PILAR LOZANO , Bogotá
Los grupos paramilitares y de autodefensa colombianos quieren ser vistos como actores políticos y no como simples delincuentes. Por eso, en una reciente cumbre, decidieron unir sus fuerzas para crear una coordinadora contraguerrillera que logre reconocimiento a escala nacional e internacional. Aspiran a sentarse a la mesa de conversaciones, de igual a igual con la guerrilla y el Gobierno.

El hecho se da cuando en Colombia se habla de la posibilidad de buscar la paz mediante el diálogo. Los paramilitares no quieren ser espectadores del proceso. Pretenden, como organización contrainsurgente, en el momento de una negociación recibir un trato igual a la guerrilla y obtener el perdón. Desde siempre los jefes de estas organizaciones han dicho que mientras exista insurgencia habrá autodefensas y paramilitares.

No es la primera vez que estos grupos ilegales pretenden aglutinarse en un movimiento nacional. Había resultado hasta ahora infructuoso porque no llegaban a un acuerdo sobre quién mandaría a quien. En esta oportunidad acordaron integrar un mando central formado por los comandantes generales de cada una de las organizaciones.

Ya se empezaron a escuchar en boca de politólogos y violentólogos opiniones sobre qué puede generar esta coordinadora contraguerrillera. «Agudizará y degradará el conflicto», dijo Alfredo Rangel. Para él esta coordinadora llevará a una mayor participación de la sociedad civil en el enfrentamiento armado.

La historia de estos grupos es de vieja data; nacieron en la década de los sesenta justificados por muchos ante el avance de la guerrilla. Sólo a finales de los ochenta, cuando apoyados por el dinero de los grandes carteles de la mafia, se convirtieron en monstruosas maquinarias de muerte, el país reaccionó alarmado. Durante un tiempo, y después de una primera limpieza de comunistas que realizaron en la céntrica región del Magdalena Medio su papel quedó prácticamente reducido a controlar las zonas que habían recuperado a la guerrilla.

En los últimos tres años, las cosas cambiaron. Su objetivo es liberar territorio ocupado por la insurgencia. En año y medio, con un saldo incalculable de horror, muerte, huérfanos, viudas y desplazados, limpiaron la zona bananera de Urabá en la región Caribe. Desde septiembre del año pasado han avanzado con su acción de muerte por todo el norte del país. «Los niveles de atrocidad a que ha llegado el paramilitarismo no han sido alcanzados por ningún otro actor de esta lucha», dijo a comienzos de este año el consejero presidencial para los derechos humanos.

Hoy se habla de presencia paramiliar en 452 de los 1.062 municipios del país. Sus grandes defensores son los ganaderos y hacendados, a su vez víctimas número uno del secuestro y la extorsión por parte de la guerrilla. «Allí donde no haya Estado que proteja el derecho a la vida y los bienes de los ciudadanos, las personas tienen el legítimo derecho a la defensa. Y las autodefensas están ejerciendo ese derecho de manera proporcional al ataque de la guerrilla», se excusan los grandes terratenientes. No se puede hablar de estos grupos como algo homogéneo. Existen desde grupos organizados, preparados para realizar trabajos en cualquier región del país -el más poderoso es el de los autodefensas de Córdoba y Urabá dirigidos por los hermanos Fabio y Carlos Cataño-, hasta pequeños grupos que cuidan propiedades determinadas y ejércitos privados de las grandes haciendas de los narcotraficantes.

A este panorama se le tienen que añadir las Convivir, cooperativas de seguridad creadas hace dos años por el Gobierno. Su propósito es agrupar a la población civil alrededor de los militares para que se constituyan en su apoyo a través de redes armadas y de comunicaciones.

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