JUAN JOSÉ DALTON,
San Salvador
Guadalupe Mejía, presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), es una de las pocas personas que enarbola la lucha para dar con el paradero de los desaparecidos. Afirma que el actual Gobierno de Armado Calderón Sol «se niega a escuchar los reclamos de los familiares de las víctimas».
Pero Mejía no sólo cuestiona al Gobierno, sino que hace ver que tras la legalización del ex rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), también «existe insensibilidad desde este lado, con el cual estaban vinculadas, de una forma u otra, la mayoría de las personas que desaparecieron forzosamente por motivos políticos».
El Gobierno y el Ejército han negado en reiteradas ocasiones que haya existido la práctica de tales métodos contra los insurgentes. No obstante, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas, dependiente de las Naciones Unidas, ha precisado que, oficialmente, se han tomado «escasas medidas» para esclarecer los 2.200 casos que tiene registrados. Este organismo recuerda al presidente Calderón que tiene el compromiso de hacer «una investigación exhaustiva e imparcial para aclarar la suerte de las víctimas de las desapariciones forzosas».
La ONU destaca que desde 1992 hasta ahora no ha registra ningún nuevo caso de desapariciones. Mejía, sin embargo, afirmó que sí los ha habido, al referirse a Fernando Javier Rodríguez Martínez, de 18 años, secuestrado en agosto de 1996 y de quien no se tiene información desde entonces.
Según los registros de la ONU, seis personas han sido encontradas con vida y los familiares de otras seis fueron informados de su fallecimiento. Tal es el caso de la psicóloga Mirna Rosa, declarada desaparecida el 17 de diciembre de 1980, pero tres días antes de que su cadáver fuese encontrado en una carretera rural. Por su parte, la ex diputada Sonia Aguiñada, fue hallada con vida tras haber sido secuestrada el 30 de mayo de 1983. Durante tres días estuvo detenida en una casa clandestina, luego fue trasladada a las cárceles de la Policía Nacional y, finalmente, al Penal de Mujeres. El 10 de mayo de 1984 fue liberada mediante un canje con un alto oficial que había sido capturado por el FMLN.
La diputada Nidia Díaz, de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, niega que exista «indiferencia» sobre la cuestión de los desaparecidos. Alega que en la pasada legislatura (1994-1997) la investigación de muchos casos se quedó paralizada. En su opinión, esta situación se va a resolver en la presente legislatura gracias a los avances políticos logrados por el FMLN. Una ley declarará próximamente el 30 de agosto como Día del Desaparecido, ordenará la construcción de un monumento, ratificará un Convenio Interamericano contra las desapariciones forzosas y demandará una reparación moral y material para los familiares de las víctimas. Igualmente, se creará una comisión investigadora del paradero de las personas desaparecidas.
«Está vigente la ley de amnistía general que decretó el ex presidente Alfredo Cristiani en 1993, con la que quedaron impunes crímenes de lesa humanidad, como asesinatos y desapariciones», advierte. Aunque para el caso de desapariciones, la ex guerrillera Nidia Díaz reveló que se está estudiando la posiblidad de ofrecer incentivos económicos a aquellas personas que den información sobre cementerios clandestinos y que ayuden a localizar el paradero de los 8.000 desaparecidos registrados en El Salvador entre 1980 y 1992, durante el conflicto bélico que causó la muerte de 75.000 personas, destruyó la infraestructura económica del país y provocó la migración de una tercera parte de la población.
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Cinco años despues del fin de la guerra civil en El Salvador, los familiares de los 8.000 desaparecidos reclaman la aclaración del destino de sus seres queridos, víctimas del método de neutralización del adversario político, patrimonio casi exclusivo del Ejército, cuerpos policiales y escuadrones de la muerte de la extrema derecha, con vínculos con el Gobierno y el poder oligárquico. Tras el cese del enfrentamiento armado, los familiares sentaron sus esperanzas en la posibilidad de investigar lo sucedido, pero se han topado con un muro de indiferencia.