Latinoamérica quiere dificultar el tráfico de armas que alimenta a 'narcos' y terroristas
JUAN MIGUEL MUÑOZ
, Cancún
La lucha en solitario es inviable. Por ello, el proyecto para la Convención contra la Fabricación, Tráfico, Venta y Traspaso ilícito de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, como se denomina el texto, fija una serie de mecanismos de control en los que es imprescindible la colaboración entre los Gobiernos.
Los expertos son conscientes de que la cooperación regional es un requisito sine qua non para poner coto al tráfico de armas. El proyecto prevé la creación de un grupo de enlace para armonizar y actualizar las legislaciones de los países firmantes del pacto. Se establecerá también un sistema de información en cada país con el fin de controlar las armas desde su fabricación hasta la venta final. Además, representantes de todos los países formarán un comité consultivo para intercambiar información, impulsar investigaciones e iniciar programas de capacitación de los cuerpos de seguridad, en muchas ocasiones infiltrados por los narcotraficantes o con altos porcentajes de agentes corruptos.
Sin demora posible
Un grupo de expertos revisará en los próximos meses los últimos detalles de forma que el tratado esté listo para la próxima cumbre de la OEA, que tendrá lugar entre el 2 y el 6 de junio en Lima (Perú). Los técnicos advirtieron que la proliferación de armas ha adquirido tal magnitud que la regulación es ineludible y no admite demora.
Ya no son las guerrillas -pese a que todavía se descubren en Centroamérica arsenales procedentes de movimientos armados como el salvadoreño Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, hoy reconvertido en fuerza política- el quebradero de cabeza de los Ejecutivos latinoamericanos. El narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo han sustituido a los movimientos armados surgidos durante la guerra fría . Narcos y terroristas asustan ahora mucho más que una izquierda de capa caída en todo el continente. A ello se añaden, cuando menos, dos obstáculos importantes: la tradición de poseer y portar armas en numerosas regiones y la dramática situación económica de varios Estados en los que la delincuencia común se ha disparado.
El acuerdo de cooperación en el ámbito armamentístico tiene al menos un precedente en América Latina que se ha aplicado con indiscutible éxito. Hace treinta años se suscribió en la capital mexicana el Tratado de Tlatelolco para eliminar en Latinoamérica la posibilidad de que cualquier país se hiciera con armas nucleares.
El continente es hoy una zona desnuclearizada, aunque también ha contribuido a esta óptima situación, sin duda alguna, el escaso poder adquisitivo de la mayoría de países de la zona y la inexistencia de conflictos graves, crónicos o de supervivencia entre los Estados latinoamericanos.
El Grupo de Río está formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, así como, rotativamente, un país centroamericano y otro caribeño.
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Traficantes de drogas y terroristas han suplantado a las guerrillas de izquierda en las preocupaciones de los Gobiernos de América Latina. El creciente trasiego de armas ha llevado al Grupo de Río, del que forman parte 14 Estados del continente, a promover con urgencia un tratado que dificulte el tráfico ilegal de armamento en la región. Tras una reunión de dos días en Cancún (México), que acabó el viernes por la noche, funcionarios y expertos acordaron enviar a la próxima asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio, un proyecto para acabar con la venta ilegal de armas. El acuerdo se presentará también en la ONU para que se pueda adherir cualquier país del mundo.
Coincidiendo con la posibilidad de que el Gobierno de Bill Clinton elimine la prohibición de vender armas convencionales que pesa sobre varios países latinoamericanos, los especialistas alentaron a los Estados miembros del Grupo de Río a no perder un instante para frenar las transferencias que se producen fuera de los canales oficiales.
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