EE UU inicia la descolonización de Puerto Rico después de 99 años de presencia en la isla

JOSÉ M. CALVO , Washington
En los 99 años que Puerto Rico lleva bajo la bandera de las barras y las estrellas, desde el Tratado de París de 1898, nunca sus habitantes han sido consultados por EE UU sobre la fórmula política que prefieren para la isla. Por fin, la maquinaria del Congreso estadounidense se ha puesto en marcha para llevar a cabo esa consulta y actuar en consecuencia. El proceso que ahora se abre debería desembocar en la celebración de un referéndum antes del 31 de diciembre de 1998, en el que los puertorriqueños decidirán si quieren ser un país independiente, si prefieren convertirse en la 51ª estrella de la Unión o si desean mantener la actual fórmula de Estado Libre Asociado.

La asamblea de legisladores de Puerto Rico ha solicitado en varias ocasiones a los congresistas de EE UU que abran el proceso de descolonización, con referéndum incluido. En 1989, el presidente George Bush recogió la petición y la hizo suya. Antes de que el Congreso se pusiera en marcha, los puertorriqueños celebraron un plebiscito en 1993, con el siguiente resultado: 48,6% a favor de mantener la relación actual con EE UU, 46,3% a favor de la integración plena y 4,4% a favor de la independencia.

Un año más tarde, en 1994, el presidente Clinton ordenó la puesta en marcha de un grupo de trabajo que revisara la política sobre Puerto Rico y que tuviera en cuenta los resultados del plebiscito.

En diciembre de ese año y después de constatar que había interpretaciones contradictorias con respecto a la consulta popular, la asamblea legislativa de Puerto Rico aprobó la denominada Resolución 62, en la que se solicitaba al Congreso una respuesta a los resultados del plebiscito y una orientación sobre el futuro político de la cuestión, que es de envergadura para Estados Unidos: Puerto Rico tiene una población de 3,7 millones de habitantes que lleva casi un siglo bajo la soberanía de Washington en un territorio estratégicamente situado en medio del Caribe.

El Congreso respondió con la elaboración de la Resolución 856, presentada el 28 de septiembre de 1996 con el título de Ley del Estatuto Político Puerto Rico-Estados Unidos. La resolución no pudo ser debatida en la anterior legislatura por falta de tiempo. Por ello, ahora se ha vuelto a presentar con las fechas ya fijadas. Se trata de un calendario de debates públicos en el propio Congreso estadounidense (el próximo miércoles, 19 de marzo) y en la isla (19 de abril en San Juan de Puerto Rico y 21 de abril en Mayagüez).

El texto que se somete a discusión se presentó el pasado 27 de febrero bajo la iniciativa del republicano Don Young, presidente del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes: «La resolución del estatuto político de Puerto Rico es una de las prioridades de este comité durante la actual legislatura», señaló Young al comunicar las fechas de las sesiones de debate de los congresistas, a las que están invitados los dirigentes de las tres fuerzas políticas más importantes de Puerto Rico: el actual gobernador, Pedro Roselló, que es también presidente del Partido Nuevo Progresista; el senador Rubén Berrios-Martínez, líder del Partido Independentista Puertorriqueño, y Aníbal Acevedo, que dirige el Partido Popular Democrático.

El congresista demócrata de Nueva York José Serrano, coautor de la Resolución 856 junto al comisionado residente de Puerto Rico en la Cámara de Representantes, Carlos Romero-Barceló, cree que se acerca la hora de definir la situación de Puerto Rico y destaca que en el texto se subraya que el Estado Libre Asociado equivale a una relación colonial.

Puente con Latinoamérica

Para Serrano, Puerto Rico desempeñará un papel importante, independientemente de la opción que escoja. «Si se integra como Estado federal, puede ser el puente de EE UU a Latinoamérica, pero si se define como república independiente y soberana, los lazos se mantendrán y podrá seguir cumpliendo la tarea de puente», asegura el congresista demócrata José Serrano.

Lo que parece claro es que los puertorriqueños no desean un cambio drástico por lo que se refiere a sus relaciones con Washington. Ni políticas, ni económicas, y ni siquiera militares. Pase lo que pase con el estatuto de la isla tras el proceso que ahora se inicia, el gobernador Pedro Roselló ha declarado que Puerto Rico está dispuesto a aceptar la instalación del cuartel general del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos.

Durante el próximo verano, como muy tarde, y ante la perspectiva de la retirada de las tropas norteamericanas de Panamá, prevista para el 31 de diciembre de 1999, el Pentágono, sede de la Defensa estadounidense, debería tomar una decisión sobre el asentamiento del Mando Sur, sin saber a ciencia cierta cómo acabará el proceso de descolonización. Además de Puerto Rico, se barajan otras cuatro posibilidades: Miami, San Antonio, Atlanta y Fort Benning.

Una papeleta, tres opciones y el inglés

J. M. C. , Washington
El proceso descolonizador acaba de comenzar, pero algunos detalles ya están bastante avanzados. «Instrucciones: marque la opción sobre el estatuto que usted elija tal como se define más abajo. Las papeletas con más de una opción no serán válidas». La Resolución 856 tiene ya previsto el modelo de pregunta que se haría a los puertorriqueños en el referéndum sobre su futuro, que en principio, de desarrollarse todo el proceso como está diseñado, debería celebrarse antes del 31 de diciembre del año que viene.

•El estatuto de commonwealth. Es la primera opción, y es equivalente a la actual fórmula del Estado libre asociado. En el texto de la pregunta se advierte que, si la isla finalmente se decide por esta relación con Estados Unidos, mantener o cambiar las diferentes leyes dependerá del Congreso, y que seguirá abierta la posibilidad de nuevas consultas en el futuro para establecer la situación definitiva de Puerto Rico.

•Soberanía separada. En este caso, es decir, en el caso de que se opte por la independencia, Puerto Rico se convierte en un país con su Constitución, sus leyes y sus normas, con la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación o libre asociación con Estados Unidos.

•La estadidad. Si se opta por la estadidad, es decir, la integración plena, Puerto Rico se adecúa al sistema federal como un Estado más, «con iguales derechos y beneficios, así como obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía, incluido el pago de los impuestos federales», según reza el texto previsto de las papeletas.

Este último caso tiene unas implicaciones lingüísticas especiales en Puerto Rico, que en los últimos años ha defendido con vigor el español. De darse este supuesto, el inglés, que es cooficial en la isla, junto al español, se convertirá en el idioma oficial. El Congreso reconoce que el español es la lengua hablada mayoritariamente por los puertorriqueños y admite las ventajas que eso supone «para Puerto Rico y para Estados Unidos en nuestras relaciones con el Caribe, Latinoamérica y el mundo hispanohablante».

Carlos Romero-Barceló, que representa a Puerto Rico en el Congreso, cree que eso significa que la isla «tiene la potestad de mantener el español como idioma», y que si Puerto Rico llega a ser el 51ª Estado de la Unión «se convertiría en un lugar ideal para el intercambio comercial, cultural y político entre EE UU y Latinoamérica».

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