Todas las unidades militares del país recibieron ayer un radiomensaje del Comandante en Jefe del Ejército reiterando sus órdenes en caso de producirse acciones judiciales en los cuarteles. El juez penal Alberto Reyes espera la decisión de la fiscal, pero una apelación no detendrá necesariamente la investigación sobre desaparecidos.
El Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Raúl Mermot, partió ayer hacia China integrando la delegación del Presidente Sanguinetti, pero antes de hacerlo envió un mensaje a todas las unidades militares reiterando su orden de comunicar de inmediato cualquier acción judicial en los cuarteles.
El radiograma de Mermot recordó a todos los oficiales la orden librada el sábado 22 de marzo, 48 horas después de que el senador Rafael Michelini presentara en un juzgado penal su denuncia sobre la presunta existencia de tumbas clandestinas en los cuarteles y la posible remoción de los restos en el período democrático.
Las directivas establecen que los oficiales deberán detener el acceso del juez a las unidades o eventuales citaciones a declarar ante el juzgado, comunicándolas de inmediato al alto mando y esperando la decisión que habrá de tomar el Poder Ejecutivo.
El radiograma enviado ayer reiteró "la vigencia en todos sus términos" de las instrucciones. Sanguinetti y Mermot tienen previsto retornar a Uruguay el 28 de abril.
Mientras tanto, trascendió que en esferas gubernamentales se espera la apelación de la fiscal Ana Merello contra la resolución del juez que abrió la investigación sobre los desaparecidos, aunque la representante del Ministerio Público se encuentra estudiando el fallo judicial para decidir la actitud a adoptar.
Pero un eventual congelamiento en el tiempo de la decisión de Reyes por la interposición de la apelación, fue puesta en duda ayer por fuentes judiciales.
Las fuentes señalaron que si se produce la apelación de la fiscal Merello no significará necesariamente postergar el comienzo de las investigaciones. "Los jueces tienen determinadas potestades en esta etapa del presumario", dijeron los informantes aunque sin precisar los mecanismos jurídicos a utilizar.
Especialistas consultados por EL PAIS indicaron que el principio general es que toda resolución de un juez es pasible de ser controlada por un tribunal superior, como parte del sistema de garantías. Sin embargo, reconocieron que en la ley procesal sólo está previsto que la fiscalía pueda apelar la resolución por la que un juez ordena archivar una investigación, una hipótesis inversa al caso actual.
Reconocieron que "la regulación de nuestra ley sobre la etapa del presumario es escasa" y que los magistrados tienen al comienzo de la investigación "fuertes potestades que poco a poco van perdiendo al avanzar el juicio y tener más participación la fiscalía y la defensa".