L. VINOGRADOFF
, Caracas
Mediante un reciente decreto, el Gobierno autorizó la explotación de la mitad de los tres millones de hectáreas que componen esta reserva forestal única, situada entre los Estados Bolívar y Delta Amacuro y a unos 850 kilómetros al sureste de Caracas.
Después de la sonada (y exitosa) subasta de pozos de petróleo hace dos semanas, el Gobierno se propone ahora activar la minería de la dormida Amazonia venezolana, lo que ha generado serios enfrentamientos con algunos sectores políticos y ambientalistas. La guerra por la defensa de esta zona privilegiada promete ser larga.
En busca de inversores
Según los últimos estudios geológicos, Imataca tiene 10.000 toneladas métricas en reservas de oro, cuyo valor actual sería de 112.529 millones de dólares. El plan oficial busca producir 50 toneladas anuales (actualmente es de 12) y captar inversiones extranjeras del orden de 15.000 millones de dólares en diez años. Para licitar las parcelas se han inscrito cerca de 600 empresas. Entre ellas abundan las canadienses, británicas, australianas, estadounidenses, alemanas y chilenas.
Pero los grupos opositores al proyecto de Caldera preparan ya un plan de choque para neutralizar unas acciones que consideran altamente agresivas para la salud medioambiental de este patrimonio natural. Entre otras cosas, están adelantando un fuerte movimiento de protesta para obstaculizar las concesiones y presionar al Gobierno para que derogue el polémico decreto. Imataca está considera como un tesoro único e irrecuperable. El especialista mundial Eugene Odum lo define en los siguientes términos: «En unas pocas hectáreas hay más especies de árboles que en la flora entera de Europa».
La zona del Imataca pertenece al precámbrico, uno de los más antiguos periodos geológicos de la Tierra. Conocida también por su cinturón de rocas verdes, es una serranía de 400 y 600 metros de altitud, con siete ríos y bosques densos. Para dar una idea de la magnitud de sus proporciones, basta decir que sus árboles oscilan entre 2 y 30 metros de altura. Y su mayor riqueza es la biodiversidad y la hídrica.
«Es un tesoro genético forestal a punto de ser destruido», afirma el presidente del Colegio de Antropólogos y Sociólogos, Alexander Luzardo, al señalar que los suelos de Imataca son extremadamente frágiles, «donde hay una biodiversidad única y en algunos casos requiere de 200 años para regenerarse y en otros resulta irrecuperable».
Luzardo afirma que en la fase exploratoria de los yacimientos se arrasa con el bosque y «lo mismo ocurre con la extracción del oro de aluvión. Está en peligro el inmenso potencial hídrico de la sierra por contaminación mercurial y de cianuro en las cuencas de los ríos». Añade que la pretendida creación oficial de 300.000 empleos en la zona producirá un caos ecológico, pues la fiebre del oro traería una invasión de 1,5 millones de personas, en su mayoría aventureros de Brasil y Colombia.
Américo Martín, coautor del decreto y asesor de una de las multinacionales interesadas, dice que no habrá invasión, que se explotará oro de veta y no de aluvión; se creará una superintendencia oficial para la vigilancia y control y el impacto social será «positivo», pues el 20% de los mineros desempleados serán absorbidos por las grandes empresas.
El presidente de la comisión parlamentaria de Ambiente, César Pérez Vivas, acusó a las multinacionales de presionar al Gobierno de Caldera para que autorizara la explotación del oro en Imataca. «En su Gobierno se están moviendo poderosos factores mineros internacionales para empujar a Venezuela a una apertura minera irracional e indiscriminada. Estamos haciendo este reclamo con el ánimo de que el Gobierno rectifique y no sea el responsable del desierto que va a tener el Amazonas».
Intereses creados
Los empresarios venezolanos también han admitido que hay intereses creados en el Gobierno para permitir la explotación del oro. Y no son los únicos. Los indígenas, universidades y grupos ambientalistas se han unido al Parlamento para organizar un movimiento nacional en contra del decreto, alegando que si el Gobierno no puede controlar la ilegalidad de 100.000 aventureros que actualmente explotan 300.000 hectáreas de Imataca, tampoco tendría capacidad para vigilar una extensión mayor, como 1,5 millones de hectáreas». No obstante, los ministros de Ambiente y de Minas insisten en el reglamento de uso de la zona que, en su opinión, no causará daños a la selva.
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Venezuela vive días de revuelo ecológico. Parlamentarios y miembros de organizaciones de defensa medioambiental han hecho causa común para impedir al Gobierno de Rafael Caldera la explotación intensiva de oro y diamantes de las reservas de Imataca, una de las zonas más ricas de la Amazonia, que corre un serio peligro de destrucción con la llegada inminente de varias compañías mineras.