CÉSAR DÍAZ
, Guatemala
Se trata de una escena cotidiana en Guatemala, que incluso ha sido filmada en vídeo. No en vano se produce, al menos, una vez cada cuatro días, según un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado.
Son los linchamientos, el reverso de la criminalidad, la plaga que se extiende por el país centroamericano como una paradójica maldición para un pueblo que ha tardado 36 años en firmar la paz.
Las víctimas son supuestos delincuentes. Pero podrían ser conductores culpables de un atropello, o simples inocentes que pasaban por allí, como ocurrió el pasado año en el municipio de Momostenango (departamento de Quezaltenango), cuando unos cazadores fueron confundidos con unos asaltantes.
La causa inmediata: una delincuencia rampante, aireada constantemente por los medios de comunicación, expresada en multitud de secuestros y bandas que asaltan los caminos. Sólo en los dos primeros meses de 1997 se registraron unos sesenta casos de plagios, como se denominan aquí los secuestros.
Otra causa: la angustia de una población que se siente abandonada por el Estado, como si viviera en una película del Far West: sólo existe la justicia del más fuerte.
Autodefensa ciudadana
O eso airean los que abogan por respuestas expeditivas. Durante los últimos años están creciendo las organizaciones de repulsa, como la conocida con el nombre de Madres Angustiadas, y de autodefensa ciudadana.
«El Estado, en estos momentos, está incapacitado para brindarle seguridad a los ciudadanos», afirma Óscar Recinos, presidente de la asociación Guardianes del Vecindario, que desarrolla en la capital un plan para que los propios habitantes organicen su seguridad. «El propio jefe de la policía nos dijo que sólo podía confiar en cuatro o cinco de sus hombres».
«Los linchamientos, que nosotros no apoyamos, se deben a la impotencia de la población», explica Recinos, presidente de una organización que propugna el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales para «atrapar en 15 días a todos los delincuentes».
Este sentimiento parte de datos reales: todo el mundo habla de criminales que nadie atrapa, o que se fugan de las formas más rocambolescas. Uno de los secuestradores más conocidos se escapó, por ejemplo, tras convencer a su custodio de que le llevara a comer a un restaurante donde le esperaba el resto de su banda.
Pero detrás de la respuesta popular ante un problema real puede esconderse el manejo interesado de los descontentos con el proceso democrático y los acuerdos de paz.
No en vano, la seguridad fue el principal argumento electoral del partido liderado por el ex dictador militar Ríos Montt, que a punto estuvo de ganar las últimas elecciones presidenciales.
«Hay una gran campaña de desprestigio en contra del poder judicial, haciéndole responsable de la seguridad ciudadana», indica la juez María Eugenia Villaseñor, amenazada ella misma de muerte por criticar a la administración de justicia en relación con los juicios por violaciones de derechos humanos, especialmente cuando los presuntos culpables son militares. «Existe un riesgo real de que este clima conduzca a que turbas exaltadas asalten los tribunales que no cumplan sus deseos».
Vacío de poder
«El vacío de poder dejado por el Estado en Guatemala, por otra parte uno de los más débiles del mundo, ha sido llenado por la delincuencia organizada», añade Jorge Mario García Laguardia, procurador de Derechos Humanos nombrado por el Congreso guatemalteco. «El Estado es incapaz de ofrecer los servicios esenciales a la ciudadanía, por lo que muchos ciudadanos, arbitraria e ilegalmente, se han estado tomando la justicia por su propia mano».
Esta situación explosiva facilita la posibilidad de que miembros de las fuerzas de seguridad, o bajo su amparo, lleven a cabo una campaña de exterminio de presuntos delincuentes, lo que en la jerga latinoamericana se ha hecho célebre bajo el nombre de limpieza social.
Cada día ingresan en la morgue de la capital del país unos diez cadáveres con evidencias de disparos a corta distancia, regularmente en el cráneo, y con rastros de ataduras en las manos.
Las circunstancias en las que ocurren estos casos hacen muy difícil su verificación, más aún en un país donde cerca del 20% de la población está armada, y donde «la inacción de las instituciones encargadas de la investigación del delito es un común denominador de todas estas muertes», según el informe publicado por la misión de la ONU en Guatemala (Minugua) en agosto de 1996.
Policías contra 'indeseables sociales'
C. D.
, Guatemala
El Gobierno asiste preocupado, y al parecer incapaz, a esta situación. «Las autoridades, si no tienen una responsabilidad directa, sí tienen una responsabilidad indirecta: primero, por su omisión a prestar auxilio y a garantizar la seguridad a los guatemaltecos, y también porque la respuesta violenta está de alguna forma alentada por algunas declaraciones muy fuertes de los mismos funcionarios del Gobierno», señala Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del arzobispado.
El responsable del área de verificación de Minugua, Jaime Esponda, puntualiza, en referencia a la evolución de este tema entre agosto y diciembre de 1996, que «situándonos en un nivel de presunciones, estimamos que la incidencia de este tipo de casos de limpieza social ha descendido a la par del descenso del número de violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes del Estado. Y esto se debe a un mayor control del Gobierno sobre sus agentes y a medidas de depuración».
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Un grupo de personas atrapa a un supuesto ladrón. Empiezan los gritos, las piedras y las patadas. El ambiente se caldea. Alguien grita: ¡Fuego, fuego! Otro alcanza una lata de gasolina. Otro más la vierte sobre el cuerpo del muchacho. Le apresan entre ruedas para que no pueda escapar. Arrojan una cerilla encendida. El presunto delincuente muere achicharrado, mientras la turba observa extasiada.
Amnistía Internacional ha denunciado en sus informes la participación de agentes de las fuerzas de seguridad en la eliminación de presuntos delincuentes e «indeseables sociales» durante los dos últimos años. Un colectivo especialmente afectado es el de los niños de la calle, de los que hay unos 5.000 sólo en la capital. Preocupa también el papel creciente que desempeñan las guardias privadas de seguridad y los grupos de autodefensa ciudadana.