El Gobierno mexicano amplía su gasto social en un intento de evitar la debacle electoral del PRI
NEUS CABALLER
, México
Con todo, es el Gobierno, como desde hace décadas en tiempos electorales, quien ha echado el resto. El Ejecutivo de Ernesto Zedillo anunció, un día antes del destape del candidato del PRI para la capital mexicana, que este año aumentará un 7,2% el apartado dedicado a gastos sociales. El objetivo oficial es combatir la pobreza en 12 regiones del país, y beneficiará a 38 millones de pobres.
El voto de los pobres
En términos políticos, el PRI trata de asegurarse el voto rural y marginado que, según coinciden analistas independientes, representó el 30% del caudal electoral que llevó a Zedillo a la presidencia de la República en agosto de 1994.
La estrategia, por recurrente, no sorprende a casi nadie en México, y menos aún a la prensa, donde los datos anteriores han pasado sin pena ni gloria. El propio presidente del Gobierno se comprometió, en una ceremonia reciente con los poderosos sindicatos oficiales, verdaderos pilares del régimen, a hacer una clara campaña populista. «Por ello, este año, el Gobierno hará la mayor aportacion de recursos jamás registrada en el Seguro Social», dijo Zedillo al anunciar una fuerte inversión para el nuevo sistema de fondos para el retiro.
Pero el hueso más duro de roer es el Distrito Federal, con unos habitantes mejor informados que la media del país y donde el PRI históricamente ha obtenido sus peores resultados. En un intento de amarrar votos, el partido le ha arrancado al Gobierno el compromiso de entregar este año en la capital el 14% de los 105.000 créditos preferenciales para vivienda aprobados.
Inseguros de que estas técnicas tradicionales funcionen de nuevo, los estrategas del PRI han recurrido también al moderno marketing electoral. Diseñada por técnicos estadounidenses, la campaña del candidato oficialista en la capital ha transformado al partido responsable de la crisis financiera de 1994 y sus brutales secuelas en un jovial anuncio que ahora vende justicia social, recuperación económica y el antídoto contra la corrupción de Estado.
Bien naturalmente, la irrupción del Gobierno con recursos del Estado en la campaña electoral a favor de su partido levanta ronchas en la oposición, que lo considera, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, un lúcido dirigente del PRD, un «fraude de Estado». El presidente de los conservadores, Felipe Calderón, lo resume así: «En síntesis, se impulsaron cambios (en las leyes electorales), pero éstos no tocan el corazón del sistema político: la simbiosis económica del PRI con el Gobierno».
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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha puesto en marcha su maquinaria de cosechar votos. Espoleado por el tercer lugar que las encuestas le conceden en las elecciones en las que la capital mexicana elegirá por primera vez a su alcalde, el partido oficial, 68 años ininterrumpidos en el poder en México, ha ganado seis puntos en los sondeos en pocas semanas gracias, entre otros, a un aumento del 7,2% en el gasto social aprobado por el Gobierno en este crucial año electoral. La mecánica se repite en todo el país, donde el 6 de julio el PRI se arriesga también a perder la mayoría en el Congreso, que se renueva parcialmente. Con dinero público, el Gobierno y su partido están dispuestos a impedirlo.
El costo de esta operación rescate está fuera del alcance de los bolsillos medios. Tan sólo el alquiler del auditorio donde el PRI presentó a su candidato para la capital, Alfredo del Mazo, un político de corte tradicional que sin embargo encandila a siete de cada diez mujeres del Distrito Federal (según datos del propio partido, nunca demasiado de fiar por lo que a rigor estadístico se refiere), se elevó a 237 millones de pesos (casi 30 millones de dólares). Eso sin contar con el traslado de 10.000 simpatizantes de todo el país, que acudieron de forma expresa para el acto. La cifra representa la mitad del presupuesto electoral asignado al izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la tercera parte del del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), las dos principales fuerzas de oposición, para sus campañas en todo el país.
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