El Nacional
Informe del relator especial de la ONU
Cuerpos de seguridad en Venezuela practican la tortura y extorsión
GINEBRA (EFE) - Las fuerzas de seguridad en Venezuela torturan y extorsionan, la asistencia jurídica y judicial gratuita no existe, los abogados no pueden entrevistarse a solas con sus clientes y en las cárceles reina la anarquía y la corrupción.
Estas son algunas de las denuncias que aparecen en el informe que presentará estos días a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre "Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", el británico Nigel Rodley.
Según Rodley, todos los agentes de la seguridad venezolana recurren a los malos tratos y a la tortura para obtener información o arrancar confesiones, sobre todo el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, la dirección sectorial de Servicios Secretos y de Prevención, Policía Metropolitana y Policía del Estado.
La Guardia Nacional y el Ejército fueron asimismo acusados de actos de tortura en las zonas fronterizas donde se registran conflictos.
Los métodos más utilizados son los puñetazos y golpes con objetos contundentes, aunque son numerosos también los casos en los que el detenido, al que suele interrogarse con los ojos vendados, es suspendido de las manos o encapuchado con una bolsa de plástico en la que se introducen anteriormente sustancias cáusticas a fin de provocar la asfixia.
Aunque la Constitución venezolana lo prohíbe expresamente, el relator calificó de frecuente el hecho de que la policía mantenga en secreto la detención del presunto delincuente por plazos de hasta ocho días y que niegue el derecho de visita a los familiares e incluso al abogado.
Según argumentaron al relator especial las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) venezolanas, uno de los factores que favorece la práctica de la tortura en las dependencias policiales son los informes poco comprometidos de los médicos forenses.
En opinión de las fuentes, eso se explica en el hecho de que los médicos forenses no dependen del juez, sino de la Policía Judicial, acusada a su vez de practicar la tortura y paradójicamente también responsable de investigar esos casos.
Otra de las incongruencias detectadas por el relator especial en su visita a Venezuela tiene que ver con el supuesto derecho a la defensa y la ausencia de asistencia letrada gratuita, lo que impide a las personas carentes de medios económicos presentar recursos o entablar batallas contra los tribunales.
Según el relator especial, las condiciones de encarcelamiento son igualmente incompatibles con las disposiciones que prohíben las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, evidencia que ha sido incluso reconocida por los responsables de las cárceles.
"En ciertas prisiones, como la de Sabaneta, reina la anarquía, y en otras, como es el caso de La Planta, el hacinamiento llega a proporciones escandalosas. En la prisión de Cochecito, y es sólo un ejemplo, la exigidad de los locales restringe la libertad de movimientos", destaca Rodley en su informe a la Comisión.
Según el relator especial, "el sistema carcelario venezolano sufre de todas las carencias posibles".
"Faltan locales, los vigilantes son pocos, mal pagados y sin la formación adecuada, la alimentación es insuficiente e inadecuada, los servicios médicos brillan por su ausencia y tampoco existen talleres ocupacionales".
Rodley agrega que "como ninguna institución está en condiciones de cumplir sus funciones conforme a la ley y a la práctica establecida, todas están obligadas a salir adelante como puedan. El resultado es un reino de anarquía, arbitrariedad y de corrupción".