El Salvador lanza un amplio consenso nacional para reformar el Estado y salvar la economía
JUAN JOSÉ DALTON,
San Salvador
El empeño no es fácil. Se trata de armonizar modelos de desarrollo económico profundamente divergentes. Los importantes rezagos del país lo hacen todavía más difícil. Por ejemplo, cómo vencer la pobreza será uno de los temas fundamentales de la comisión, que tiene un plazo de cuatro meses para entregar a Calderón un pliego de propuestas para la elaboración del citado Plan Nacional de Desarrollo.
Estadísticas oficiales de 1995 muestran que el 47,5% de los hogares salvadoreños están por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, organismos privados calculan que el 70% de la población está afectada por la miseria. Las Naciones Unidas sitúan a El Salvador, junto a Haití y Nicaragua, entre los países más pobres de América.
«Es absolutamente imperativo modificar la situación de la pobreza extrema, un objetivo que retórica y discursivamente comparten todos, pero que en métodos y políticas están muy distanciados», explica Samayoa.
En la comisión están representadas todas las tendencias. Hay quienes proponen que se debe favorecer al sector productivo y al exportador para que se ensanchen las capas medias de la población. Otros se inclinan por una acción inmediata y directa del Estado mediante la protección, los subsidios o los incentivos a diversos sectores.
Con todo, el plan tiene sus críticos. El director de la sección local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Héctor Dada, cuestionó el hecho de que en la comisión recién formada no estuvieran representadas las fuerzas laborales, «las víctimas del modelo vigente». No obstante, afirmó que es absolutamente urgente consensuar un plan ante el agotamiento del modelo actual, que mantiene estancada la economía desde mediados de 1995.
Por otra parte, las implicaciones legales del empeño son harto complicadas. Samayoa explica que la descentralización del Estado, una de las tareas fundamentales de la comisión, podría requerir de un plebiscito. De igual forma, la comisión tendrá que decidir si aconseja o no al presidente sobre la necesidad de convocar una Asamblea Constituyente con la finalidad de reformar la Carta Magna de una manera integral y suficientemente debatida entre las fuerzas políticas. Ello evitaría que los cambios fundamentales para la democratización y modernización del Estado salvadoreño se ejecuten de forma improvisada y antojadiza como ha sido norma en el pasado.
Por todo ello, la comisión no tiene una responsabilidad fácil. Pero, por otra parte, podría llegar a formidables conclusiones que el Gobierno tendría que implementar con decisión y capacidad, algo de lo que no ha dado muchas muestras hasta ahora y por lo que ha sido objeto de numerosas críticas.
«El momento es propicio porque en las pasadas elecciones se evidenció, ante todo, que el deseo de los salvadoreños es el entendimiento, la moderación y la concertación», concluye Samayoa, quien justifica así el papel que debe jugar el nuevo equilibrio político entre el poder legislativo, controlado por la derecha, y los municipios, una mayoría de los cuales eligió al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en los últimos comicios, celebrados el pasado 16 de marzo.
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El Salvador está tratando de construir, por primera vez tras décadas de choques fratricidas, un consenso en torno al futuro del país, y especialmente sobre la economía. Esta semana, el presidente Armando Calderón aprobó una comisión pluralista que se encargará de diseñar un Plan Nacional de Desarrollo que asegure el despegue socioeconómico y una profunda reforma del Estado. Forman parte de la comisión, entre otros, David Escobar y Salvador Samayoa, que negociaron entre 1990 y 1991 el fin de la guerra. «Tal esfuerzo no tiene precedente en El Salvador», dice Samayoa.
Los denominados Acuerdos de Chapultepec pusieron fin a la guerra civil en El Salvador y constituyeron la base de la actual apertura del sistema político. Ahora se trata de asegurar el futuro económico mediante un pacto entre los principales sectores del país. El consenso que el Gobierno trata ahora de construir busca acabar con los modelos políticos excluyentes que históricamente han sido fuente de graves conflictos y guerras intestinas.