Miles de nicaragüenses viven con el miedo a ser expulsados de las casas que habitan al no tener regularizada su situación. Habitan lugares que fueron expropiados después del derrocamiento de Somoza, pero cuya situación legal no fue puesta al día. Ahora los antiguos propietarios los reclaman. Las protestas sandinistas de la pasada semana han servido para que el Gobierno de Arnoldo Alemán paralice los procesos de expulsión, pero los atemorizados ocupantes no tienen nada claro que al final las cosas les vayan a ser favorables. En los próximos tres meses se juegan su destino y el de sus familias.
junto a su nieta (AP). |
Siete años han pasado desde la histórica desmovilización de más de 20.000 contras. Desde entonces, varios miles de campesinos empobrecidos reclaman por promesas incumplidas de tierras y trabajo. Un grupo de 39 familias que, corrió con mejor suerte, hoy están viviendo una pesadilla. Sus temores no son infundados, las pequeñas viviendas que les entregó el Gobierno de Violeta Chamorro en 1990, unos 56 metros cuadrados de construcción, que habían albergado a una misión de asesores militares cubanos en la época del régimen sandinista, son reclamadas por una ciudadana nicaragüense norteamericana.
El complejo de viviendas ubicadas en la zona suroccidental de Managua, un motel en su mejor momento, pertenecía a un ex coronel de la Guardia Nacional. Entonces, la propiedad fue ocupada por el Estado en 1979 tras el derrocamiento de la dinastía somocista. En la euforia revolucionaria, no hubo una actualización del registro público. El inmueble no fue inscrito a nombre del Estado. Distintos inquilinos han pasado desde entonces. Militares y técnicos cubanos que cumplían misión en Nicaragua, oficiales del Ejército y, finalmente, fue entregado con la promesa de legalización a ex combatientes de la Contra.
Al finalizar la guerra en julio de 1990, Guadalupe Vallecillo era el comandante Capulina. Han pasado siete años y aún no ha recibido su título de propiedad, dice su esposa María Elena Sovalbarro. Sus temores se han acrecentado desde enero pasado, cuando asumió la presidencia de la República el liberal Arnoldo Alemán. «Nos pueden llegar a sacar, no sabemos a qué hora», se lamenta. Lo que antes era una necesidad, la seguridad jurídica, es ahora un imperativo. Se percibían acciones contradictorias de parte de las nuevas autoridades que habían prometido no desalojar a la gente pobre, pero, afirma María Elena, ha pasado lo contrario.
Esta semana apareció con sus abogados un supuesto nuevo dueño a reclamar los terrenos. Les advirtió que había recurrido a los tribunales de justicia para dirimir el litigio. En este caso, tres partes están involucradas en la demanda del inmueble. Los ocupantes exigen títulos de propiedad. Dos presuntos dueños reclaman indemnización o su restitución.
La tregua de 90 días al asedio en contra de beneficiarios de asentamientos espontáneos y sujetos de reforma agraria es producto de un acuerdo entre el Gobierno y la oposición sandinista que puso fin a una protesta que paralizó el país la semana anterior. Una ley de suspensión temporal de los desalojos por un periodo de tres meses fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado jueves.
El 20 de octubre, los ex contras, mayoritariamente votaron en la casilla 21 de la Alianza Liberal. No obstante, «no somos liberales», asegura María Elena Sovalbarro. Su voto fue para Alemán. «Él (entonces candidato liberal) prometía títulos de propiedad a los pobres. Se comprometió a no sacar a nadie de sus propiedades, pero hemos visto lo contrario en la televisión. Eso fue lo que nos asustó», añade. María Elena admite que tienen temor por la inseguridad jurídica y se pregunta «adónde vamos a ir si mañana se le da respuesta a una ciudadana norteamericana».
Una y otra vez el Gobierno repite que legalizará las pequeñas viviendas, las tierras de las cooperativas y las parcelas. Los que hayan adquirido residencias y grandes extensiones de tierras cultivables en la década pasada, tendrán que pagar su valor «real» o devolverlas a sus dueños «originales», afirma.
Desde el pasado día 21 el Gobierno y los sandinistas están abocados a la búsqueda de una solución definitiva al problema. Tienen un plazo límite de 30 días para presentar alternativas de salida a un conflicto de profundas raíces. Se trata de más de 200.000 familias vinculadas al litigio de los bienes.
«Arnoldo Alemán enterró los desalojos desde la asonada sandinista», afirma un mutilado de guerra. Todos confían aún en una solución que abra las puertas a la tranquilidad. Es decir, piden respeto a la propiedad social. Pero también están enterados de los compromisos adquiridos por el presidente Alemán con los confiscados que reclaman la restitución de sus bienes.
Guerra de acusaciones entre Alemán
y Chamorro
EFE
, Managua
El presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, y su antecesora, Violeta Chamorro, se han enzarzado en una guerra de declaraciones iniciada por el actual mandatario, al acusar a Chamorro de realizar mal algunas privatizaciones, como la de maquinaria azucarera vendida por 20 millones de dólares, cuando su valor sobrepasaba los 80.
Doña Violeta ha contestado que el estilo de gobernar del liberal Arnoldo Alemán se caracteriza por «una campaña de desprestigio» contra la Administración que ella presidía.
El Gobierno de Chamorro es el autor de privatizaciones de bienes expropiados por los sandinistas. Ahora esas privatizaciones han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Alemán, que por un lado debe atender a las reclamaciones de los antiguos propietarios, pero por otro se encuentra con un grave problema social si desaloja a los actuales inquilinos.
Violeta Chamorro declaró ayer que «si existen indicios de abusos o de malos manejos que se haga entonces uso de las instancias correspondientes», a la vez que exigía que «no se hagan especulaciones oficiales ni se acuse a nadie sin tener pruebas concretas».
Arnoldo Alemán cargó especialmente las tintas de su acusación en la privatización de maquinaria azucarera, ya que en su opinión no sólo se vendió por debajo de su valor, sino que habría que comprobar si la privatización siguió los trámites legales y si las autoridades que la vendieron estaban autorizadas para hacerlo.
La ex presidenta de Nicaragua, por su parte, acusó a Alemán de controlar excesivamente al Parlamento evitando de esta manera un debate sobre el asunto. Para apoyar sus palabras señaló que el Gobierno ha intentado que el proyecto de reforma tributaria fuera aprobada por la Asamblea nacional sin escuchar la opinión de los sectores afectados.
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