Las autoridades cubanas liberaron el lunes por la tarde al ex general del Ministerio del Interior Patricio de la Guardia Font, de 58 años, uno de los 14 militares cubanos implicados en el escándalo de narcotráfico y corrupción que sacudió la isla en el verano de 1989 y que concluyó con el fusilamiento de cuatro altos oficiales del Ejército y del Ministerio del Interior, entre ellos el prestigioso Arnaldo Ochoa, y del hermano de Patricio, el ex coronel Antonio de la Guardia.
funeral de su padre (Reuter). |
«Ha sido una sorpresa», dijo ayer a EL PAÍS un primo hermano de De la Guardia en la funeraria Rivero de La Habana, donde fue velado el cadáver. Según el familiar, que prefirió no dar su nombre, Patricio fue liberado de forma definitiva y no tendrá que regresar a prisión después de asistir al entierro de su padre. «Nos han dicho que está libre sin condiciones», aseguró. Un allegado a la familia aseguró que los policías que lo condujeron hasta la funeraria sólo le dijeron que tomara unas mudas de ropa y las pastillas para la úlcera. «Solamente, cuando ya estaban en el coche, le dijeron que sería liberado», dijo el amigo de De la Guardia.
Patricio de la Guardia llevaba casi ocho años en la cárcel después de ser condenado a 30 por encubrir las actividades de narcotráfico de su hermano Tony y del general de división del Ejército Arnaldo Ochoa y participar junto a ellos en el tráfico de diamantes y marfil cuando fue jefe del Ministerio del Interior en la misión militar de Cuba en Angola. Durante el juicio, Ochoa y Tony de la Guardia fueron acusados de «actos hostiles contra un Estado extranjero», «tráfico de drogas en colaboración con el cartel de Medellín» y «uso indebido de recursos financieros y materiales», y fusilados días más tarde, en el verano de 1989. Igual suerte corrieron sus subordinados, el capitán del Ejército Jorge Martín Valdes y el comandante del Ministerio del Interior, Amado Padrón.
Durante el proceso, conocido como Causa número 1, el fiscal militar, general Juan Escalona Reguera, dijo que no pedía la pena de muerte también para Patricio porque «en realidad, no tuvo relaciones con el delito de narcotráfico, aunque sí conocía la conducta de su hermano». El resto de los acusados fueron condenados a penas de 10, 15 y 30 años de cárcel y, poco tiempo después, en un segundo juicio, fue sancionado a 20 años de privación de libertad el entonces ministro del Interior, José Abrahantes, quien murió en la cárcel pocos años después, según la versión oficial, a causa de un infarto.
Las circunstancias en que se produjeron los hechos, unidas al carisma y poder creciente de los tres principales inculpados, los ex generales Ochoa y De la Guardia, y el ex coronel Tony de la Guardia, hicieron que en aquellos momentos los analistas y diplomáticos extranjeros barajasen la hipótesis de que los sancionados podían estar preparando un golpe de Estado, hipótesis nunca confirmada.
Ochoa había sido jefe de las misiones militares de Cuba en Angola y Etiopía, era uno de los pocos generales cubanos que ostentaban el título de Héroe de la República de Cuba, y su popularidad en el Ejército era notable. Los hermanos De la Guardia eran dos hombres curtidos en las más difíciles operaciones encubiertas. Habían estado en Chile al lado de Salvador Allende durante el golpe de Estado de Pinochet. También en Nicaragua durante los últimos combates contra Somoza y el asalto a su búnker, y ambos habían participado en la guerra de Angola en diferentes etapas.
Momentos después de su liberación, en el cementerio, De la Guardía llevaba gafas de sol, rolex en la muñeca izquierda y su aspecto era el de un hombre cansado. Estaba delgado, no demacrado en exceso, y no quiso hablar. «Les agradecemos su presencia, pero en estos momentos preferimos no hacer declaraciones para no complicar las cosas», dijo a los periodistas su actual esposa, María Isabel. Una veintena de familiares y amigos -y varios policías de civil- estuvieron con él en el camposanto.
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