MAITE RICO ENVIADA ESPECIAL, San José
El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y los siete gobernantes de Centroamérica y la República Dominicana han proclamado con optimismo el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales. Este es el trasfondo del documento suscrito ayer por los mandatarios en San José de Costa Rica, que, si bien no deja de ser un catálogo de buenas intenciones, al menos sienta las bases para un trato basado en la reciprocidad y el respeto. Centroamérica ya no es el campo de batalla de la guerra fría, sino un conjunto de democracias atenazadas por la ruina económica y la inestabilidad social.

Bill Clinton y su esposa, Hillary, con unas máscaras de conquistadores en México (Reuter).

El documento final de la cumbre de San José, que concluyó en la tarde de ayer, ha decepcionado a quienes esperaban una lista de medidas concretas y efectivas. Las aspiraciones de los gobernantes centroamericanos eran muy concretas: lograr acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o, en última instancia, una mayor apertura del vecino del norte a sus productos, y una amnistía para sus emigrantes amenazados por la ley de inmigración estadounidense que entró en vigor el 1 de abril.

Ninguno de los dos objetivos han tenido cabida en el acuerdo, cosa que se veía venir, pero al menos se han dado pequeños pasos. En el aspecto comercial, Estados Unidos ha rehuido la petición centroamericana evocando el proyecto continental de supresión de aranceles -el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que se pondrá en marcha en el año 2005-. Pero mientras llega ese momento, el presidente Clinton se ha comprometido a flexibilizar los intercambios comerciales. Para ello presentará ante el Congreso un presupuesto que ofrece la reducción de aranceles en los próximos cinco años para artículos centroamericanos y caribeños. Además, de la cumbre de San José nacerá un Consejo de Comercio e Inversión que impulsará acuerdos regionales específicos.

En el tema de la migración, Clinton reiteró, como ya hizo en México, que la reciente ley estadounidense se aplicará «con sensatez y humanidad». Si bien la petición de amnistía se fue a la papelera, el presidente admitió que su país debería ofrecer a los inmigrantes centroamericanos un «trato especial» porque Estados Unidos tomó parte muy activa en los conflictos que generaron el éxodo de tres millones de personas de la región. De ellas, un millón se encuentra en situación ilegal, mientras otros tienen permiso de estancia, pero no de ciudadanía, con lo que estarían también amenazados por la ley. La sola idea de las deportaciones masivas pone a temblar a estos pequeños países, cuyos índices de desempleo son alarmantes y cuyas finanzas se mantienen en pie gracias a las divisas que reciben de sus emigrantes. En El Salvador, por ejemplo, las remesas, que llegaron a 1.100 millones de dólares (más de 160.000 millones de pesetas) en 1996, son ya el primer rubro de la economía.

El presidente Clinton lo sabe y ayer volvió a garantizar verbalmente que no habrá deportaciones masivas, y que se tendrá en cuenta la situación familiar de los afectados.