| El País, Viernes
26 febrero 1999 - Nº 1029
Una investigación sobre la guerra de Guatemala
culpa al Ejército de genocidio planificado
El informe de la ONU atribuye el 93% de las matanzas a los militares
y el 3% a la guerrilla
MAITE RICO, Guatemala
El Ejército de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983
un genocidio contra las comunidades indígenas mayas como parte de
su estrategia para combatir a la guerrilla. Ésta es la conclusión
más contundente del informe presentado ayer por la Comisión
para el Esclarecimiento Histórico (CEH), encargada de investigar
la barbarie que se adueñó de este país durante tres
décadas de guerra. El documento acusa al Estado de haber convertido
a los guatemaltecos en objetivo bélico: la mayoría de las
200.000 víctimas del conflicto fueron civiles indefensos.
Guatemala comenzó ayer a enfrentarse a sus fantasmas. Dos años
después de que el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
(URNG) sellaran la paz, los protagonistas del conflicto se dieron cita
en el teatro Miguel Ángel Asturias de la capital para recibir el
informe Guatemala, memoria del silencio. El horror descrito en 3.400
páginas. La locura de un pasado atroz, entretejido por las injusticias
de la historia propia y los intereses ajenos de la guerra fría en
el tapiz de un país de casi 11 millones de habitantes.
"En ningún país de América Latina se habían
registrado tantos casos de violaciones de los derechos humanos como aquí.
Según las estadísticas, Guatemala encabeza todo", según
el noruego Christian Tomuschat, coordinador general de la CEH. La "extrema
crueldad" con la que se perpetraron la mayoría de estos casos y
la "magnitud e inhumana irracionalidad de la violencia que azotó
el país no pueden ser explicadas simplemente como consecuencia de
un enfrentamiento armado entre dos partes", a juicio de Tomuschat.
Acusación de genocidio
El Estado guatemalteco había encabezado tradicionalmente las
listas negras de las violaciones de los derechos humanos. Ayer, sin embargo,
la comisión creada por los firmantes de los acuerdos de paz, y respaldada
por la ONU, lo acusó formalmente de genocidio. Como tal pueden calificarse
las acciones de destrucción sistemática que el Ejército
de Guatemala perpetró entre 1981 y 1983 contra las comunidades indígenas
de los departamentos de Huehuetenango, Quiché y Baja Verapaz, en
el norte del país.
El informe no identifica individualmente a los responsables (por acuerdo
del Gobierno y la URNG), pero la cronología lo dice todo: la etapa
corresponde al final del Gobierno del general Lucas García (1978-1982)
y a todo el mandato del general golpista Efraín Ríos Montt
(1982-1983), que puso en marcha la política de tierra arrasada
como estrategia contrainsurgente.
En esos años, los grupos mayas se convirtieron en el principal
"enemigo interno" para el Ejército, que los consideraba "aliados
naturales" de la guerrilla. Comenzó así su "aniquilamiento"
en "secuencias lógicas y coherentes". En la región maya ixil,
por ejemplo, entre el 70% y el 90% de las aldeas fueron destruidas. Las
masacres se acompañaban a menudo de toda clase de torturas y humillaciones.
Los casos recogidos por la comisión dan sobrada idea del grado de
desquiciamiento: desde asesinatos de niños golpeándolos contra
las paredes hasta mutilaciones y empalamientos.
La población indígena, que constituye más de la
mitad de los guatemaltecos, fue la más afectada por la represión,
pero no la única. Escudado en la Doctrina de Seguridad Nacional
y la lucha contra la guerrilla de la URNG, el Estado, dice el informe,
incluyó en el concepto de "enemigo interno" a todos los opositores,
"demócratas o no, pacifistas o guerrilleros, legales o ilegales,
comunistas o no comunistas". Entre 1962 y 1977, las víctimas fueron
sobre todo "ladinos" : líderes campesinos y sindicales, profesores,
estudiantes y dirigentes sociales de la capital y de las regiones del sur
y del este del país. Era una represión más selectiva,
basada en ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones. Esa misma
pauta se reproduce después de 1985.
La CEH establece que la guerra civil empezó en 1962 y se extendió
hasta 1996. El conflicto dejó a lo largo de 34 años más
de 150.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón
de desplazados.
El informe documenta 626 matanzas: el 93%, perpetradas por las Fuerzas
Armadas, y el 3%, por las guerrillas. A juicio de la comisión, "esta
disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables
cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos". En concreto, el
informe recoge 32 matanzas de civiles (incluyendo mujeres y niños)
perpetradas por la URNG entre 1981 y 1982, además de secuestros,
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales de civiles y de sus propios
combatientes y varios episodios de torturas.
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