Conmoción en Argentina tras escenificar la TV una sesión de tortura a 'desaparecidos'
CARLOS ARES,
Buenos Aires
Durante el programa de televisión, gran parte de esa «confesión» era leída mientras los espectadores podían ver la secuencia dramática del interrogatorio interpretada por dos actores desconocidos. Como se supone que la declaración se logró luego de someter a Perrota a una o varias sesiones de torturas, los actores reproducían los procedimientos más comunes. El actor que hacía de interrogador, llamado «número uno» en el texto, simulaba aplicarle la picana eléctrica o hacía que golpeaba al «número dos», supuestamente el ex director de El cronista . Tampoco faltó la falsa sangre sobre el torturado. Los hijos de Perrota, presentes en el plató, se retiraron del programa antes de que terminara la emisión.
El martes, el tribunal que investiga la existencia de esos archivos donde los militares habrían registrado los secuestros clandestinos de miles de personas y que permitirían saber definitivamente qué pasó con cada una de ellas, ordenó al juez Adolfo Bagnasco que requise el material de la televisión y averigüe su origen.
El juez ya sabe que esos supuestos documentos eran ofrecidos a los periodistas por ex agentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas a cambio de sumas de dinero que variaban según el interés que en principio demostraba el cliente. La subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno argentino, Alicia Pierini, admitió que hace tiempo también habían intentado venderle a ella «alguna documentación» que no llegó siquiera a ver porque se negó a seguir el trámite en esas condiciones.
Los informadores habituales
El programa de televisión fue criticado de forma unánime por dirigentes de todos los sectores sociales y llegó a ser considerado «un horror» por el propio presidente de la nación, Carlos Menem. Los periodistas que difundieron el documento reciben habitualmente información de los diversos servicios de inteligencia y de lo que se conoce como mano de obra desocupada, ex agentes que se encargaban de secuestrar, torturar y matar durante la dictadura militar y luego comenzaron a ofrecer sus «servicios de seguridad» a empresarios, dirigentes políticos y funcionarios públicos. Los abogados Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, los dos ex fiscales que llevaron adelante la acusación en el juicio a las juntas de la dictadura, coincidieron en que «más allá de cuál sea su procedencia, se debe investigar para averiguar si esos documentos son auténticos, y si hay otras copias o archivos en manos privadas».
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos reclamaron que todas las denuncias, testimonios, evidencias o pruebas, se presenten ante los tribunales. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, que se negó a participar en el programa, consideró que era «una atrocidad espantosa» la forma en que fue tratada y presentada la información.
La periodista Susana Diau, que pertenecía a la plantilla de El cronista comercial y militaba como Perrota en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el brazo político de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), advirtió que la supuesta «confesión» bajo torturas no revela nada sustancial porque las personas a las que se refiere el entonces director del periódico ya no estaban en el país en ese momento o habían sido secuestradas antes que él.
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La escenificación de una sesión de torturas en un canal de televisión, el lunes pasado, para denunciar la supuesta existencia de documentos secretos con declaraciones de desaparecidos durante la última dictadura militar ha conmocionado a Argentina. La conmoción inicial derivó ayer en un cruce de acusaciones entre periodistas, funcionarios, ex militantes políticos, familiares de las víctimas y restos de la llamada mano de obra desocupada (ex agentes de los servicios de inteligencia, secuestradores, torturadores y asesinos) que acabó de abrir las heridas, nunca cerradas del todo, de la guerra sucia . El presidente, Carlos Menem, expresó su «horror» y la justicia ordenó investigar la existencia de los papeles.
El documento presentado por el canal de televisión, sin membrete ni firma, consiste en 30 folios mecanografiados en los que se repite un sello que advierte: «Estrictamente confidencial. NO DIFUNDIR». En ese texto supuestamente se recoge la confesión grabada en un magnetófono de Rafael Perrota, ex director del periódico El cronista comercial, secuestrado y desaparecido desde el 13 de junio de 1977.