MILENA FERNÁNDEZ
,San José
En cambio, considera Reina, en el cargo desde enero de 1994, que existen sectores que desean desprestigiar la imagen del Gobierno. Sectores reticentes al proceso actual de transferencia del poder de manos militares a los civiles. En este país centroamericano, las estadísticas muestran un dato curioso: a escala nacional han descendido los robos a viviendas, aunque presenta un incremento peligroso de robo de coches, asesinatos y atracos bancarios. Tegucigalpa y San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras, 165 kilómetros al norte de la capital, son los escenarios preferidos de los delincuentes.
La denominada «banda de enmascarados» inició sus operaciones el pasado 15 de enero en San Pedro Sula. Sus integrantes se distinguen porque portan chalecos antibalas y pasamontañas en sus rostros. En cuatro meses han matado a 13 personas y cuentan ya con un botín de 200.000 dólares.
La prensa y varios organismos de derechos humanos han insinuado que detrás de los enmascarados hay sargentos policiales retirados. Reina, por su parte, declara que tales sospechas «podrían ser ciertas».
La semana pasada hubo una manifestación gigantesca en San Pedro Sula. En las pancartas, se solicitaba a su Gobierno que «actúe ya». ¿Qué se está haciendo para frenar la ola de violencia en Honduras?
El actual Gobierno hondureño es el que más ha ayudado a la policía en toda su historia. Lo que pasa es que, como ocurre en otras partes del mundo, median argumentos políticos que desnaturalizan los hechos. Nosotros hemos movilizado al Ejército con 1.000 soldados a San Pedro Sula para vigilar las calles. Han traído tranquilidad. Estamos en proceso de trasladar la policía del poder militar al poder civil. En Honduras, el poder civil no valía absolutamente para nada. Hoy el poder civil dirige al país, pero los del viejo estilo son los que dirigen esas campañas contra el Gobierno, que son muy mezquinas y tienen como objetivo desprestigiar al país, al Gobierno y al partido en el poder.
Sin embargo, los empresarios se quejan de la escasa vigilancia policial y de que esta situación aleja a los inversionistas.
Al contrario, la inversión está llegando más que nunca. Se está construyendo en Tegucigalpa el centro comercial más grande de Centroamérica. Quienes tergiversan las cosas son los miembros de la oposición infiltrados en la empresa privada.
Pero hay una realidad que no se puede negar: en Honduras circula un millón de armas que están en manos de civiles.
Esto tiene una explicación muy sencilla: es una secuela de la guerra fría. Las potencias mundiales habían escogido a Centroamérica como escenario de la guerra. Esas armas se están recogiendo. Hemos ordenado el desarme absolutamente general. Hay protestas porque se le quitan armas al que delinque en la calle, pero también a la gente honrada. Es cierto que hay un millón de armas sin licencia, pero ese número se está reduciendo.
¿Qué posibilidades existen para que el Congreso hondureño apruebe una legislación que pretende penar severamente la tenencia ilegal de armas?
Se va a aprobar porque la mayoría la tiene el partido de gobierno. Desde luego, no es fácil desarmar inmediatamente a una región que fue armada para una confrontación ideológica entre Estados Unidos y en aquel entonces la Unión Soviética.
¿Cuánto puede tardar la aprobación de esta ley?
Debe ser lo más pronto posible. No le puedo dar una fecha.
¿Qué ambiente hay en Honduras para establecer la pena de muerte?
La gente reclama que se imponga. Eso no es posible porque Honduras ha firmado la Convención sobre Derechos Humanos, que nos lo impide. Tendríamos que retirarnos de ese organismo, y eso no es posible. Lo que sí estamos haciendo es una reforma de la Constitución para establecer la cadena perpetua.
¿Es realmente la cadena perpetua una solución contra la delincuencia?
Es lo único que podemos hacer. Yo no creo en la pena de muerte. Soy cristiano y soy liberal. Donde hay pena de muerte no hay menos crímenes. La pena de muerte tiene un gran defecto: es irremediable.
¿Ex miembros del Ejército manejan a su antojo las bandas que matan y secuestran?
Podría ser cierto. La Dirección de Investigación Criminal está en manos muy competentes. La fiscalía también hace lo suyo. Todo ello busca esclarecer los crímenes. En el asesinato del empresario Ricardo Ernesto Maduro (hallado muerto el pasado 23 de abril) ya fueron capturados varios, y se tienen los nombres de la banda.
¿Son ex militares?
Parece que uno de ellos es un ex militar.
En Honduras, quienes antes defendían a la población parece ser que ahora son los amos del crimen organizado.
Es un hecho que alguien que estuvo manejando armas o que fueron miembros de la Contra, que era la expresión desenfrenada de la posesión de armas, después se volvieron delincuentes. Eso no quiere decir que el Estado se haya quedado con los brazos cruzados. Honduras ha mejorado enormemente en todos los sentidos: ética pública y procesamiento de delincuentes. Lo que pasa es que algunos se escudan en la inmunidad que tienen como funcionarios.
¿Se atreve a garantizar que en esas investigaciones a los ex militares se les va a juzgar con todo el peso de la ley?
Este Gobierno ha cambiado la relación civil-militar en Honduras. Cuando se dieron las primeras diez órdenes de captura de militares, el Ejército contestó que era una ofensa. Hoy ya dicen que son responsabilidades personales, y las diez personas andan huyendo, son perseguidos por la justicia.
¿Por qué su Gobierno rechazó la reciente propuesta de los empresarios para declarar el estado de excepción en San Pedro Sula?
Porque no lo ameritaba. Estado de excepción es cuando el asunto se le va de las manos al Gobierno, y el Gobierno tiene perfecto control. Lamento que lo pidiesen defensores de los derechos humanos, porque en estado de excepción se suspenden las garantías. Los empresarios manejan temas que no conocen en una forma muy, pero muy irresponsable.
Hace cinco años, San Pedro Sula era la ciudad de mayor crecimiento en Centroamérica. Hoy es la de mayor crecimiento, pero de delincuencia. ¿Por qué, si acaba de decir que todo está bajo control?
El propio crecimiento trae la violencia: el dinero atrae los vicios, el lavado de dinero y todo eso produce delincuencia. No descarto en el fondo rivalidades por desprestigiar esa ciudad. Me refiero a rivalidades de inversiones porque San Pedro Sula ha tenido un crecimiento extraordinario. Volverá a ser la ciudad estrella de Centroamérica cuando se logre controlar la violencia.
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La crisis económica ha afectado de lleno a las jóvenes democracias centroamericanas en un momento en que tratan de enterrar un pasado de enfrentamientos fratricidas. El resultado está siendo un alarmante incremento de la violencia común, asociada al robo y en ciertos casos al narcotráfico, que amenaza la estabilidad social y política de la región. Honduras, que en las últimas semanas ha visto como algunos sectores sociales (empresarios e Iglesia) pedían la instauración del estado de excepción y más mano dura, es el último ejemplo. A pesar de ello, el presidente hondureño, Carlos Roberto Reina, en una conversación con EL PAÍS, niega que el fenómeno se pueda interpretar como un síntoma de ingobernabilidad.