones relacionadas con el PP. El presidente de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del partido) presentó el estudio, que incluso aplicaba a los editoriales y artículos de opinión preceptos del libro de estilo que se refieren a las noticias.
La semana pasada, José María Aznar tachó de «desinformación» una noticia sobre la postura española en torno al derecho de asilo en la UE; Álvarez Cascos insistió en la «manipulación» y el ministro Rafael Arias-Salgado sentenció que «para estar bien informados no hay que leer EL PAÍS».
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