Las dificultades económicas convierten la paz en Guatemala en una utopía
JOSÉ ELÍAS , Guatemala
Como primera consecuencia, la fuerza laboral satura actualmente los puestos de trabajo, lo que no deja la menor oportunidad de reintegrarse a la vida productiva a los miles de desmovilizados del Ejército y la guerrilla, a los que habría que sumar a los miles de refugiados en México que quieren -y están en su derecho de hacerlo- retornar al país. A esta circunstancia se suma la sombra de una expulsión en masa de los ilegales que residen en Estados Unidos, extremo que preocupa a los Gobiernos de la región.
«Hablar de paz sin tomar en cuenta las condiciones reales de existencia del guatemalteco es hablar de papeles y éstos no cambian nada. Simplemente enmarcan situaciones de conveniencia política», dijo a EL PAÍS el psicólogo Roberto Mazariegos, catedrático de Etnopsicología y de Psicología Social en las universidades de San Lázaro (nacional) y Rafael Landívar (jesuitas). Mazariegos hizo énfasis en que los 36 años de guerra han afectado gravemente la psique de los guatemaltecos, creando en ellos una innegable cultura de violencia, «que no se borra con un hecho político».
Psicología de la impunidad
A lo largo de 36 años de conflicto armado, las instituciones represivas del Estado han creado en el guatemalteco una cultura emocional de guerra, de revancha, amparadas en el anonimato, que perviven en Guatemala alimentadas por un Estado que centra su gestión en el hecho impositivo, sin cumplir su misión histórica de garantizar a sus ciudadanos el derecho a una vida digna, explica Mazariegos. El psicólogo puntualiza que es imposible para un ciudadano con patrones psicológicos alterados por la corrupción y la impunidad adquirir los valores democráticos cuando se le castiga con tributos, mientras decenas de políticos corruptos, enriquecidos hasta el envilecimiento tras su paso por el poder, paseen libremente por la calle y nadie se preocupe de pedirles cuentas.
«Porque la violencia no son sólo las balas. También el hambre, el despojo, el morir en un hospital por falta de medicinas o el percibir un salario insuficiente para sobrevivir son formas de violencia muy graves en un país que ha sustituido las balas por la explotación y el empobrecimiento colectivo», agrega Roberto Mazariegos, quien insiste en que un hecho político posibilitaría un cambio, pero sólo en tanto sea capaz de generar unas estructuras de desarrollo que permitan absorber la mano de obra flotante y que cada guatemalteco tenga acceso a una vida digna. «Mientras éso no exista, la violencia seguirá presente».
La posibilidad de la paz para el país sigue lejana ante las terribles desigualdades que los políticos insisten en mantener en un país de privilegios. Un botón de muestra: en tanto un diputado al Congreso (legislativo, unicameral) gana mensualmente 17.500 quetzales (2.900 dólares), un maestro con 30 años de servicio percibe 1.200 quetzales (aproximadamente unos 200 dólares).
La conclusión es clara. «Mientras la corrupción y la componenda predominen sobre el sentido humano, no hay luz al final del túnel. Guatemala tiene que dar un salto al desarrollo y éste sólo se puede dar con un abundante flujo de capitales extranjeros que no se está produciendo.
Desgraciadamente, en Guatemala el capital sólo está interesado en obtener mayores ganancias. Mientras esa situación no se modifique, mientras el Estado no dé ejemplo de tolerancia, honradez y transparencia, de amplitud de criterios, nadie lo hará en este país», afirma con rotundidad Mazariegos.
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El 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de Guatemala y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaban un Tratado de Paz que ponía fin a 36 años de una guerra civil que dejó 150.000 muertos, un millón de desplazados y un país destrozado. Cien días después, y pese al bombardeo de propaganda oficial, los guatemaltecos empiezan a descubrir que un cordón de miseria hace de la paz una utopía. Una arraigada cultura de la violencia y la corrupción y una economía obsoleta, que ensancha las acusadas desigualdades sociales, atenazan el desarrollo social y económico de Guatemala.
Las circunstancias en que se llegó a la firma de la paz (agotamiento de las partes y la presión internacional, las más notorias) hicieron que se alcanzara el final de la guerra bajo la falsa premisa de que en el país existen ahora condiciones para que sus habitantes puedan aspirar a un mejor nivel de vida, ignorando que, como fruto del propio conflicto armado, el históricamente cerrado aparato productivo guatemalteco se encuentra obsoleto y está estancado.