El arresto de un ex agente por el 'caso Cabezas' destapa la corrupción policial en Buenos Aires
CARLOS ARES
, Buenos Aires
La primera versión que los periodistas dieron de los hechos, en la que se sospechaba de las bandas mixtas de civiles y policías que controlan el tráfico de drogas, los robos y el juego clandestino en la costa atlántica, es la que parece confirmarse ahora, a pesar de todos los intentos que hicieron los propios policías encargados de la investigación para borrar huellas, destruir evidencias, confundir con pistas falsas y echar a rodar rumores que distrajeron la atención sobre grupos diversos de personas.
La revista Noticias, para la que trabajaba el reportero gráfico José Luis Cabezas, había publicado informes sobre lo que en su momento llamó la «maldita policía» y sobre los robos que se producían con frecuencia en las mansiones de Pinamar, donde cada verano residen personajes notables de la vida política, social y económica del país. Ahora se dice, en el juzgado, que los asesinos querían «intimidar» a Cabezas y a través suyo «enviar una advertencia» a la revista y a los medios de comunicación en general para que no se metieran en los negocios que controlaba la llamada banda de la costa . Pero, al parecer, el reportero gráfico se resistió a su secuestro y por eso le mataron.
Entre la madrugada y la tarde de ayer, el juez José Luis Macchi ordenó detener a tres personas que ya tenían antecedentes por delitos, a un ex policía, Gustavo Prellezo, y a su esposa, también agente. El oficial Prellezo era el segundo en el orden de jerarquía en la comisaría de Pinamar y se encargó, junto con otros policías bajo sospecha, de investigar el crimen hasta que fue puesto en «disponibilidad preventiva». El jefe de Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires inició sumarios administrativos a varios oficiales que fueron denunciados por ser cómplices en los robos de casas, de autos, en el tráfico de drogas y en encubrir delitos que otros cometían y compartían con ellos sus beneficios. La hipótesis de que el asesinato de Cabezas fue cometido por una «banda mixta» es la que se considera ahora como la más firme.
También ayer se conoció en Buenos Aires una amenaza telefónica recogida por el periódico Últimas Noticias, que se edita en Montevideo, y según la cual cinco personas supuestamente vinculadas con los robos y con el narcotráfico en la costa atlántica argentina serían «ejecutadas». Se trata de los ex oficiales Juan Salvá, conocido en la zona como «el patrón de la costa»; su hombre de confianza, el oficial José Luis Dorgan; los contables de apellidos Suazo y Fernández, que al parecer llevaban las cuentas de la banda, y el doctor Di Stéfano. Según el periódico, quien se comunicó por teléfono se identificó como «el comandante Mas», y es integrante de una agrupación de militares y policías.
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«Vamos a ver ahora cómo se termina de atar, pero ya está». Un portavoz del Gobierno de la provincia de Buenos Aires aseguró ayer que la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado y calcinado dentro de su coche el pasado 25 de enero en un campo cercano a la ciudad balnearia de Pinamar, 380 kilómetros al sur de Buenos Aires, sobre la costa atlántica, «ya está» resuelta y «sólo falta saber hasta dónde se llega en la investigación». El juez de instrucción ordenó detener ayer a otras cinco personas, entre ellas un ex policía, y según las fuentes consultadas, «uno de ellos es el autor material del crimen». Para el juez, «falta establecer claramente las relaciones entre los sospechosos y el móvil».
El gobernador Eduardo Duhalde, candidato del peronismo a la sucesión del presidente Carlos Menem, admitió ayer que se había «avanzado mucho» en la investigación y que «tal vez» el asesinato de José Luis Cabezas se convierta en el símbolo de que «aquí se acabó la impunidad». Para Duhalde, encontrar a los culpables era un compromiso público en el que se jugaba su futuro político. La insistencia de todos los periódicos, los telediarios, los programas de radio y el sindicato de los periodistas en mantener cada día la investigación del crimen como noticia de portada se convirtió en una presión casi intolerable para los funcionarios del Gobierno provincial y del nacional.