El Comercio, Perú, 27 de marzo de 1997
INFORMEINVESTIGACION DEL GOBIERNO DE BUCARAM
Todas las instancias tratan de avanzar en las investigaciones sobre el régimen de Bucaram. Ayer, entre otras cosas se allanó una oficina en la que trabajaba Santiago Bucaram. Mientras que la Comisión de Fiscalización del Congreso trata de avanzar su labor.
Corrupción: más gestiones
La Comisión Anticorrupción trata de mostrar los resultados de su gestión con algunas acciones.
Por un lado se ordenó el allanamiento de las oficinas ubicadas en la calle Salinas 820, donde funcionaba una organización dirigida por el diputado Santiago Bucaram.
Esta operación, en la que se detuvo a tres personas, se realizó luego que la Comisión receptó una denuncia reservada.
En la casa se encontraron cheques, depósitos, transferencias de fondos y otros documentos. Además, la Comisión entregó a la prensa dos documentos: uno relacionado a la investigación realizada de los fondos transferidos a la cuenta 8110 de la Presidencia de la República, denominada Inversiones y Aportaciones Especiales del Estado y otro, elaborado con base en los informes presentados por la Policía y del Servicio de Inteligencia Militar.
La Comisión decidió remitir a la Corte Suprema de Justicia todos los documentos de las investigaciones realizadas sobre los presuntos ilícitos que se cometieron con los recursos del Estado, transferidos a la cuenta 8110. Esta era otra cuenta que se utilizaba en Carondelet para trasladar fondos a varias instituciones públicas y privadas.
Según Ramiro Larrea, coordinador del organismo, los informes contienen indicios claros y explícitos para iniciar procesalmente una investigación en contra de Santiago Bucaram, Luis Peñaranda, José Zurita Marcial, es director de la Senda, Guillermo Cárdenas y otros.
El informe de la subcomisión Aduanera no registra investigación de sus integrantes. Las conclusiones del análisis se desprende de los documentos entregados por la Policía y del Servicio de Inteligencia Militar, y concluyen que tanto en Zona de Carga Aérea del Aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil como en las Aduanas del Puerto Marítimo, se instituyó una organización delictiva conformada por empleados públicos, gente de confianza y de la de seguridad del ex Presidente. Además, de altos miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Los miembros de este organización habrían cometido los delitos de concusión, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito...También determina la existencia de aduanas paralelas por donde pasaban decenas de contenedores sin pagar tributos. Esta operación se realizaba entre las cero y las 04h00, escoltados inclusive por funcionarios aduaneros. Lo que evidencia la falta de control de la Administración Tributaria.
Para los comisionados, de los informes se desprende la participación delictiva a nivel de autoría intelectual de Abdalá Bucaram, quien era el beneficiario directo de los delitos. Inclusive, recuerdan que en el informe policial número 0723 se pide la prisión del ex Mandatario. Además, en el numeral 9 del mismo informe "relación de los hechos" se establece que según el denunciante Alejandro Muñoz Pérez, todo el dinero que obtenían Carlos Villacís Hidalgo, Javier Aguirre Rodríguez, Adolfo Pulley, Gustavo Flores Zapata, por sacar los contenedores (400 ó 500 millones de sucres diarios) era entregado por Aguirre a Bucaram.
Para los comisionados, hay que destacar la participación del jefe del Servicio de Vigilancia Militar Aduanera, quien renunció en 30 de abril de 1994. Sin embargo, después se vinculó al PRE para custodiar a Bucaram y posteriormente, mediante decreto ejecutivo, reingresó a las Aduanas.
Adicionalmente, la Comisión deduce, la participación delictiva de Víctor Miranda Estrada, Eduardo Pesantes Avellaneda, Alfredo Arboleda, Macario Tenorio, Darwin Romero, capitán y teniente Juan Carlos Secaira de Servicio de Vigilancia Aduanera.
Así como, de Milton Naranjo Becerra, Aníbal Velásquez, Freddy Correa Agurto, Brigitte Correa, Alejandro Muñoz Pérez y Alexandra Funnes.
Para obtener mayores datos sobre la cuenta 8110, la Comisión pidió información adicional y a los ministros el envío de los datos relacionados con actos similares en sus dependencias. Según Xavier Zavala, este pedido está dentro de ámbito de acción que le otorga el artículo 4 del decreto de creación del la Comisión. También solicitó al Congreso, en relación a los pedidos, la conveniencia que se incluya en el orden del día los pedidos de interpretación del contenido de los delitos de concusión y cohecho (Código Penal). Así como el alcance de la impunidad parlamentaria.
La subcomisión de Asuntos Energéticos detectó 9 casos, en los que se demuestra la falta de transparencia en la adjudicación y contratación. Ya se fijó responsabilidades civiles a varios ex funcionarios.
Bucaram pide su restitución
Abdalá Bucaram presentó una demanda contra Fabián Alarcón por conspiración y usurpación del poder, ante el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.
Lo hizo a través de su abogado, Neptalí Román. A las 16h30 de ayer, se presentó en la Corte y como una turba ingresó al despacho de Solórzano confundiéndose con los periodistas.
Los seguidores de Bucaram estaban encabezados por el ex procurador Leonidas Plaza Verduga y los diputados roldosistas Líder Padilla, Jaime Coello y Farith Yapur, entre otros.
La denuncia por conspiración solicita que se sindique con prisión al Presidente Interino por usurpación del poder, ya que según la argumentación de los demandantes no existe en la Constitución ningún artículo que le permita al Congreso nombrar un Presidente. La denuncia se ampara en el artículo 130 del Código Penal y del 177 del Código de Procedimiento Penal.
Leonidas Plaza señaló que el objetivo de la demanda era que Abdalá Bucaram sea restituido en el cargo de Presidente.
Tras escuchar el pedido de los roldosistas, Solórzano prometió estudiar los documentos entregados. Antes de que terminara su frase empezaron los gritos destemplados en respaldo al cesado Mandatario. El aliento a alcohol era omnipresente en el despacho del Magistrado y más de uno de los roldosistas, cómodamente instalados, se quedó dormido.
Morona: investigación parcial
En Morona Santiago, la lucha es contra el tiempo. El único delegado de la Contraloría General en la provincia investiga en el Consejo Provincial, los municipios y los colegios que recibieron asignaciones presupuestarias por "gestión" de los diputados Mario Meza y Carlos Medina.
Contraloría General puso un plazo para que la oficina regional entregara una investigación urgente. El 17 de marzo terminó sin que se obtuvieran más que resultados parciales. Estos, sin embargo, parecen confirmar la participación de los diputados, aunque está por determinarse si los procedimientos violaron la Ley. Según Teodoro Coello, contralor regional. Por el momento, hay referencias de que participó un presunto funcionario de la Presidencia. Trajo documentos como facturas proformas con base en las cuales se adjudicaron los contratos sin tomar en cuenta a los consejos directivos de los colegios.
El próximo lunes, otro funcionario de Contraloría viajará a esa provincia para reforzar el equipo de trabajo de esa institución. La investigación preliminar estará lista antes de que concluya la siguiente semana. A partir de sus resultados, se elaborará el informe de auditoría.
La oficina en el Austro investiga en Morona Santiago, Cañar y Azuay. Redacción Cuenca
Treinta diputados irán a Fiscalización
Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso comparecerán por lo menos 30 diputados para que presenten las pruebas de descargo, dentro de las investigaciones por la tramitación de partidas extrapresupuestarias.
Los primeros que deberán presentarse, a partir del lunes próximo, serán Santiago Bucaram (PRE), Andrés Romo (PRE), Leonidas Plaza Sommers (NFI), Eduardo Véliz (ind.), Germán Pozo (NFI) y Angel Torres (ind.). En el caso de los tres primeros, la Comisión tiene pruebas en su contra y en los restantes, han sido los propios diputados quienes se han acercado a la Comisión para entregar las pruebas de descargo.
También deberán comparecer -las respectivas solicitudes para que acudan se están entregando- José Avilés, Héctor Villamil, Ermel Campana, Humberto Delgado, Mario Meza, Lourdes Espinosa, Carlos Medina, Marcelo Saltos, Homero Fuertes, Líder Padilla, Milton Fabara, Estuardo Gavilánez, Nelson León, Marco Proaño Salgado, Carlos Vidal, Emilio Rupertti, Jaime Coello, Homero López y Michael Saúd. Ellos también deben presentarse ante el presidente de la Corte Suprema, Carlos Solórzano.
Napoleón Saltos (Nuevo País), presidente del organismo, aclaró que la intención de la Comisión no es poner a todos los diputados en el mismo costal. Por eso habla de que hay tres categorías de responsabilidad que deben ser claramente diferenciadas.
Por un lado, están los diputados que gestionaron las partidas; por otro, quienes tramitaron recursos a cambio de votos o favores políticos; y, quienes tramitaron los fondos e hicieron un manejo doloso del dinero recibido.
También adelantó que en el transcurso de la próxima semana se podrían iniciar juicios penales contra varios ex funcionarios. La información que han recabado las subcomisiones se remitirá a la CSJ para que Solórzano arranque con las causas.
Estos serían los casos de Alfredo Adum, ex ministro de Energía, y Manuel Zhindón, ex presidente ejecutivo de Emetel.
La Comisión de Fiscalización espera tener listos los expedientes, tanto de los ex funcionarios de Gobierno como de los legisladores, apenas instalado el período extra, a fin que no haya tropiezos.
"El trabajo que realiza la Comisión de Fiscalización es fiscalizar en términos políticos; la CSJ, en cambio, es el juez que debe sancionar; y, la Comisión Anticorrupción también aporta con información... No hay problema de que haya estos frentes para investigar los casos. Tenemos que tratar de complementarnos".
Mientras, en los corredores parlamentarios se habla de un disgusto del presidente del Congreso, Heinz Moeller, con Solórzano. La razón: la providencia del lunes anterior, en la que llama a aclarar a los 23 legisladores sobre la tramitación de los fondos de la cuenta de inversiones especiales.
Se dice que Solórzano, entre otras razones, llamó a los honorables por el distanciamiento surgido desde la designación de Fabián Alarcón como presidente interino. Además, sería una clara advertencia de que él no tendría inconveniente en llamar a Alarcón y al propio Moeller para que aclaren sobre las partidas que ellos tramitaron.