JUAN JESÚS AZNÁREZ ENVIADO ESPECIAL , Lima

Fujimori saluda al inaugurar la sesión anual de la judicatura. (Reuter)

El suicidio en Lima de un matrimonio campesino fugitivo del hambre no debiera ser endilgado al autogolpe del presidente Alberto Fujimori, ejecutado hace hoy cinco años, porque la pobreza, el fatalismo o la desesperación son cosa de siglos en América Latina, y a los míseros igual les viene la democracia que la dictadura. Primero envenenaron al niño, y luego se cortaron las venas en una pensión de mala muerte. «No soportamos más vivir como mendigos, sin trabajo. Es díficil ver a un hijo padecer hambre», dejaron escrito el pasado 11 de enero los suicidas, emigrados meses atrás desde la población andina de Matucana. «Que Dios nos perdone, él sabe que hicimos todo los posible para salir adelante».

Millones de peruanos pretenden salir adelante con un Gobierno que registra aciertos y fracasos, pero ha avanzado sobre el caos anterior. A un lustro de la sublevación cívico-militar contra una democracia despreciada entonces por la mayoría, los sectores más comprometidos con el pluralismo aún se duelen de aquel atropello, pero el nacional promedio no se inmuta con la infausta efemérides, ni parece renegar del patadón al Estado de derecho porque apostó por el ingeniero agrónomo asociado a la prosperidad nipona. Confió en las maneras de un técnico tenido como incorruptible y pragmático, firme contra el terrorismo, los sinvergüenzas y la hiperinflación . «El chinito no se casa con nadie», celebraban.

El despliegue de carros de combate del 5 de abril de 1992 había sido aceptado pasivamente porque la judicadura y el Congreso eran percibidos como instancias de sueldos siderales y corrompidas hasta la médula, varadero de zánganos y trituradora de los proyectos del Ejecutivo.

Máximo San Román, vicepresidente del Gobierno cuando la asonada, dimitió. «Perú está sufriendo las consecuencias del golpe. Los pueblos tienen cada vez menos trabajo; los jóvenes, menos oportunidades de poder seguir adelante, y las empresas están languideciendo», condena. «Se está privilegiando la inversión extranjera; se subestima el talento y valía de los peruanos, y se posterga el crecimiento del sector productivo nacional».

Levantada la cuarentena internacional, Fujimori arrolló en las elecciones de hace dos años; quiere un tercer mandato, y aunque continúa con las inaguraciones de escuelas y la entrega de ambulancias, Emeteria protesta en el cerro de San Cosme: «Cuando baño a mis hijos, luego les salen como granitos. Es que el agua es medio turbia. ¿Hasta cuándo voy a vivir así?». Esta vecina compra el agua, como lo hacen más de un millón de limeños de los arrabales sin grifos, ni alcantarillado. Salir adelante cuesta, y abundan las Emeterias.

Detenido el fuerte crecimiento de ejercicios anteriores, más irascible el país y frecuentes las reclamaciones de la oposición contra los abusos legales y una constitucionalidad que denuncian como hecha a la medida de Fujimori, éste perdió buena parte de la popularidad, pero aún conserva fuerte pegada. Según una encuesta del Instituto de Desarrollo e Investigación de Ciencias Económicas (IDICE) de la pasada semana, el 42,5% de los consultados aprueba su gestión.

Con la liberalización, la economía «subió como la espuma porque partía casi de cero», señala un empresario. Sin que los rebrotes de Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) parezcan amenazar seriamente la ejecución del programa, Perú suelta lastre: acometió reformas estructurales, ordenó las cuentas públicas, cumple con la agobiante servidumbre de la deuda y aumenta las reservas.

En franco retroceso la violencia como militancia política, los menos llorarían un asalto militar a la residencia tomada por el MRTA, o la voladura de las cárceles donde cumplen condena los presos de Sendero Luminoso. El grueso de la sociedad no se alarma tanto de la impunidad de los grupos parapoliciales que agreden u hostigan a opositores, o de las complicidades castrenses en el narcotráfico, como de las diarias penurias, y de los 700.000 despidos de los últimos siete años: entre 400.000 empleados estatales y 300.000 privados, según la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP). Ese número, discutido por fuentes gubernamentales, y la limitada creación de empleo reforzarían las tesis de quienes sostienen que la depuración laboral ha aumentado el porcentaje de pobres .

Javier Rodríguez, autor del libro De profesional a taxista, dice que, contrariamente a países europeos como España, donde el parado recibe una paga, «aquí no hay ninguna clase de protección, ni la va a haber. Las personas desempleadas buscan hacer algo, venden chicles en una esquina, armar cualquier negocio. Si no se mueren de hambre». Según cifras oficiales, el 50% de la población activa tiene un trabajo adecuado; el 7% de la otra mitad no tiene ninguno, y el 43% restante se busca la vida como puede: es bracero ocasional, ensaya un negocio, instala un puesto ambulante, lustra zapatos o lava coches en los semáforos.

Todos ingresan en torno a los 100 o 150 dólares al mes, lo justo para abonar un cubierto con buen vino . Mal pagados, muchos policías delinquen; un teniente general del Ejército gana, sin pluses de gasolina, aproximamente 600 dólares, y Fujimori, 1.000 dólares . El 4,5% de los 23 millones de peruanos penan en la extrema pobreza.

Privatizar para crecer
Los servicios privati- zados funcionan mejor, y la Telefónica española recupera aceleradamente los 2.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de pesetas) invertidos en la compra de la peruana. El Gobierno dice que el doloroso ajuste y reducción de plantillas son inevitables para sentar las bases de un crecimiento sostenido, generar riqueza y luego repartirla.

Así lo esperan desde Río Grande a la Patagonia. Y entre tanto se pide paciencia porque los males anteriores son profundos. También en Perú se observa un mayor distanciamiento entre pobres y ricos. El sindicalista Isidoro Gamarra se pronunció guerrero en su 90 cumpleaños. «No habrá paz mientras haya pobres». Es la advertencia de Néstor Cerpa Cartolini, jefe del comando del MRTA atrincherado con 72 rehenes en la residencia del embajador japonés en Lima.

Perú afronta un largo proceso para abrir una brecha importante en las estadísticas latinoamericanas de la vergüenza, y resolver las carencias sociales no sufragadas por los éxitos macroeconómicos, o la multimillonaria entrada de capitales extranjeros.

«La gente protesta porque no ve los millones de las privatizaciones», destaca una periodista local. Los índices de mortalidad, insalubridad, marginalidad o deserción escolar se mantienen muy elevados y se discute sobre su tendencia. Es alcista o decrece, según las estadísticas de referencia, casi todas sesgadas. A cinco años del autogolpe, los habitantes del antiguo virreinato permanecen más atentos a la cesta de la compra que al autoritarismo del presidente Alberto Fujimori, el deterioro institucional, o las trampas imputadas al Ejecutivo para debilitar o conseguir la connivencia de los órganos fiscalizadores del Estado.