El nuevo año ha comenzado para Latinoamérica en medio de ostensibles paradojas: la firma del acuerdo de paz en Guatemala y los esfuerzos para la transición democrática en Nicaragua, que contrastan con las presiones de movimientos insurgentes en México, Colombia y ahora también en Perú e incluso en Chile; en cuanto al desarrollo y resultados de programas de ajuste y reestructuración económica, la gama de situaciones va desde los indicadores de consistencia en la aplicación de esos programas y de progreso en crecimiento del PIB, hasta los de deterioro del nivel de vida e incluso abierta y creciente disconformidad de actores sociales en países tan diversos como Argentina y Ecuador.

Estas líneas sobre las situaciones de Guatemala -con sus acuerdos de paz de diciembre- Perú -y la crisis de los rehenes- y Ecuador -con los indicadores de conflictividad que comienza a enfrentar su singular gobierno- nos aproximan a la enorme variedad y magnitud de los desafíos pendientes en nuestra región.

El comienzo dela pacificación guatemalteca
Entre todos los hechos del segundo semestre de considero que el más importante acontecimiento latinoamericano ha sido la firma de los acuerdos entre el Gobierno de Guatemala y los cuatro grupos insurgentes organizados en la Unión Revolucionaria Guatemalteca (UNRG).

El más largo conflicto guerrillero de nuestro hemisferio tiene una historia de 36 años -contados a partir del surgimiento de movimientos insurgentes a comienzos de la década de los sesenta- pero algo más larga -42 años- si se considera que el inicio de la violencia civil y del control militar corresponde al final de la llamada "década de la revolución", período que se inició con la guatemalteca "Revolución de octubre" de 1944, prosigue con el gobierno reformista de Juan José Arévalo y termina con el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954.

Varios reportes recientes sobre las negociaciones de paz han llamado la atención sobre el hecho de que al cabo de más o menos cuatro décadas los guatemaltecos no suelen saber qué originó la violencia. Y la verdad es que la mera definición del comienzo de la guerra es cosa complicada: bien en 1954 con la llegada del gobierno militar de Carlos Castillo Armas, o bien en 1960 con el surgimiento de la resistencia armada al represivo gobierno del General Manuel Ydígoras. La selección de uno u otro "umbral" privilegia de manera diferente las más importantes raíces y manifestaciones del conflicto guatemalteco, así como la naturaleza de los desafíos para construir la paz. La primera visión privilegia lo sociopolítico y lo económico; la segunda privilegia lo político-ideológico.

Manifestaciones: Viviendo en guerra. Lo cierto es que Guatemala ha vivido en guerra por más de cuarenta años a lo largo de los cuales han sido calculados entre 100.000 y 170.000 muertos, alrededor de 40.000 desaparecidos, 440 centros poblados destruidos, 200.000 huérfanos, 80.000 viudas, y más de un millón de desplazados.

En un proceso de violencia creciente en su intensidad y en su alcance, a las Fuerzas Armadas -que mantuvieron el control directo del gobierno hasta 1985- y a los grupos guerrilleros que se agruparon en la UNRG en 1982, se sumaron los escuadrones de la muerte, luego las patrullas civiles antiguerrilleras y la policía militar móvil. En los ochenta, el informe de la Comisión Kissinger denunciaba no sólo la violencia guerrillera, sino la brutalidad de las fuerzas gubernamentales. Aún después de la transición a la democracia, con la elección de Vinicio Cerezo en 1986, continuaron las denuncias por violación a los derechos humanos por parte del ejército y de los escuadrones de la muerte. Ha sido difícil para los gobiernos sucesivos cambiar esta situación y mejorar el record y la imagen de Guatemala, con el costo en oportunidades de ayuda que esto ha significado internacionalmente.

Raíces: De Asturias a Menchú. El hecho de que la más abierta y muchas veces brutal represión no haya podido acabar con la violencia de los movimientos insurgentes a lo largo de más de treinta años habla por si solo de lo profundo de las raíces de la guerra en Guatemala, que perduró más allá de los acuerdos de Esquipulas de 1987, y que sobrevivió incluso a situaciones que parecían más críticas, en países como Nicaragua y El Salvador.

La guerra guatemalteca nace de la ostensible desigualdad que caracteriza a su sociedad, su economía y su política, y que se ha expresado culturalmente en momentos diversos en las obras de Miguel Angel Asturias y de Rigoberta Menchú. La extrema polarización se evidencia en la tenencia de la tierra - el 60% está en manos del 2% de la población; también en una enorme masa de población indígena -alrededor de 60%- marginada política, social, cultural y económicamente; así como en unas élites económica y político-militar muy poderosas que contrastan con una muy débil institucionalidad, más debilitada cuanto más se acentuó el enfrentamiento armado y el uso de la fuerza y medidas extraordinarias, lo que a su vez fue consolidando el control militar de la política.

Se estima, por otra parte, que el contingente de hombres con el que cuenta la guerrilla ha derivado su fuerza menos de su tamaño, o de una causa ideológica o un programa de acción compartido, que de las toscas acciones y omisiones gubernamentales.

Desafíos de la paz. Bien decía un ex-embajador guatemalteco en Washington, que el conjunto de acuerdos logrados en los últimos dos años en Oslo, Ciudad de México, Estocolmo y Madrid, así como el acuerdo de paz firmado el 29 de diciembre en Ciudad de Guatemala, no son el final sino el comienzo de un largo camino. Llegar a estos acuerdos, sin embargo, es un logro político cuya importancia es difícil exagerar, pues han sido el fruto de la reconstrucción de un nivel mínimo de confianza de lado y lado. En la última etapa de este proceso -que en su fase más reciente se ha extendido por seis años- ha sido fundamental el liderazgo de los Presidentes León Del Carpio y Alvaro Arzú; este úlltimo, desde su misma llegada al gobierno, impulsó purgas en las cúpulas militares, la suspensión de las acciones de contrainsurgencia, así como los términos mismos en los que el gobierno y la UNRG han hecho compromisos esenciales para la pacificación guatemalteca.

Los desafíos mayores se encuentran en el sector militar que debe ser reestructurado y reorientado, en la reordenación económica que permita enfrentar las desigualdades que derivan del control de la tierra, en las reformas sociopolíticas que abran mejores oportunidades de participación así como instituciones confiables, en el saneamiento de la economía y obtención de los recursos necesarios para financiar la pacificación, y -en el corto y mediano plazo- en la solución del problema de la amnistía, en manos de una Comisión para la revisión de los crímenes y violaciones de derechos humanos por los distintos bandos en guerra.

Finalmente, una larga historia de violencia evidencia que sin avanzar en la reconstrucción definitiva de la confianza, no hay oportunidad para el desarrollo sociopolítico y económico perdurable. Es allí donde más se ha avanzado en los últimos meses, y ese es un buen piso para edificar lo mucho que falta.

El secuestro en Perú
Mientras en Guatemala se construye políticamente el camino para la pacificación, en Perú irrumpió en escena, con toda espectacularidad, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), planteando una negociación de naturaleza muy diferente: tanto por el origen mismo de la pacificación peruana y de la reducción de Sendero Luminoso y el MRTA, como por las circunstancias mismas de reaparición de éste último.

A poco más de un mes de la toma de rehenes por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la Embajada de Japón en Lima, parece haber una cantidad razonable de información pública como para intentar comprender la negociación que ha estado ocurriendo desde el 17 de diciembre, así como el eventual impacto que esta crisis y su desenlace puedan tener en el contexto sociopolítico peruano y en el regional.

Interés del "caso". La situación desencadenada por la acción de los "emerristas" es sin duda un interesantísimo caso de estudio en muchos ámbitos: el de la decreciente eficiencia de la estrategia de toma de rehenes, el del creciente consenso anti-terrorista mundial, pero también el de la perdurabilidad de manifestaciones subversivas en países como Perú, México (EZLN y EPR), Chile (FRMR) o Colombia (FARC, ELN) no obstante las negociaciones de paz y las medidas democratizadoras que se han promovido en diversa medida.

Lo que está ocurriendo en Perú es particularmente interesante, sin embargo, en tanto caso de negociación en el que se evidencian complejidades políticas que solemos juzgar con criterios en extremo simples. Para empezar, aunque un gobierno no admita una negociación directa y legítima con secuestradores, hay desde el primer momento una sucesión de "movimientos" con los que cada cual procura transmitir al otro sus intereses y predisposiciones.

¿Hay negociación?. Una de mis definiciones favoritas de la negociación es la que la caracteriza como un "intercambio controlado de información" en el que cada cual encubre, oculta o disimula su umbral-límite de exigencias. En una circunstancia como la peruana, el control de la comunicación desde el gobierno es crucial; de hecho, son críticos el aislamiento de los secuestradores y la reducción de las posibilidades de que puedan transmitir sus exigencias -incluidas las amenazas de ejecución de rehenes- o busquen apoyo público.

Aún en esas condiciones de relativa incomunicación -que ha promovido el gobierno peruano a pesar del acoso e intromisiones periodísticas, y algunos movimientos diplomáticos furtivos- está ocurriendo realmente una negociación.

Desde el 17 de diciembre, no obstante los pocos contactos directos o indirectos entre el gobierno y los secuestradores, ha habido un proceso esencialmente "tácito" de negociación en el que ha funcionado el más efectivo lenguaje político: el de los gestos, las acciones, y las declaraciones a "terceros".

Son muestra de ello la liberación gradual de rehenes que los redujo en un mes a 73, la normalidad en la vida política limeña, la sustitución de los funcionarios públicos retenidos, las declaraciones de los voceros del MRTA en Europa, las del Presidente Fujimori en sus apariciones públicas y las declaraciones a la prensa nacional e internacional, los disparos en la Embajada, los vuelos rasantes de helicópteros militares y los ejercicios de despliegue militar en los alrededores de la Embajada. De hecho, ha ido cambiando y debilitándose la posición inicial del comando del MRTA, desde la amenaza de matar rehenes, hasta la liberación gradual de muchos de éstos, hasta la propuesta de un vocero del MRTA desde Europa -Isaac Velazco- de buscar "puntos intermedios que satisfagan a las dos partes".

Los valores en juego. Un vistazo muy simple a la situación nos haría pensar que lo que está en juego -lo que se está negociando- son la seguridad y eventualmente la vida misma de los rehenes, y la liberación de 458 prisioneros. En realidad desde una perspectiva política, más allá de esos objetivos específicos, se están jugando para el Perú otras cosas: La seguridad de toda la sociedad, el derecho a la libertad y a no ser retenidas que tienen las personas, la preservación de los medios legítimos y legales de manifestación de opinión, demandas y presiones, y también la consideración del país como un sistema político y económico estable y seguro para hacer negocios. El MRTA, por su parte, se está jugando su imagen -y han procurado hasta ahora desmentir la de terroristas- y su capacidad para lograr apoyo público y volver a fortalecerse políticamente mediante la asociación de su acción a la demanda de cambios en la política económica y de mejoras en la situación social. Esto parece evidenciarse en las características muy aparatosas de la acción inicial que llamó la atención del mundo entero, pero también en la gradual liberación de diplomáticos de modo que a la fecha sólo restan los de Japón (presumiblemente por la disposición a ceder que el gobierno de ese país ha tenido en situaciones similares) y de Bolivia (donde hay prisioneros miembros del MRTA y donde gubernamentalmente se ha expresado abiertamente la oposición a liberarlos).

El juego del final. El tiempo ha estado y seguirá corriendo a favor del gobierno, mientras se desgasta la posición de los secuestradores. Por eso es posible que transcurran semanas antes de que la situación encuentre una salida. Al gobierno de Fujimori -a la solución de las tensiones con los militares, a los prospectos de una segunda reelección, a la recuperación de popularidad - conviene seguir tratando la crisis como hasta ahora y mostrando en el camino, adentro y hacia afuera, la firmeza y la fortaleza del gobierno. De producirse cambios en la actitud de Néstor Cerpa y sus comandados en la Embajada japonesa sólo cabría esperar, bien una operación de comando, bien una rendición.

Dadas las manifestaciones de protesta y de "condiciones objetivas" para el resurgimiento o fortalecimiento de acciones subversivas que cruzan a toda nuestra región, conviene a los latinoamericanos -y desde luego a los mismos peruanos- seguir de cerca y aprender de este caso para mejorar nuestras condiciones sociales, económicas y políticas, pero también para fortalecer y defender a todo trance los valores, los procedimientos y las instituciones democráticas, y éste es el punto más débil del actual gobierno peruano.

Ecuador en los límites del populismo
El caso Ecuatoriano comparte con los de Guatemala y Perú -y con el resto de Latinoamérica- una condición de enorme vulnerabilidad institucional, que tiende a convertirse en crítica en la medida en que esa debilidad es el marco en el que deben ser asumidas políticas de ajuste económico. La tradición política populista es un ingrediente adicional que, con el triunfo electoral de Abdalá Bucaram, hace más difícil la situación para Ecuador.

En efecto, recién elegido el Presidente Bucaram, despachos de prensa recordaban una expresión atribuida a una santa venerada por los ecuatorianos: que Ecuador no sería destruido por un desastre natural, sino por un mal gobierno. La verdad, no se que tan fundamentada esté esa cita, pero la sigo encontrando muy atractiva y expresiva -más allá de la propia experiencia ecuatoriana, por cierto- de las manifestaciones extremas y de los límites del populismo.

En honor a la tradición. Abdalá Bucaram llegó a la presidencia en un tercer intento. Ganó con significativo apoyo popular, aunque sin que su movimiento, el Partido Roldosista, alcanzase a tener mayoría en un Congreso cuya fragmentación refleja muy bien el panorama político ecuatoriano. Desde su instalación hizo honor al estilo y contenido de su campaña, a la vez que a la tradición populista ecuatoriana.

Detrás de las conductas excéntricas del presidente (desde la subasta de su bigote, pasando por las propuestas legislativas que incluyen la castración como pena para ciertos delitos, hasta sus presentaciones públicas y grabaciones como cantante) y de su estilo muy agresivo de gobernar (incluido el tono de sus declaraciones y la enorme nómina de parientes y amigos en cargos gubernamentales) están elementos típicos del patrón populista que es bueno volver a recordar: el liderazgo personalista, paternalista y carismático; la movilización política promovida desde arriba procurando cultivar la relación directa del presidente con las masas, saltando en lo posible los canales convencionales de comunicación política; el discurso de identificación con los sectores menos favorecidos, los huérfanos, los más débiles, los marginados; y un proyecto económico que se sustenta en métodos redistributivos y clientelares. Finalmente está, lo hasta ahora menos definido y que terminará por imponer límites al populismo de Bucaram, la necesidad de contar con una coalición multiclasista y heterogénea.

Llegando al límite a toda velocidad. El Presidente Bucaram ha tenido éxito -al menos en lo que asumo es su patón para medirlo- al aumentar el apoyo de los sectores sociales bajos de 54 a 66% según sondeos publicados en la prensa a finales de 1996. Sin embargo, las expresiones extremas de populismo en sus orientaciones y en sus conductas, corren paralelamente con varias expresiones -también extremas- de los límites a aquél.

En efecto, las situaciones conflictivas que involucran al Ministro de Energía, a la Ministra de Educación, al Presidente del Tribunal Constitucional y, por otro lado, la lentitud para articular un programa económico que permita sanear la economía ecuatoriana a la vez que cumplir con las promesas hechas por el Presidente "que llegó al gobierno con el voto de los pobres" (según le recordó la Iglesia en estos días) son dos contextos en los que se va estrechando el margen de maniobra y la posibilidad para manejar políticamente al país diciendo discursos desde un balcón como en los mejores tiempos de José María Velasco Ibarra -o cantando desde una tarima- como en los de Abdalá Bucaram.

El límite viene dado por la imposibilidad de construir desde el populismo un programa económico que impulse el desarrollo y la estabilidad sociopolítica del Ecuador.

¿Populismo con reformas estructurales?. El largo discurso con el que el Presidente Bucaram anunció, después de varios aplazamientos, un programa económico es una buena síntesis de lo que cabría esperar de una mezcla de vocación populista desbordada con necesidad de generar confianza en la economía. De hecho, lo anunciado incluye medidas para implantar un plan de convertibilidad monetaria, una política de privatizaciones y propuestas de nuevos impuestos, junto a la prohibición del boxeo y de las corridas de toros, al lado de la iniciativa para que se aumente de cuatro a cinco años el período constitucional y para que se permita la reelección presidencial inmediata.

Esta mera muestra de ingredientes constituye una mezcla imposible, al menos a la luz de ciertas condiciones que el propio gobierno de Bucaram tiene -y ha cultivado- como punto de partida.

En primer lugar, el estilo personalista del Presidente se ha apoyado fundamentalmente en el contacto y apoyo de las "masas" a través de promesas y actitudes totalmente contrarias a lo que significa un programa serio de reformas, con sus costos sociales inevitables y con su necesidad -en el mediano plazo- de fortalecer a las instituciones políticas que el propio Presidente ha desafiado y contribuido a desprestigiar con sus acusaciones y, en general, con sus conductas.

En segundo lugar -y como consecuencia de lo anterior- cada vez parecen más difíciles los acuerdos políticos y económicos necesarios para llevar adelante medidas que -como las pocas anunciadas- ya han despertado abierta oposición entre grupos de empresarios, organizaciones de trabajadores, los partidos que controlan el Congreso, y la propia Iglesia Católica. Bucaram gobierna dividiendo, no sumando voluntades y esa es una fórmula explosiva, como lo muestran las expresiones de protesta de semanas recientes.

Finalmente, aunque en el mediano plazo en Ecuador se impondrá por necesidad un programa sistemático de reformas económicas y sociopolíticas al igual que en el resto de Latinoamérica, en el corto plazo se está acelerando de tal modo la descomposición institucional que haría falta un esfuerzo enorme por parte de diversos sectores de la sociedad -incluidos los partidos políticos y sus líderes- y del propio Presidente para cambiar el ambiente de escalada de conflicto reinante. Hasta ahora no hay señales de que esto esté ocurriendo o por ocurrir; quizá -como en otros casos- las presiones para que se recupere la cordura terminarán viniendo desde afuera.