MANUEL DÉLANO
, Santiago de Chile
Entre los compradores, en Chile sobresalen tres. El millonario ecologista estadounidense Douglas Tomkins, quien ha adquirido cerca de 300.000 hectáreas, en una extensión entre las X y XI regiones del país, que abarca desde la cordillera hasta el océano Pacífico, para su proyecto de formar el parque nacional de Pumalín, destinado a preservar la naturaleza, según ha declarado. El también estadounidense Jeremias Henderson acaba de comprar 123.000 hectáreas en Quellón, el 40% de los terrenos de esa zona, para explotar los bosques y desarrollar programas turísticos. Asimismo, la empresa forestal Trillium ha adquirido más de 257.000 hectáreas en Chile y Argentina, en Tierra del Fuego, para explotar los bosques de lenga, un árbol autóctono.
En Argentina, el empresario italiano Luciano Benetton adquirió 850.000 hectáreas en la Patagonia. Se trata de tierras que estaban abandonadas y donde ahora quiere criar ganado y realizar labores de reforestación, según ha dicho, sin que sus negocios hayan generado conflictos. El actor Silvester Stallone, según la agencia France Press, también ha comprado en Argentina la finca La Primavera, de 14.000 hectáreas, en las cercanías de Bariloche, en una zona que incluye también un lago. Stallone se interesó después de que Ted Turner, el magnate de la televisión estadounidense, adquiriera terrenos en el sur de Argentina. Por su parte, otros actores han sido atraídos por el embrujo de los lluviosos y bellos parajes del sur.
También compran terrenos, pero en menor escala, los inversionistas particulares. Es posible adquirir 5.000 metros cuadrados en zonas boscosas y lacustres de la isla de Chiloé por menos de 10.000 dólares (1,5 millones de pesetas), según los anuncios publicados en la prensa chilena.
Las controversias públicas se concentran en torno a los grandes proyectos en Chile. El que ha desatado más polémicas es el de Tomkins. Autoridades del Gobierno y parlamentarios chilenos le han acusado de presionar a los colonos para que le vendan sus tierras, y temen que su proyecto conduzca al despoblamiento de la zona. La Fuerza Aérea también plantea su inquietud de que estas compras constituyan una posible amenaza a la seguridad nacional, porque cortan el territorio entre la cordillera y el mar.
Críticas parlamentarias
El presidente Eduardo Frei solicitó al Gobierno un informe sobre la veracidad de las acusaciones contra Tomkins. Mientras tanto, algunos parlamentarios debaten sobre la necesidad de legislar sobre la adquisición de tierras fronterizas. Pero Tomkins también tiene apoyo político, y el Gobierno ha procurado que la discusión no arroje incertidumbre sobre la inversión extranjera, uno de los pilares del acelerado crecimiento de la economía chilena.
Tomkins, entretanto, sostiene que existe un acoso en contra de su proyecto, y ha ironizado sobre por qué no hay la misma inquietud por las inversiones que buscan talar los bosques, mientras su objetivo es precisamente el contrario: conservarlos. El magnate llegó a amenazar con suspender su proyecto de parque nacional en tanto no tenga clara la actitud del Gobierno. Los grupos ecologistas locales, que reciben apoyo de Tomkins, criticaron a su vez que aviones de la Fuerza Aérea estén efectuando constantes vuelos rasantes sobre la residencia que el millonario se construyó en el sur de Chile.
Las 123.000 hectáreas que adquirió Henderson en Chiloé -es además propietario de tierras en Perú y Colombia- suscitaron otra polémica. En esos terrenos viven desde el siglo pasado cerca de 70 familias de huilliches, sin títulos de propiedad individuales, pero con derechos establecidos por acuerdos entre el Estado y las comunidades indígenas. El alcalde de Quellón y las autoridades locales intentan que el Estado compre a Henderson los terrenos de los huilliches y después se los ceda a éstos, mientras los afectados han anunciado que no cederán y, si no hay acuerdo, recurrirán a los tribunales.
Un tercer empresario, David Syre, propietario de Trillium, el proyecto forestal de explotación de la lenga, se ha enfrentado con la oposición cerrada de los grupos ecologistas. A pesar de sus diferencias con Tomkins, sostuvo que «ambos proyectos están tratando de adaptarse a la situación jurídica y administrativa de Chile». Poco después, sin embargo, la Corte Suprema calificó como «ilegal y arbitraria» la aprobación de su iniciativa, porque aún no estaba vigente la normativa que regula los estudios de impacto ambiental.
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Las tierras australes de Chile y Argentina han despertado un inusitado interés entre las compañías estadounidenses y europeas, que, aprovechando el bajo precio de las zonas vírgenes, han adquirido grandes extensiones de territorios para hacer negocios, conservar el medio ambiente o, simplemente, en busca de inversiones. Cientos de miles de hectáreas están hoy en manos de inversionistas extranjeros, provocando al menos en Chile una polémica sobre sus objetivos, el papel que debe asumir el Estado y las relaciones con los lugareños, en la que han participado el Gobierno, grupos ecologistas, parlamentarios y comunidades locales.