La Nación, Argentina, 12 de marzo de 1997

En Caracas se usan más armas de fuego que en Cali

Cuatro de cada 10 caraqueños tiene o desea tener un arma de fuego en su casa porque no cree en sus policías, según la investigación realizada en la capital venezolana por el sociólogo Roberto Briceño León, con el apoyo financiero del Conicit

Olgalinda Pimentel

El camino de la violencia caraqueña hacia la ``colombianización'' aparece, por primera vez, como un hecho demostrado.

Lo sustentan, estadísticamente, los tres primeros resultados de un complejo estudio sobre ``Criminalidad Urbana en América Latina'' -y Centroamérica-, realizado entre octubre de 1995 y septiembre de 1996.

Según la investigación, en Caracas existe mayor número de armas de fuego y disposición a usarlas que en Cali, y la realidad de los deudos que han perdido algún familiar en hechos violentos se asemeja peligrosamente a la de Medellín.

Se trata de una consecuencia de la desconfianza que los caraqueños sienten no sólo hacia el Poder Judicial, sino también hacia sus policías.

Estos primeros datos internacionales, dados a conocer oficialmente en Brasil la semana pasada, fueron obtenidos del estudio comparativo de la violencia en siete ciudades, bajo la coordinación de un equipo multidisciplinario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Fueron evaluadas Cali y Medellín (Colombia), esta última sólo en algunos aspectos ``por razones de presupuesto''; Río de Janeiro (Brasil), Santiago de Chile (Chile), San José de Costa Rica (Costa Rica), Caracas (Venezuela), y la centroamericana San Salvador (El Salvador). En cada país se obtuvo financiamiento de institutos particulares.

En Caracas, la investigación fue desarrollada por el Laboratorio de Ciencias Sociales (Lacso), a cargo del sociólogo Roberto Briceño León, con el apoyo financiero del Conicit, a través de la Agencia de Violencia Urbana, que respalda proyectos sobre los orígenes de la violencia para desarrollar políticas públicas.

Los resultados revelados por Briceño León son, como dice, ``aterradores''.

PERFIL VIOLENTO

La primera pregunta se refirió a la victimización, es decir, si han sido objeto de algún hecho violento: uso o amenaza de uso de violencia física para lesionar el patrimonio o la vida de las personas. Los caraqueños fueron contundentes.

Caracas alcanzó el segundo lugar en la lista de las ciudades con mayor número de ciudadanos asaltados a mano armada (18,6%) o que confesaron haber tenido algún pariente cercano asesinado (8,6%). Estuvo precedida solamente, con poco margen, por San Salvador (20,1%) y Medellín (9,4%), en cada uno de los casos. En esta última categoría, la capital venezolana mostró mínimas diferencias con la violenta ciudad de Cali.

Quiere decir que uno de cada cinco de los caraqueños entrevistados resultó ser víctima de un atraco. ``Estamos en un nivel alto, tres veces mayor que, por ejemplo, Santiago de Chile, donde hay violencia'', precisó Briceño León.

Pero en el caso de los asesinados, la situación es aún más preocupante, refirió. Una de cada 12 personas ha perdido un familiar en un hecho violento.

En cuanto a heridos por arma blanca o de fuego, Cali figura en primer lugar y no Medellín porque ``no sabemos si hay pocos heridos, ya que hay muchos muertos'', pero el comportamiento en Caracas no se aprecia muy distinto.

A Briceño León le sorprende que, conforme a estos datos, no exista gran diferencia entre Caracas y Medellín o Río de Janeiro, en la actualidad, y lo atribuye a dos ``grandes factores'' que afectan nuestra sociedad.

``Hay un proceso de empobrecimiento general -no de pobreza- de la sociedad. La gente se siente cada vez más limitada y eso genera una violencia familiar que es, a su vez, vecinal y que finalmente se transforma en criminal, acentuado por la descomposición familiar''.

Este proceso, asegura, no cuenta con los mecanismos tradicionales de control social: la normativa de los padres (padre o madre como autoridad); el vecino como una figura que respeta y hace respetar; la religión como forma de control social; el maestro como figura fundamental; todos estos valores que regían a la sociedad tradicional y que no han sido asimilados por la nueva generación de la sociedad moderna.

A esta ausencia de valores se suma, a su juicio, el otro factor que es el descrédito del sistema de castigo y punición, y genera, finalmente, impunidad. ``No hay temor por la pena, por su fuerza disuasiva, porque no sólo hay descrédito hacia el Poder Judicial, sino también hacia las policías''.

MALAS POLICIAS

En la ``Evaluación subjetiva sobre la eficacia policial'', referida a cómo los caraqueños consultados califican la actuación de las instituciones de justicia criminal que sirven a su comunidad (Policía Metropolitana, policías municipales -de la localidad correspondiente-, PTJ, Disip y la GN), la percepción es, efectivamente, negativa.

Después de la ciudad de Río (28,7%), Caracas registró la peor percepción de sus cuerpos policiales. Su puntuación (27,6%) fue superior a la de Cali (25,1%). La PM, en la escala tipo Likert (de uno al cinco), fue apreciada como ``mala y muy mala'' (54,3%), en tanto que las policías municipales obtuvieron 16%

Esto indica algo peligroso que, según Briceño León, exige una pronta solución. ``La sociedad entera debe hacer un esfuerzo en mejorar no sólo la imagen sino también la efectividad de las policías, y eso es una función del Estado y también de toda la sociedad. Debemos hacer que las policías sean figuras honestas y respetadas por todos y para eso, ellas tendrán que darnos buenos argumentos''.

Al no creerse en la policía, agregó, desaparece prácticamente el Estado y el Estado de Derecho. Eso conduciría inevitablemente al armamento personal, a la privatización de la seguridad con sus altos costos, y a la pérdida del derecho ciudadano a la propia ciudad.

``La violencia nos está quitando la ciudad, y también el derecho a vivir en ella, a la libertad, y al espacio de intercambio, lo cual ha sido una conquista de la civilización de los últimos tres o cuatro siglos''.

La desconfianza en las policías está empujando al ciudadano a armarse sin remedio.

CAPITAL ARMADA

En el estudio, Caracas ocupa el primerísimo lugar en la posesión y disposición a tener armas de fuego.

A la pregunta de ``si tiene arma de fuego en su casa y a si pudiera tenerla'', los entrevistados caraqueños respondieron que sí en 9,4%. El 32% confesó su deseo de poseerla. El porcentaje revelador superó, en ambas categorías, a Cali (5,1% y 29,5%, respectivamente), Santiago (8,9% y 26,2%), San Salvador (6,8% y 21,9%), y a Río (4,5% y 15,5%), ciudades consideradas ``violentas'' por razones de distinta naturaleza. Medellín, en este caso, no se tomó en cuenta.

Briceño León no cree que la tenencia de armas o tendencia a tenerlas sea en Caracas un indicador de la presencia del narcotráfico, como lo es en Cali por ejemplo.

``Lo que indica básicamente es la no creencia en las policías. Como los caraqueños piensan que estos cuerpos no funcionan, no sirven, sienten que tienen que defenderse por su propia cuenta, y eso es un retroceso del Estado de Derecho''.

Si bien el sentimiento puede ser legítimo desde el punto de vista individual, es ``terriblemente negativo desde el punto de vista social'', advierte el sociólogo, porque el Estado venezolano debe tener el monopolio de las armas. ``En Venezuela todavía es así, a diferencia de Colombia, pero el hecho de que existan armas en la población implica que va a aumentar el nivel de violencia en dos direcciones: la adquisición de armas cada vez más poderosas por parte de la delincuencia y, adicionalmente, la tendencia a resolver violentamente conflictos que podrían ser solucionados de otra manera''.

Indica que hay que hacer una campaña para detener esta disposición de la población a armarse, porque ``podemos entrar en una escala de violencia'', y eso implica una mayor eficiencia policial y que estos cuerpos sean confiables.

Estos resultados sobre criminalidad urbana, cuya totalidad será presentada en la reunión de ministros de Salud de todas las Américas, a celebrarse en Washington en septiembre de este año, serán entregados a las alcaldías y órganos del Estado para que sean convertidos en políticas públicas. ``Lo que queremos con todos los actores involucrados, incluyendo a las comunidades, es discutir estos datos porque la violencia no es sólo un asunto de la policía''.