Guerra de descalificaciones entre el PRI
y la oposición conservadora en México
MAITE RICO
, México
La reacción del presidente no se hizo esperar: sólo con dinero «mal habido o robado» hubiera podido él adquirir una propiedad semejante. Por el contrario, lo que poseía era una casa mucho más modesta, comprada a crédito, y además estaba al corriente de los pagos. Con la pelota en su tejado, el panista acusó el sábado al presidente de injuriarle, y aseguró que este sistema «corrupto y cobarde» nunca podrá mancillar su honor.
Mientras tanto, el PRI está aprovechando bien la munición proporcionada por la polémica actuación del panista Antonio Lozano al frente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Cúmulo de irregularidades
Lozano fue destituido por Zedillo el pasado diciembre, después de varios escándalos que destaparon un cúmulo de irregularidades en las investigaciones de los asesinatos de los políticos priístas Luis Donaldo Colosio -candidato a la presidencia en las elecciones de 1994- y José Francisco Ruiz Massieu -secretario general del PRI hasta su muerte a tiros, en septiembre de 1994, en pleno Distrito Federal-.
Lozano ya ha empezado a prestar declaraciones ante la Secretaría de la Contraloría, que realiza una auditoría sobre el manejo de los fondos de la PGR en los dos años que estuvo encabezada por él. Y ayer, tercer aniversario del asesinato de Colosio -tiroteado en un mitin en Lomas Taurinas, en la ciudad fronteriza de Tijuana, el 23 de marzo de 1994-, el PRI acusó al ex procurador de «no haber querido profundizar» en la pista del narcotráfico como uno de los posibles móviles (entre muchos otros) del crimen. El presidente del PRI, Humberto Roque, anunció que esta semana entregará unos documentos que demuestran que Lozano desestimó una serie de pruebas que hubieran aportado valiosa información sobre el atentado.
El equipo de Lozano, dirigido por el polémico detective Pablo Chapa (hoy prófugo), apostó por un «compló» que nunca pudo demostrar y que supuso la detención y el encarcelamiento de varias personas que fueron liberadas después por los tribunales por falta de pruebas.
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Los aires preelectorales que se viven en México empiezan a generar tempestades en la clase política. Los primeros en subir al cuadrilátero han sido el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), la más firme amenaza al poder priísta ante los comicios legislativos y municipales del próximo 6 de julio. Ambos se han enzarzado en varias escaramuzas que han enrarecido el arranque de las campañas, mientras que el tercero en discordia, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), contempla con alborozo la guerra de trapos sucios de sus rivales.
El primer combate, aún sin terminar, lo disputan el panista Diego Fernández de Cevallos y el mismísimo presidente Ernesto Zedillo. Fernández de Cevallos se la tenía jurada al PRI desde que se hiciera pública su deuda fiscal por una propiedad en Punta Diamante, una urbanización de lujo en Acapulco, en el por lo demás pobre y colvulso Estado de Guerrero. El pasado martes, el político panista aprovechó el anuncio del pago de sus atrasos para afirmar que Zedillo también debía varios meses de impuestos por una casa en esa misma urbanización.