El ministro de Estado, Bernd Schmidbauer, fue designado por el canciller de su país Helmud Kohl como “mediador” en las “conversaciones de paz” que se adelantarían en el palacio de Gobierno de Bonn con los jefes del narcotráfico de Colombia, según un plan que redactaron en alemán los esposos Mauss y que tradujo Carlos Villamil Cháux, para informarle de él al presidente Ernesto Samper.
Schmidbauer que coordina los servicios secretos alemanes y le encanta que le llamen “el 008”, propuso que, como la reunión era “no oficial”, se redactara un “no documento”, el cual pudo consultar El Espectador. Según éste, los narcotraficantes presos y en libertad delatarían a sus cómplices, entregarían la totalidad de sus bienes y denunciarían la ubicación de toda su infraestructura a cambio de cumplir sus penas en Colombia y recibir, al término de éstas, la devolución de no más del 20% de las fortunas entregadas y la posibilidad de establecerse con sus familias en el exterior.
El gobierno alemán, según el “no documento”, se encargaría de lograr del norteamericano –específicamente del secretario de Estado, Warren Christopher– la aprobación del plan y le ayudaría a Colombia a mejorar sus relaciones con ese país.
Carlos Villamil Cháux confirmó las fechas de sus entrevistas con Schmidbauer, mostró algunos documentos, enriqueció el relato con detalles y admitió que en la primera reunión se habló del diálogo con los narcotraficantes, pero asegura que cuando el “no documento” le fue presentado al presidente Samper éste se negó a involucrar a los narcotraficantes en el “proceso de paz” y a pesar de las pocas posibilidades que le veía lo autorizó a él para que continuara visitando la Cancillería alemana para ver si allí se concretaba un diálogo exclusivamente con la guerrilla.
De Mestre a Mauss
En los años 80, Eduardo Mestre Sarmiento y Carlos Villamil Cháux, el primero como senador y el segundo como gerente de la Caja Agraria, trabaron amistad.
Diez años después, siendo cónsul en Alemania, Villamil conoció a Claus Möllner (el nombre con el que frente a él siempre se identificó Werner Mauss) y a su compañera en las reuniones que se hicieron para desempantanar la negociación del metro de Medellín, a las cuales el espía asistía como asesor de Siemens. Entre otros colombianos, según recuerda, asistieron el ministro de Hacienda, Rudolf Hommes; el gobernador de Antioquia, Gilberto Echeverri; el alcalde de Medellín, Omar Flórez; el gerente del Metro, Jairo Hoyos; el canciller, Luis Fernando Jaramillo y Eduardo Mestre, un invitado informal, por ser embajador en Ginebra y germanoparlante.
Villamil admite haber sido uno de los más asiduos visitantes de Mestre, detenido en 1995 por el proceso 8.000, y cuenta que éste en abril de 1996 le manifestó que quería postularlo como asesor del Consorcio MetroMed, constructor del metro, en los reclamos a Colombia. Para el efecto le dio un número de teléfono celular de Claus y una carta de presentación.
Villamil, aprovechando un viaje que tenía programado a España, desde ese país lo llamó. El espía estaba en Italia y lo invitó para el domingo siguiente a Frankfurt.
En el restaurante Galo Nero, Mauss concluyó que Villamil –por hablar alemán casi perfecto y por su trayectoria jurídica– calificaba como asesor de MetroMed. El alemán pasó entonces al segundo tema.
Según él, las empresas alemanas creen que Colombia es uno de los países más promisorios para la inversión extranjera pero su violencia los disuade de invertir, por lo tanto era urgente resolver el problema y Alemania, que además tiene la tradición de invertir en las naciones que Estados Unidos no lo hace (vr.gr. Irán), podría ayudar en el proceso de paz. “Eso es para que se lo diga al presidente”, dijo Claus según recuerda su interlocutor. Para iniciar las gestiones sólo era necesario que Villamil regresara a Alemania, con una carta del presidente Samper nombrándolo su emisario en una reunión con el ministro de Estado, Bernd Schmidbauer.
Papeles secretos
Villamil conversó con Samper en Bogotá y obtuvo de éste una carta fechada el 17 de mayo de 1996, dirigida a Helmut Kohl, presentándolo como un “enviado” que hablaría con él sobre las “alternativas posibles de solución a la violencia en Colombia”. Kohl le contestó a Samper al día siguiente, designando al ministro Schmidbauer para tratar el “asunto colombiano”, según la correspondencia del proceso.
Telefónicamente Claus (Werner) informó que la cita sería el 29 de mayo. En la mañana de ese día, el alemán recogió a Villamil en el aeropuerto y lo llevó a un hotel de Wiesbaden, donde apenas pudo bañarse, pues la cita con Schmidbauer sería a las 2.00 en punto. La oficina del ministro es en el mismo edificio de la de Kohl y Claus llegó allí saludando a todos por el primer nombre; para el ministro, que estaba de cumpleaños, llevaba una corbata.
En la mesa de juntas de la oficina se sentaron Schmidbauer, Villamil, Claus y su compañera. Ella tomaba los apuntes y fue el ministro quien tuvo la idea de hacer un “no documento” de la reunión.
Además de lo ya mencionado, el borrador consultado por este diario contenía un proyecto de integración de la mesa de negociación de la propuesta sobre mafia en la que no estaban incluidos los mafiosos.
Según el “no documento” se sentarían, Schmidbauer como mediador, representantes del Gobierno (incluyendo a los militares), representantes del Eln, las Farc y el Epl, de las Iglesias alemana y colombiana, de los partidos colombianos y de las tres fundaciones de los partidos alemanes.
Villamil admite que en esa reunión “ellos hablaron de ayudarnos a resolver el problema de la mafia”, pero asegura que cuando le informó del proceso al presidente, éste rechazó la propuesta argumentando que el país debería seguir con su política de combatirlos con la Policía.
Las otras citas
Según Villamil, después de rendir un informe verbal al presidente, regresó a Alemania, para concretar su relación con el consorcio MetroMed (liderado por Siemens) y para informarle a Schmidbauer de la situación política de Colombia.
Recuerda que horas después de que el Congreso ordenara la preclusión del caso contra Samper, él estaba explicándole la situación al ministro alemán.
En esta segunda ocasión, sin Claus (que no estaba en Alemania pero dejó su chofer a disposición de Villamil) Schmidbauer le ofreció “ayuda para que los Estados Unidos colaboren en el proceso de paz y para que no molesten”.
Aunque Villamil asegura que solamente se habló de mafia en la primera reunión, en el memorando de la segunda reunión –que le entregó sin firma al presidente Samper el 19 de junio– sostiene que Schmidbauer “sería mediador en las ‘conversaciones de paz’ que se adelantarán en la Cancillería (alemana) con los jefes del narcotráfico”.
Según narra Villamil, nuevamente en Bogotá recibió llamadas de Claus a quien le informó que el presidente había dispuesto dejar el proceso en manos de Horacio Serpa Uribe. El alemán contestó que Serpa debía ir a Alemania.
La carta de acreditación de Serpa ante Schmidbauer está fechada el 11 de julio y la visita tuvo lugar el 15. Después del saludo diplomático, Schmidbauer pidió quedarse a solas con Serpa y su traductora oficial.
Nuevamente en Colombia se vinculó al proceso al presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alberto Giraldo, al tiempo que Alemania hacia lo propio con su homólogo, monseñor Karl Lehmann.
Claus llamó en otras ocasiones a Villamil para conseguir a través suyo un salvoconducto que le permitiera moverse en el país, pero el colombiano no había logrado conversar con Horacio Serpa. “La última llamada la recibí el domingo a medianoche. ‘Llame a Serpa, llame al presidente, que me tienen detenido’, me dijo, pero yo no podía hacer nada”. La intrépida carrera de Mauss había terminado.
“Estoy segura de que hoy será un día muy especial para los 60
soldados, ya que la única voz esperanzadora para un secuestrado
–si es que la hay– es aquella que le llega a uno de afuera,
esa que dice que tú aún importas, que haces falta y que regresarás
pronto”.
Así se refiere Olga Sofía Gómez, secuestrada a comienzos de
1991 junto a su hermana Natalia, sobre lo que significará para
los militares que permanecen en poder de las Farc hace 90 días,
la marcha contra el secuestro, promovida por el movimiento Por
el país que queremos, no al secuestro.
“El secuestro es algo terrible, indescriptible, que sólo lo
entiende quien ha vivido esta amarga experiencia. Con el tiempo
se pierde el control y nada importa, se llega a un estado de
desesperanza total”, dice, quien vivió el secuestro a los 28
años y recién casada.
El caso de las hermanas Olga Sofía y Natalia guarda mucha similitud
con el de los 60 soldados: su permanencia fue en las selvas
caqueteñas y estuvieron en poder del Bloque Sur de las Farc.
También, quizás, la liberación de los segundos sea otro punto
de coincidencia con las hermanas Gómez: un presunto acto de
buena fe de los subversivos colombianos.
En medio de la manigua
“En enero de 1991 secuestraron a nuestro padre, Jacinto, y Natalia
y yo acudimos a una cita para negociar la liberación, pero resultamos
canjeadas. Dos meses después, por un operativo de un grupo de
guerrilleros, terminamos en poder de las Farc”.
Fue el comienzo del calvario para Olga Sofía y su hermana, que
terminó en junio del mismo año, como antesala a los diálogos
de paz en Caracas (Venezuela), en 1992.
“Por esa época, lamentablemente, nadie hablaba por los secuestrados,
como sucede ahora. Todo giraba alrededor de los diálogos de
paz y la promesa de no más secuestros, hecho que, a la postre,
fue el que nos devolvió la libertad”, comenta esta mujer, hoy
madre de dos pequeñines, niño y niña.
Y agrega, “mientras se ponían de acuerdo las partes, nosotras
recorríamos palmo a palmo las montañas del Caquetá, de día y
de noche, con hambre o con sueño. Cansadas o no, ya nada importaba”.
Los días pasaban para las dos hermanas, sin que se divisara
la luz al final del túnel. “Estoy segura de que algún día nos
van a encontrar, vivas o muertas pero nos van a encontrar”,
le dijo lacónicamente Olga Sofía a Natalia.
"Sólo al sobrevolar la zona, cuando nos trasladaban a Neiva
luego de la liberación, me di cuenta de por qué nunca nos rescataron.
Los grandes árboles forman un tapiz verde inmenso, que no deja
ni un pequeño claro", asegura.
Sin presencia del Ejército
Especulando sobre la situación de los 60 soldados en poder de
las Farc, Olga Sofía estima que allí hay sitio suficiente para
mantenerlos ocultos. Ella, durante los seis meses de cautiverio,
alcanzó a conocer cerca de 20 campamentos, algunos con capacidad
hasta para 200 insurgentes.
"Nunca sentimos que el Ejército estuviera cerca. Ellos saben
que las autoridades no entran hasta esos lugares y por eso se
movilizan tranquilamente. Ese es su modus vivendi y son mucho
más hábiles que los soldados", recuerda.
Y es que precisamente, a raíz de la atención que ha despertado
la retención y posible pronta liberación de los uniformados,
Olga Sofía ha tenido que hacer memoria, recordar momentos que
se había hecho el propósito de olvidar, para poder responder
los interrogantes planteados por su hijo de tan sólo cuatro
años de edad.
“Cómo son los guerrilleros o por qué no devuelven los soldados
a sus madres, son algunas inquietudes de mis hijos. Yo tuve
que contarles que también pasé por eso y los aliento para que
confíen en que pronto verán en la televisión a esos muchachos
reunirse con sus familias, como pasó con nosotras”, explica
Olga Sofía, mientras se prepara a marchar y unir su voz a la
del resto de colombianos para decir ¡No al secuestro!
Voz de esperanza para los secuestrados
Cinco minutos después de despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, un avión Twin Otter de la empresa Aces con matrícula HK 2602 se accidentó en zona montañosa, y aunque sobrevivieron dos personas, trece ocupantes de la aeronave perdieron la vida.
La aeronave, que cubría la ruta entre la capital antioqueña y la localidad de Bahía Solano (Chocó), decoló hacia las 10:29 a.m. con trece pasajeros y dos tripulantes, pero por causas aún no establecidas se accidentó en el monte Padre Amaya, uno de los cerros tutelares del valle de Aburrá.
Testigos presenciales del siniestro aéreo manifestaron que el avión se desplazaba con la cola caída y le faltaron unos 30 metros para superar el cerro Padre Amaya, localizado entre las vereda El Barcino y Aguas Frías, entre el corregimiento de San Cristóbal y los barrios San Javier y Belén, de Medellín.
Se trata de una zona abrupta y deshabitada, adonde se desplazaron helicópteros de la gobernación y la Defensa Civil, que afortunadamente lograron rescatar con vida a la joven Olga Moreno y al adulto Rafael Rojas Gil, trasladados con quemaduras de tercer grado a la clínica Las Vegas.
Aunque al cierre de esta edición la empresa Aces no había suministrado la identidad de los pasajeros de la aeronave siniestrada, se conoció que el fatídico vuelo 148 estaba comandado por el capitán Juan Carlos Bermúdez y oficiaba como copiloto de la misma Juan Camilo Taborda.
En razón a que se trata de una región de difícil acceso, los organismos de socorro, funcionarios de la empresa Aces y la Aeronáutica Civil improvisaron un helipuerto en sitio próximo al lugar de la tragedia, a fin de evacuar los cadáveres y así facilitar la penosa gestión de los fiscales trasladados a la zona.
Un campesino, identificado como Leonel Cano, reveló que “la aeronave volaba muy bajito, intentó ganar altura pero se estrelló contra el cerro y estalló en llamas”. De inmediato corrió a socorrer a los pasajeros, cubrió con una toalla a una mujer que sobrevivió al siniestro, auxilió a un segundo ocupante, pero no pudo hacer más por los demás viajeros.
El director de la Aeronáutica Civil en Antioquia, Héctor Suárez, reveló que el lunes comenzarán a adelantarse las investigaciones para establecer las causas del accidente y se espera que entre el fuselaje de la aeronave se rescate la caja negra para conocer los pormenores del siniestro aéreo.
Sheila estaba harta de tener que viajar cada seis meses a Ginebra y repetir la escena del mismo hotel, la misma comida, la misma rutina hasta el Banco Unión de Suiza. Parecía que el viaje no se detuviera, y más bien le recordaba una de esas series viejas de televisión que se reestrenan de tiempo en tiempo con el ánimo de apoyarse más en la nostalgia que en la propia calidad de la película.
A sus 54 años, y después de cumplir ese trayecto 30 veces durante 15 años, Sheila Miriam Arana, de Barranquilla, creía que también podía darse un pequeño lujito, y preguntó al mismo conductor francés de todos esos años, que le había sido presentado por Pablo escobar Gaviria, si sería muy difícil comprar ese palacete junto al lago Ginebra que siempre le había llamado la atención. Podía ser además un centro de descanso, sí, como cinco años antes, la familia tenía que salir del país por causa de alguna guerra entre la mafia.
“No señora, no creo. Yo le presento un abogado”, le dijo en su español de monosílabos que había aprendido a lo largo de todos estos años de transportar colombianos con maletas repletas de dinero.
Para adquirir una vivienda en Suiza se necesita tener previamente un permiso de residencia pero, le advirtió el abogado, eso no sería problema si ella podía darse el lujo de hacer una inversión en cualquier negocio local. Sheila no vio ningún inconveniente en ello, escogió invertir US$$400.000 en el café L'Escale de Lausana, y llenó el formulario para tramitar su residencia en Suiza.
Hasta ese día, en la última semana de diciembre de 1992, ninguna autoridad suiza se había preocupado por averiguar el origen de los millones de dólares en efectivo que solía llevar de tiempo en tiempo ese matrimonio colombiano formado por Julio César Nassar David y Sheila Miriam Arana María.
La historia con el banco suizo se inició cuando un vicepresidente del UBS, Joseph Oberholzer, el único que hablaba español en toda la institución, fue encargado de la sección latinoamericana de sus operaciones, y en 1978, con un dominio bastante adecuado del castellano, cuando se presentaba simplemente como José, inició una correría por Sudamérica a la busca de clientes ansiosos de mantener el adecuado secreto sobre sus fondos.
Uno de los escogidos fue Nassar, conocido entonces en Barranquilla como un hotelero de cierta prosperidad de día, porque de noche siempre desaparecía. Desde joven le enseñaron que “si tú tienes tu propio cultivo de marihuana, es mejor que duermas junto a él”.
Pero seguramente la notoriedad de Nassar provendría del hecho de que un par de años antes había intentado comprar con su mujer un banco en el sur de la Florida, pero la operación debieron abandonarla en la mitad, cuando agentes federales empezaron a inquirir sobre el origen de su dinero. Prefirieron perder el millón y medio de dólares que ya habían dado como “pise” del negocio, antes que exponerse a alguna investigación seria.
Bastante suerte tuvieron con el hecho de que los traficantes de marihuana no fueran objetivo primordial de las agencias norteamericanas contra la droga, que veían en los nacientes carteles de la cocaína unos enemigos más poderosos y difíciles de vencer.
La historia de los Nassar Arana era en efecto tan desconocida en los Estados Unidos como en el interior de Colombia. Hijos de emigrantes libaneses, Sheila y Julio recibieron de sus familias US$50.000 como regalo de bodas en 1961, y de inmediato él propuso que la forma más rentable de invertir el dinero era en el contrabando de café, y crearon su propia red, que comprendía sus rutas y barcos propios. Por eso, cuando llegó la bonanza marimbera, no tuvieron el menor problema en trasladarse a la operación más rentable del mercado negro, el tráfico de marihuana.
Según la propia confesión de Sheila Nassar ante las autoridades suizas, Julio, o Tono como es más conocido, salía todas las noches y levantaba una tienda en la mitad de su cultivo de marihuana, con tal cuidado y dedicación, que a finales de los años 80 ellos ya transportaban a los Estados Unidos un promedio de 10 toneladas de la yerba prensada, en su propia flotilla de barcos.
Nassar habría sido el “inventor” del sistema de buque nodriza, en el que pequeñas embarcaciones llevan la marihuana hasta un buque de mayor calado, que espera en alta mar, y que es en esencia lo mismo que hace hoy con el llamado “bombardeo” de cocaína.
La organización de Nassar tiene otra peculiaridad, que sólo trabaja con miembros de la familia, lo que le ha permitido cierta invisibilidad en el mundo del narcotráfico, pero, sobre todo, no verse mezclados en la mitad de las guerras frecuentes que se dan en esas organizaciones.
Cuando habían alcanzado el nivel de las 38 toneladas de marihuana mensuales uno de sus barcos fue interceptado frente a las costas de los Estados Unidos. El barco estaba registrado a su nombre, y por eso creyeron que había llegado el momento de cambiar sus fondos de Panamá y la banca de la Florida hacia un sitio más seguro, un paraíso fiscal.
Oberholzer estuvo de acuerdo en la decisión, y él mismo propuso la creación de un paso intermedio entre el dinero proveniente de los Estados Unidos y las cuentas suizas, como medida de protección, aunque alega que jamás tuvo la menor sospecha de que se trataba de dinero proveniente del narcotráfico.
Oberholzer, condenado luego bajo la nueva legislación financiera suiza por haber contribuido al lavado de dinero, les ayudó a crear la Fundación Solimar como una corporación especial en el Principado de Lichtenstein, un muy seguro paraíso fiscal, que no sólo protege con estrictas leyes la reserva bancaria sino también la constitución de las sociedades. De Solimar salía el dinero para los ya impenetrables laberintos de la cuentas cifradas suizas.
Con esa estructura hermética los Nassar-Arana iniciaron la rutina de viajar cada seis meses desde Panamá, Nueva York o Miami a Ginebra, donde siempre los esperaba el mismo conductor francés que alguna vez les presentara Pablo Escobar y algunos miembros de su familia. El chofer conocía la rutina a la perfección cuando llegaba alguno de ellos: tenía que levantar las dos últimas filas de sillas para que pudieran acomodar las 12 ó 14 maletas que siempre solían transportar.
Sheila se quedaba en el hotel, y Julio salía para la sucursal del UBS, donde el diligente Oberholzer lo esperaba, recibía la media docena de Samsonites, y al finalizar el día ellos regresaban, recogían sus maletas y el recibo de consignación.
Cuando la fundación entró a operar plenamente, las operaciones se facilitaron, todo cuanto tenían que hacer era obtener cheques por US$$50.000 de un banco de Florida, girados indistintamente a nombre de tres alemanes, Hermann, Fritz y Otto, que eran enviados a la oficina de Leichtenstein, y de allí a Ginebra.
Por esa época Nassar decidió entrar en contacto con el cartel de Medellín para introducirse en las rutas de la cocaína. Escobar y los Ochoa aceptaron gustosos la llegada de El Viejo a la organización, que vio ampliadas sus rutas por barco, mientras los Nassar empezaron también a controlar rutas aéreas.
El flujo de dinero y los cuidadosos rendimientos de las inversiones hechas por Oberholzer con los fondos aumentaba en proporción de casi el millón de dólares mensuales. Los viajes a Suiza de los Nassar también se hicieron más frecuentes, como también variaron los puntos de origen, ahora, aparte de Barranquilla, volaban desde Panamá, Miami y Nueva York.
La ruta comprendía siempre una primera escala en el número 45 de la calle Bahnhofstrasse, donde el mismo vicepresidente los recibía con los pequeños carros metálicos donde transportaban las 12 maletas llenas, como en las malas películas de mafiosos, de billetes usados de baja denominación.
Pero a principios de los 90, Julio tuvo su primer problema con la mafia cuando uno de sus guardaespaldas fue contratado por un rival para que lo asesinara. El sicario sólo le atinó un disparo en la nalga, Julio entró en la clandestinidad, dos de sus hijos y un sobrino tomaron el control de la organización, y en cuestión de semanas ya tenían una acusación en una corte de Lousiana por haberles ofrecido la venta de 200 kilos de cocaína a unos agentes federales encubiertos.
Julio Nassar recuperó el control de todos los hilos, pero un barco cargado con una tonelada de cocaína y 2 millones de libras de marihuana fue interceptado en el caribe, y prácticamente toda la familia entró a engrosar la lista de extraditables a los Estados Unidos.
El banquero suizo administró los fondos de los Nassar de manera tal que sólo progresiva y periódicamente Solimar hiciera giros a la cuenta 751.560 del Banco Unión de Suiza, en proporción de tres a uno, para que no aparecieran como movimientos desproporcionados en ningún caso. Los Nassar adquirían cheques de gerencia en un banco del sur de la Florida, que hacían girar a nombre de alguno de los tres “alemanes”, los colocaban en sobres lacrados, que eran enviados directamente a Oberholzer, quien ya sabía cómo repartirlos.
Cuando los mafiosos levantan problemas en Colombia, lo primero que hacen es sacar a sus familias del país, y eso fue lo que hizo Pablo Escobar: enviar a su familia a Suiza, donde la recogió el mismo chofer francés de toda la vida y que compartían con los Nassar. La familia de Escobar repartía su tiempo entre Lausana y Zurich, y empezaron a ser seguidos. En un encuentro fortuito con Sheila la Policía suiza la identificó como colombiana, y ello no habría sido más que una “mala nota” en su historial de entradas regulares al país, si no se hubiera antojado de comprar su propio palacete frente al hermoso lago de Ginebra, incluso más hermoso en el invierno que en cualquier otra estación del año.
El conductor la llevó donde el abogado que tramitaría la solicitud de residencia, después de dejar $$400 millones como aporte al Café L'Escale.
La Policía suiza que inició las indagaciones obvias para concederle la residencia a Sheila a fin de que pudiera comprar su casa se encontró halando del mismo hilo que seguían agentes federales de los Estados Unidos. Bastó sentarse en un mismo café a tomarse un tinto, para quedar completo el rompecabezas que iban armando los dos.
El matrimonio Nassar Arana había hecho transferencias y movimiento físico de divisas en 20 años de historia criminal por un valor que podría alcanzar los US$$3.000 millones.
En la cuenta que los dos investigaban, sin embargo, sólo había US$$10 millones.
El conductor francés fue detenido para interrogarlo, y contó lo único que sabía: que cuando los Nassar llegaban, como sucedía con la familia de Escobar, debía remover las dos últimas filas de sillas de su minibús, para abrir espacio a la docena de maletas que siempre transportaban hasta el hotel. Allí los acompañaba a la habitación, donde hacía un recuento del dinero para estar seguros del valor de la consignación, y luego los conducía al banco, donde los esperaba siempre el mismo vicepresidente Oberholzer, a quien llamaban simplemente José.
El 23 de febrero de 1994, cuando Sheila llegó para cerrar el negocio de la compra de su palacete frente al lago Ginebra, fue detenida y congeladas las 60 cuentas y fundaciones que tenía a su nombre y el de su marido, en total 150 millones de dólares.
Sheila intentó alegar, como hiciera unos años antes Amparo Londoño, la esposa de Chepe Santacruz, que ellos se habían divorciado desde el 84, y que el dinero a su nombre era producto de la repartición de bienes. Hay varias operaciones que no se pueden repetir dos veces, y esta era una de esas.
El movimiento siguió a cargo de Julio César Nassar David, quien armó en Barranquilla un proceso penal contra su mujer en un par de semanas, logró que le dictaran auto de detención, y con apoyo en su padrino político (“y hay muchos militares y políticos a quienes Julio paga seguro por protección” diría Sheila en sus confesiones a la policía suiza), un senador de Barranquilla, logró que la cancillería solicitara a su esposa en extradición.
Tampoco tuvo tanta suerte como las que manejaron Gilberto Rodríguez y Jorge Luis Ochoa en Madrid, los suizos simplemente respondieron que no regía ningún tratado con Colombia, en respuesta a la solicitud. Nassar entonces se comunicó con sus nuevos aliados del cartel de Cali para que le organizaran en Holanda o Italia un comando de mercenarios, como el que años antes atentó contra el ex ministro Enrique Parejo González, para rescatar a su mujer.
Nassar ya estaba bajo control de las agencias de seguridad, que pasaron el informe y para acabar con el problema Sheila Miriam Arana María fue extraditada a los Estados Unidos, donde aceptó los cargos. Se le confiscaron US$$67 millones y fue condenada en marzo del 96 a pagar 12 años de cárcel en Miami, cuando cumplirá 66.
Sheila confesó a la justicia otras actividades de la organización, entregó US$$2.000 millones en total, y confía en que se le reconozca esa colaboración para acortar su sentencia. Las agencias norteamericanas antidrogas le mostraron a ella ocho órdenes de captura internacional contra su marido y dos contra sus hijos y un sobrino, 15 años de registros contables en distintos bancos del mundo, que mostraban movimientos que sumaban en total US$$3.000 millones, o $$300.000 millones colombianos.
“Hm –dijo Sheila a la DEA– y eso que Julio no ha conseguido un solo peso legalmente desde que lo conozco”.
La Operación Tendero permitió también incautar un condominio propiedad de los Nassar en la Florida avaluado en US$$600.000, y los saldos de sus cuentas en Merryll Lynch, Banco Banaico, Banco de Occidente y Banco Ganadero, todos de Panamá. Sigue el litigio por otras cuentas en el Bank of America y el First Union National Bank de la Florida.
La Corte que condenó a Sheila libró una orden para que confisquen todas sus propiedades y valores en bancos, hasta completar la suma de US$$755 millones, que ella calculó fueron las utilidades hechas por los Nassar Arana en el narcotráfico entre 1976 y 1994.
Los Nassar-Arana no tienen un solo proceso por enriquecimiento ilícito en Colombia, donde figuran como propietarios del Hotel del Prado de Barranquilla, otros dos en la misma ciudad y Cartagena, varias agencias inmobiliarias, una constructora y decenas de fincas en la costa Atlántica.
(*) Ha ganado varios premios colombianos de periodismo y está vinculado a El Espectador desde 1979.
El lejano ruido de reforma a la televisión que rondó al Senado de la República, hace cuatro meses, está a punto de modularse para confirmar la verdadera voz de la inciativa: abrir al capital privado la propiedad de los canales de televisión.
Para el director de Inravisión, Édgar Plazas, el proyecto aprobado la semana pasada en la Comisión VI del Senado, persigue ese objetivo; y es consciente de las consecuencias del proyecto: “La televisión pública no salió fortalecida, porque cuando se es monopolio y éste desaparece, no hay manera de sentir que se ganó”.
¿Igualdad de condiciones?
Varios artículos de esta iniciativa de origen legislativo, ahora numerados como 147, confirman la idea planteada por Jaime Vargas Suárez, uno de los cuatro senadores ponentes: “Yo creo que por un lado se fortaleció a la Tv pública y dimos la posibilidad del nacimiento de la Tv privada en términos de equidad”.
Esa igualdad se ve reflejada, aunque no parezca, en la discutida revocatoria a la posibilidad de prórroga de la actual programación de televisión, incluidos los noticieros.
La Comisión derogó el artículo 50 de la ley 182 que fijaba la prórroga automática para los actuales concesionarios de las cadenas Uno y A, y así la continuidad de la programación por seis años más.
Al respecto, Vargas Suárez dice: “Nos hemos limitado a hacer un análisis de los contratos y establecimos que tienen una vigencia que fenece el 31 de diciembre de 1997, por lo tanto, es materia del legislador para este tipo de contratos intervenir simplemente con la finalidad de dar igualdad de oportunidades para el nacimiento de la televisión privada”.
Partiendo de lo aprobado en el Senado, para la directora de la Comisión Nacional de Televisión (Cntv), Mónica de Greiff, “se debe abrir nueva licitación en julio del 97, en donde participarían los actuales concesionarios de las cadenas Uno y A”. La fecha seguramente coincidirá con las emisiones de los dos o tres canales privados de televisión, porque en menos de cuatro meses, según la ley vigente, se debe abrir la licitación. Las programaciones comenzarán de cero.
Otro ítem, pero de carácter técnico, contempla el ingreso de los nuevos canales en condiciones similares al de los existentes en cuanto a frecuencias. Sólo tendrá preferencial Señal Colombia, en contra de la iniciativa que proponía extenderla para las cadenas Uno y A, operados por Inravisión pero programados por particulares.
La equidad deberá soportarse en garantizar los recursos a Inravisión, los cuales deberán ser suministrados por la Cntv, y la verificación de los traspasos estará en manos del Congreso.
Las limitaciones que proponía la Ley 182 de 1995 a las sociedades dueñas de los canales privados, fijaba un tope del 30% por cada beneficiario directo. Ahora una compañía podrá tener la mayoría de acciones en los canales privados. Decisión que argumentó Vargas Suárez: “Concluimos que la televisión se hace con dinero, y de pronto al establecer unos topes impediríamos que se hiciera por parte del sector privado. Por otra parte democratizamos el acceso al espectro al establecer las estaciones locales, para que no se dé sólo la televisión concentrada en unos grupos”.
Opina que al autorizar las estaciones locales, en ciudades de más de 100.000 habitantes, y permitirles encadenarse, constituirán un canal nacional con dueños diferentes.
A punto de naufragar el proyecto de revivir la extradición en el Congreso, la definición final sobre la posible vigencia de la figura queda en manos de los altos tribunales de justicia del país.
En las primeras semanas de 1997, la Corte Constitucional deberá precisarle al país si es aplicable la entrega de colombianos, para ser juzgados en los Estados Unidos.
Lo propio tiene bajo su responsabilidad la Corte Suprema de Justicia. Su Sala Penal tiene que aclararle al Gobierno si puede o no extraditar a los capos del cartel de Cali, solicitados por Norteamérica.
En la que se perfila como una de las más agudas discusiones jurídicas de la década también podría entrar el Consejo de Estado. Su probable participación gira en torno a una eventual demanda de nulidad contra el decreto 1781 de 1982, que ostenta pleno vigor hoy domingo primero de diciembre de 1996.
Esta norma tiene particular importancia en la actual coyuntura debido a que, mediante ella, el ex presidente Julio César Turbay Ayala declaró vigente el “Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, el 17 de junio de 1982.
Las tres corporaciones judiciales tienen las cartas sobre la mesa. El Congreso ve agonizar la propuesta de reformar el artículo 35 de la Carta Política; se le agota el tiempo.
Voz autorizada
En medio de este panorama, surgió la voz del jurista que más conoce de derecho internacional en el país: Marco Gerardo Monroy.
Monroy, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, sostuvo que la extradición de nacionales a Estados Unidos no es una “extradición de papel”. Es viable bajo el decreto 1781 de 1982.
El tratadista asegura que si se aplica la doctrina de la Corte Constitucional relativa a la intangibilidad de los pactos internacionales anteriores a la reforma de 1991, unida a la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya, la extradición con Estados Unidos –firmada en 1979– está viva.
La argumentación expuesta por Monroy deja al descubierto que si Estados Unidos demanda a Colombia ante La Haya, el tribunal internacional obligaría a cumplir el tratado de 1979, por encima de la prohibición constitucional de extraditar colombianos.
De paso, el jurista demostró que tal como fue aprobado por el Senado en los dos primeros debates, el proyecto legislativo de revivir la extradición es inocuo, porque todos sus condicionamientos lo hacen inoperante. En síntesis, la extradición como instrumento de lucha transnacional contra el narcotráfico parece estar tan cerca que no se ve. Las cortes dirán si el problema es de “ojos”.