Víctimas de la guerra salvadoreña reclaman el cierre de la Escuela de las Américas de EE UU
JUAN JOSÉ DALTON
, San Salvador
«Unos hombres armados que conducían un vehículo con vidrios polarizados se lo llevaron cuando salía de sus labores en el Ministerio de Hacienda, donde se encargaba de asuntos jurídicos, y nunca más lo vimos», manifestó a EL PAÍS la anciana madre, de 65 años de edad.
Cuando José Geovanni desapareció tenía 34 años de edad, estaba casado y era padre de dos hijos. Como el suyo hubo 8.000 casos de desaparecidos políticos en El Salvador entre 1980 y 1992, periodo en que se prolongó una cruenta guerra civil en este país centroamericano.
La Academia Militar de las Américas fue fundada en pleno apogeo de la guerra fría, en 1946, en Panamá. Pero en 1984 fue reubicada en Fort Benning, en el Estado norteamericano de Georgia. Entre sus graduados están, por ejemplo, los generales Manuel Antonio Noriega, de Panamá, y Hugo Banzer, de Bolivia, quienes encabezaron sendas dictaduras en sus respectivos países.
El fallecido mayor de inteligencia militar de El Salvador, Roberto d’Aubuisson, jefe de los escuadrones de la muerte y acusado de haber asesinado al arzobispo Óscar Romero en marzo de 1980, también fue un destacado alumno de la academia militar. Igualmente, otros 48 altos oficiales salvadoreños, acusados por la denominada Comisión de la Verdad de violaciones de los derechos humanos, obtuvieron sus diplomas en Fort Benning.
Otros 17 comandos de las fuerzas de élite Atlacatl, acusados de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas domésticas, en noviembre de 1989, también fueron entrenados en las Américas.
«No hay que cerrarla. Las culpas individuales no deben ser pagadas por las instituciones», afirmó el general retirado Mauricio Vargas, quien fue profesor de la cuestionada academia castrense. Añadió que cerrar las Américas por los excesos cometidos por algunos de sus alumnos «sería como clausurar la universidad donde estudió el narcotraficante Rodríguez Orejuela». Vargas no recuerda haber visto, en su estancia por la citada academia, manuales contrainsurgentes que enseñaban la práctica de la tortura y la aniquilación de opositores políticos, tal como lo han admitido altos funcionarios del Pentágono.
«Es una mancha imborrable para la política exterior de Estados Unidos; nuestros ciudadanos aún mantienen esa escuela con sus impuestos y ya hay conciencia de que no debe seguir esa instalación», dijo la monja estadounidense Laetitia Bordes, de las Hermanas Auxiliadoras, quien acompaña en vigilia a los familiares de víctimas de la guerra en El Salvador.
El tercer intento
El congresista Kennedy, sobrino del ex presidente John F. Kennedy, no cede en su esfuerzo de lograr los votos necesarios para cerrar la Escuela de las Américas, una lucha iniciada en 1995 por Roy Bourgeois, sacerdote de la orden Maryknoll y veterano de la guerra de Vietnam. La petición fue solicitada en dos ocasiones anteriores; la esperanza es que ahora «la tercera vez sea la vencida».
«Tengo la esperanza de encontrar aunque sean los restos de mi hijo, y no me daré por vencida», enfatizó la anciana Judith Yolanda Santos, quien, por otra parte, coincidió con el obispo luterano Medardo Gómez -presente en la vigilia- en el hecho de que esta acción no pretende contrariar al Gobierno del presidente Bill Clinton, sino solicitarle que para América Latina realice proyectos de vida y no de muerte, como el apoyo que Washington brindó a los militares durante la guerra civil que costó a los salvadoreños 75.000 muertos y la destrucción de su infraestructura económica.
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La huella lacerante de los desaparecidos resurgió el lunes pasado frente a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, cuando decenas de familiares de víctimas de la guerra en el país centroamericano comenzaron una protesta de una semana, en apoyo al congresista estadounidense Joseph Kennedy, quien presentará el próximo 29 de abril ante la Cámara de Representantes, en Washington, una propuesta lesgislativa para cerrar la Escuela de las Américas. Allí se graduaron más de 6.000 militares latinoamericanos en cuestionados métodos de lucha contrainsurgente.
«Nosotras, las madres de los desaparecidos, seguimos sufriendo las prácticas que los militares aprendieron en la escuela de las Américas, por eso estamos solicitando al Congreso de Estados Unidos que cierre esas instalaciones que sólo se encargó de enseñar fechorías», afirmó Judith Yolanda Santos, que perdió a su hijo José Geovanni hace 14 años.