NAIARA GALARRAGA
, México
El dilema surgió hace unos meses, cuando llegó la hora de plasmar en la Carta Magna el único acuerdo firmado por el Gobierno mexicano y la guerrilla zapatista. El documento, que reclama la necesidad de garantizar al más alto nivel las normas que rigen en las comunidades indígenas, cumplió un año el pasado 16 de febrero. Combinar el México moderno con el respeto a tradiciones de cientos de años es un encaje de bolillos. Los sistemas indígenas para elegir a las autoridades, dirimir conflictos y castigar ciertas conductas, además de ser diferentes de una zona a otra, tienen poco que ver con los valores de Occidente.
Junto a normas como la que establece que, en ciertas comunidades, sólo los hombres que poseen un pedazo de tierra tienen el derecho de elegir a sus representantes coexisten otras igualmente discutibles. Si un tarahumara mata a otro, no va a la cárcel: debe mantener a la viuda de la víctima. Las reglas indígenas no son perfectas, reconoce Luis Hernández, asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el diálogo de paz.
Otros opinan, sin titubeos, que estas normas son violaciones flagrantes de los derechos humanos más esenciales. El investigador Fernando Escalante critica, por «disparatada», la iniciativa de ley que busca plasmar el acuerdo logrado en San Andrés Larraínzar (Chiapas). Es una cuestión de prioridades. El EZLN reivindica la supremacía de la tradición, mientras confía en que el tiempo erradique las costumbres bárbaras. La supervivencia de los «usos y costumbres» de las 56 etnias que conviven en la República ya no es la prioridad del Gobierno, que desde enero sostiene que los derechos humanos están por encima de cualquier otra norma, por ancestral que sea.
Lo que los zapatistas reclaman es en definitiva la legalización de prácticas que de hecho ya se aplican. Hoy, muchos de los cerca de seis millones de indígenas mexicanos viven según sus propias reglas, aunque formalmente sea inconstitucional. Promulgar leyes que jamás se cumplen es una costumbre fuertemente implantada en el régimen priísta que impera desde hace 68 años en México. Eligen a sus autoridades fuera de los cauces democráticos y hacen justicia según su tradición. Ciertas comunidades entran en el sistema legal por la puerta de atrás: pactos turbios y tácitos.
Es relativamente común que un jefe indígena comprometa los votos de su comunidad a cambio de que el gobernador estatal construya una carretera o un hospital. Ninguno será explícito, pero en definitiva lograrán un acuerdo que favorece a ambos. El gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtenía en Chiapas alrededor del 90% de los votos en las elecciones anteriores al alzamiento armado del subcomandante Marcos en enero de 1994.
Tras una breve guerra de doce días, el EZLN aceptó la oferta gubernamental de diálogo. Los zapatistas y los representantes del Ejecutivo se sentaron a negociar. En febrero de 1995, Zedillo, inesperadamente, cambió de táctica y ordenó detener a los cabecillas. Muchos cayeron. Marcos, no. Los contactos recomenzaron, pero hubo más rupturas.
La última fue decidida por los rebeldes hace seis meses. La iniciativa de ley indígena, elaborada por el grupo pluripartidista de legisladores que media en el conflicto, sólo ha agrandado la brecha entre Gobierno y guerrilla.
La mediación tiene ahora la compleja misión de dar con una fórmula que conjugue las aparentemente irreconciliables prioridades de Zedillo y Marcos. La comisión de legisladores lleva semanas sumida en un mutismo interrumpido sólo por anuncios nunca cumplidos de otras tantas fechas para revelar su respuesta. Dicen que necesitan más tiempo.
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Pocas mujeres indígenas zapotecas de México osan chismorrear. Es lógico. Si las autoridades de su comunidad descubren que han ventilado las intimidades de sus vecinos, las castigan a matar hormigas con un dedo durante tres días bajo un sol abrasador en la plaza del mercado. Es una tradición. ¿Puede la Constitución mexicana amparar castigos tan humillantes como éste porque pertenecen a la cultura de una comunidad indígena al tiempo que protege el derecho a exigir un traductor de tzeltal en un juicio? Ésa es la duda.
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