La mayoría son mujeres, ancianos y niños. Dos bebés murieron por el camino: no pudieron soportar el calor, la humedad, el hambre. «Sólo volveremos a nuestra tierra cuando se vayan los paramilitares», repite la mayoría. Una mujer morena que carga su pequeño en brazos confiesa, aún con el miedo en el rostro: «Cuando vi que llovía fuego del cielo decidí salir corriendo con mis hijos». Se refiere a los bombardeos que, dicen los desplazados, ha realizado el Ejército en la zona del Urabá-Chocoano.
El Ejército niega la versión de los campesinos. Dice que hubo bombardeos, pero hace tres semanas y en una zona deshabitada. Señalan como culpables del éxodo a los guerrilleros; dicen que ellos presionan a los campesinos. El defensor del Pueblo, José Fernando Castro, asegura que en esta huida masiva tienen la culpa todos: el Ejército con sus bombardeos; los paramilitares que han sembrado el terror matando, lista en mano, a los que consideran procomunistas, y la guerrilla que cobra impuestos, mata y amenaza a quienes no comulgan con sus ideas.
La mayoría de los desplazados -hay además 1.300 en el municipio Turbo- provienen de Riosucio, un municipio del Urabá-Chocoano. En diciembre, las autodefensas de Córdoba y Urabá penetraron allí y dejaron un reguero de muertos. En represalia, dos frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomaron la población el 9 de enero y dejaron 12 muertos. Desde entonces, los campesinos pensaron que no tenían solución distinta a huir. Como la única vía de transporte es el río, y río arriba las canoas son detenidas por retenes de la guerrilla y río abajo por los paramilitares, la mayoría optó por salir a través de la selva.
Pero en el lugar en que han encontrado refugio el drama continúa. En Pabarandó y Turbo no tienen qué comer, no tienen remedio ni asistencia médica, viven hacinados. Los que lograron llegar a Panamá han sido devueltos por ilegales, y los que llegaron a Quito, capital del Choco, se enfrentan al temor de la población, que los rechazan.
Un millón sin hogar
El país parece hoy conmovido con el dolor de los desplazados de la guerra, pero el problema es ya viejo. La Iglesia ha realizado varios estudios y el año pasado reveló unas cifras dramáticas: la violencia ha dejado a un millón de colombianos sin casa, desplazados en su propio país; en promedio, cada hora cuatro familias son expulsadas de sus hogares en las aldeas.
Lo que pasa hoy en el Urabá-Chocoano ocurrió ya en otras zonas del país. Pasó en el Magdalena Medio -rica zona ganadera y agrícola en pleno centro del país-, donde a finales de los años ochenta nacieron las autodefensas y paramilitares.
Recorriendo las barriadas nororientales de Barranca Vermeja, puerto petrolero y eje de este sector, se puede armar, como quien arma un rompecabezas, la historia de horror que ha vivido y vive aún el Magdalena Medio. En los asentamientos más antiguos viven los que huyeron de Puerto Boyacá, capital antisubversiva de Colombia. Las casas nuevas, las hechas de lata y palos, son el refugio de los que tuvieron que huir de la nueva violencia en los últimos meses.
En Montería, capital de Córdoba y cuna del grupo paramilitar más violento en este momento -las autodefensas de Córdoba y Urabá-, creció el barrio de invasión más grande de América Latina: el Cantagallo. Allí han llegado durante años, con sus pocas pertenencias, las viudas y los huérfanos de la violencia. Sin ir muy lejos, los barrios de invasión de Bogotá se han duplicado en los últimos años. A diario llegan desplazados de todos los rincones del país. Vagan sin rumbo por las calles de una capital que les es ajena. Según el estudio del episcopado la mayoría de los que huyen lo hacen por presión de los paramilitares; en el segundo renglón de culpa figura la guerrilla y en tercer lugar, el Ejército.
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