El País Digital
Domingo
20 abril
1997 - Nº 352

Aznar tratará con Menem la desaparición de españoles durante la dictadura militar

JOSE MIGUEL LARRAYA / JUAN JESÚS AZNÁREZ, Buenos Aires
El proceso del juez español Baltazar Garzón contra los jefes militares implicados en la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina (1976-83), iniciativa protestada como improcedente por el Gabinete de Carlos Menem, constituirá el asunto político de mayor interés durante la visita que el presidente español, José Maria Aznar, comenzaba ayer en Argentina. El ejecutivo argentino se manifiesta especialmente irritado por este asunto, y Aznar tratará el tema con él.

En sus reuniones con Menem, Aznar deberá abordar además un flanco judicial de diferente signo: el español Javier Nadal, presidente de Telefónica de Argentina, fue procesado por un juez federal de la provincia de Mendoza, que suspendió por presunta inconstitucionalidad la aplicación de las nuevas tarifas acordadas por la compañía, gestionada por la Telefónica española, y el poder ejecutivo.

Procedente de Brasil, Aznar llegaba esta madrugada (hora española) a Buenos Aires para una visita de cuatro días, la primera como presidente. Viajó en 1995 como jefe de la oposición. Acompañado de empresarios brasileños y españoles, finalizó su visita al país más extenso y poblado de América Latina en Porto Alegre, capital de Río Grande del Sur, con un almuerzo en un club de vela en el que se embutió en un poncho cuyo uso tradicional, se le dijo, es el de «esquivar puñaladas». En su desplazamiento utilizó un avión de 50 plazas fabricado en Brasil con una destacada participación de la empresa vasca Gamesa.

El objetivo central de su visita es cultivar unas relaciones políticas tradicionalmente buenas, afianzar las cuantiosas y pujantes inversiones españolas en este país suramericano y facilitar la entrada de otras. Aznar se reunirá con el presidente Carlos Menem, con el gobernador de la determinante provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, con dirigentes políticos, económicos y magistrados, y pronunciará un discurso ante el Congreso. Atenderá asimismo a la Comisión de Desaparecidos Españoles, que recabará su apoyo en la permanente búsqueda de sus familiares, aproximadamente 300 entre españoles e hispano-argentinos, incluidos en una relación total de más 10.000 desaparecidos.

El Gobierno, irritado

Al Gobierno argentino le irrita mucho el proceso abierto por Garzón. Cosa juzgada, insiste. Desde el indulto de Menem, en 1989, a los mandos castrenses responsables de las barbaridades perpetradas en aquel período, Argentina no admite nuevos juicios. Se apoya, además en las leyes de Punto Final y Obediencia Bebida promulgadas por el gobierno del socialdemócrata Raúl Alfonsín (1983-96).

Las demandas más concretas a Aznar son de económicas, y le son expuestas por empresas aquejadas de problemas de instalación o inseguridad jurídica. Las escuchará Luis Fernández Norniella, secretario de Estado de Comercio, Turismo y Pymes.

Uno de los empresarios consultados, entre los que hay de derechas, de centro, y otros con el corazón en la izquierda y el bolsillo en la derecha, considera que Aznar debió haber reforzado el peso y presencia de los ministerios económicos en su comitiva pues las inversiones son cuantiosas y variadas: «Yo lo que quiero es más interlocutores. ¿De qué vamos a hablar y con quién?. Si lo que quiere con esta visita es hacer política para acosar y derribar a Felipe González que vaya sólo con los suyos».

Pese a los problemas jurídicos, o reparos a la organización del viaje, el desembarco español prosigue imparable porque la política es de Estado, aquí se gana dinero y las previsibles ganancias compensan los riegos. La inversión efectiva española, que pugna con Francia y Chile por el segundo puesto en la clasificación de inversores extranjeros, encabezada por EE UU, fue de 800 millones de dólares en 1994, 920 millones al año siguiente, y 1.500 millones en 1996. Durante el primer trimestre de este año se comprometieron 600 millones más.

Algunas actuaciones judiciales son, sin embargo, de temer. El presidente de la CEOE, José María Cuevas, todavía no había concertado ayer la solicitada entrevista con el ministro de Economía, Roque Fernández, poco interesado, al parecer, en pronunciarse sobre la causa de Mendoza contra Telefónica de Argentina, gestionada por la Telefónica española con el 30% del 60% de acciones decisorio.

Protección para los testigos

A. D., Madrid
El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Julio Anguita, pretende que el presidente del Gobierno, José María Aznar, lleve en el bolsillo una carta suya cuando se entreviste con el presidente argentino Carlos Menem.

La misiva de Anguita a Aznar, remitida el jueves, tiene como objeto pedir al presidente español que procure asegurar la integridad física de todos aquellos que están revelando ante el juez Baltasar Garzón detalles sobre la muerte de ciudadanos españoles durante la dictadura militar en ese país.

Anguita le ruega a Aznar que convenza a Menem para «garantizar la adecuada protección de las personas que van a colaborar con la justicia española». De momento, está ocurriendo todo lo contrario, según denunció la diputada de IU, Ángeles Maestro, y el abogado de la acusación popular, Ángel García Castillejos.

Ambos manifestaron su preocupación por el ciudadano Eduardo Giordano, que acaba de narrar ante Baltasar Garzón algunas atrocidades que vio y conoció en los años de la dictadura argentina, cuando era policía.

Izquierda Unida relaciona estos nuevos testimonios de los hechos que ocurrieron en Argentina entre 1976 y 1983 con las muertes violentas que se han producido en los últimos meses.

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