«¡Protege nuestra patria! ¡Denuncia al terrorismo!». Solucionada al asalto la crisis de los rehenes, la Policía Nacional de Perú ofrece 10 millones de pesetas por la cabeza del último jefe en libertad del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). «Si proporcionas algún dato que nos lleve a la captura de Hugo Avellaneda Valdez serás recompensado de forma anónima», promete la requisitoria publicada este fin de semana en la prensa local. «Y si estás en prisión, además de la recompensa recibirás el indulto».
(dcha.), en la embajada de su país en Lima (Reuter). |
Aunque el asalto del 22 de abril puso fin a cuatro meses y cinco días de zozobra, y fue agradecido por el primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, en una visita relámpago a Lima, persisten las causas económicas y sociales que dan lugar a la violencia de grupos como el MRTA. «Ésta es la verdadera lección que debería extraer el país y sobre todo quienes manejan y orientan las grandes decisiones», dice el analista Antonio Romero. Los logros registrados con la privatización de empresas públicas y las reformas emprendidas por Fujimori son tan evidentes como alarmantes sus costes: 700.000 despedidos en seis años, y enquistamiento de índices de pobreza o miseria que castigan desde hace siglos a casi la mitad de los 24 millones de peruanos. Aunque el país recuperó el crédito internacional, la servidumbre de una deuda externa superior a los 20.000 millones de dólares es agobiante, engulle la parte del león de los capitales ingresados, y contribuye a la irritación de los más necesitados, que viven y no perciben los beneficios del dinámico crecimiento macroeconómico.
El politólogo Hugo Adán advierte que si el autoritarismo del presidente arrecia y los excluidos de la economía se dan la mano con los excluidos de la política «ese día habrá acabado la revolución neoliberal » . «Muchos estarán en camino», prosigue, «de otra revolución, inédita quizá, luchando y cantando con cólera la vieja canción que pedía a Dios que dé vuelta a la tortilla y los pobres coman pan». La deseada convergencia entre el Gobierno y la fragmentada oposición para abordar los problemas nacionales más urgentes no se da. Al contrario, se acentúa la arremetida oficial contra la discrepancia.
«El Estado peruano es en estos momentos un campo de batalla en el que las fuerzas del Gobierno intentan reducir los últimos bastiones que no controlan», admite Jaime de Althaus, comentarista del Expreso, diario generalmente proclive a las tesis del Ejecutivo. A las reformas judiciales partidistas, y al acoso contra los cuatro miembros del Tribunal Constitucional contrarios a una nueva reelección de Fujimori, se sumó esta semana la denuncia del Consejo Supremo de Justicia Militar contra el molesto fiscal de la nación.
Pero el respaldo a Fujimori, incluso en los momentos más difíciles y abusivos de su mandato, es todavía alto. Las barbaridades del terrorismo de Sendero Luminoso fueron tantas, y la hiperinflación del anterior Gobierno desquició de tal manera que la estabilidad monetaria y el patadón del 5 de abril de 1992 al Estado de derecho fueron jaleados como liberadores y aún reportan dividendos a Fujimori.
(Fujimori fue intervenido quirúrgicamente en la boca en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, especializada en el tratamiento contra el cáncer, según informó a primera hora de la madrugada de hoy, hora española, la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, que indicó que su evolución era satisfactoria, informa la agencia Efe).
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