A principios de los años 70, cuando Bolivia vivía un clima de convulsión, los mayores partidos políticos del país, el MNR de Víctor Paz Estenssoro y la FSB con Mario Gutiérrez Gutiérrez, asumen el gobierno y ofrecen al entonces coronel de Ejército, Hugo Banzer, la Presidencia de la República.

Desde agosto de 1971 hasta abril de 1978, dirigió los destinos del país. Durante este tiempo aproximadamente setenta personas "desaparecieron". Según la Asociación pro Derechos Humanos de Bolivia, 14.750 personas fueron arrestadas por sus ideas políticas, 19.140 partieron hacia el exilio y 200 murieron, entre ellas campesinos alzados en armas contra el duro paquete de medidas económicas impuesto en 1974.
En 1978 Banzer convocó a elecciones para que se amplíe la participación ciudadana en la toma de decisiones. En marzo del 79, fundó Acción Democrática Nacionalista (ADN), con el objetivo de presentar al país una nueva opción política.

En 1985, Bánzer, que obtuvo la primera mayoría en las elecciones, aceptó la designación de Víctor Paz Estenssoro (1985-89) como presidente de Bolivia y suscribió con él el pacto por la democracia , con la esperanza de que el MNR le apoyara en los siguientes comicios. En 1989 Bánzer resultó segundo tras el candidato gubernamental Gonzalo Sánchez de Losada, a quien le negó sus votos en el Parlamento y con ellos hizo presidente a Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), tercero en los comicios. Ambos firmaron el acuerdo patriótico, con el que cogobernaron hasta 1993.

Jaime Paz Zamora, presidente de Bolivia desde 1989 hasta 1993 tuvo que abandonar la política activa en 1994 por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.  Se
reincorporó a su escaño un año después. Dice que aquellas acusaciones sólo fueron una «conspiración», pero, para que no quede duda, afirma que Bolivia tiene que erradicar completamente las plantaciones de coca, porque «Bolivia no es Colombia». 

Gonzalo Sánchez de Losada del Movimiento Nacionalista Revolucionario fue presidente entre 1993 y 1997.
 

El País Digital, Sábado, 7 junio 1997 - Nº 400

 Bánzer logra el mayor apoyo parlamentario de la historia de Bolivia 

JUAN JESÚS AZNÁREZ ENVIADO ESPECIAL ,La Paz 

Hugo Bánzer tras ganar las elecciones (Reuter).

 

MABEL AZCUI , Cochabamba 
El general Hugo Bánzer logró ayer un apoyo más, el del populista Conciencia de Patria (Condepa) de la indígena Remedios Loza, para convertirse en el próximo presidente de Bolivia por las urnas, tras haber gobernado el país por las armas en los años setenta. El acuerdo proporciona a Bánzer una mayoría parlamentaria de la que nunca antes gozó ningún Gobierno boliviano. Con cuatro partidos apoyando al general, la nueva mayoría gubernamental contará con 120 de los 157 parlamentarios del próximo Congreso.

El acuerdo de ayer, suscrito entre Bánzer, por Acción Democrática Nacionalista (ADN), y Remedios Loza, de Condepa, se suma al alcanzado el jueves con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente Jaime Paz Zamora y la Unidad Cívica Solidaridad (UCS).

«Condepa ha firmado este acuerdo con ADN en cumplimiento de un compromiso verbal entre Bánzer y nuestro líder Carlos Palenque (fallecido en marzo pasado) para respetar al ganador de las elecciones», explicó el diputado electo de este partido Facundo Hurtado.

El acuerdo de cuatro puntos es similar al que Bánzer firmó el miércoles con Jaime Paz Zamora, del MIR, y Johnny Fernández, de UCS, «aunque nosotros hemos planteado la humanización del modelo económico y el pago de la deuda social», afirmó Hurtado.

Bánzer será elegido presidente después de obtener el 22% del voto popular en las elecciones del domingo pasado. En Bolivia, si nadie supera el 50% del voto, el Congreso elige entre los dos más votados. 
 

Una mujer sostiene un cartel de apoyo a Bánzer frente al Congreso Nacional Boliviano (AFP).

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El País Digital, Viernes, 24 octubre 1997 - Nº 539
 

La corrupción consume una sexta parte 
de la economía boliviana 

MABEL AZCUI , Cochabamba 
La corrupción en Bolivia, el país más pobre de la región andina, tiene un costo monetario de 1.045 millones de dólares al año, una sexta parte de su Producto Interior Bruto (PIB), repartido en porcentajes variados entre evasión fiscal, el contrabando y el narcotráfico, según un reciente estudio del Colegio de Economistas de Bolivia.

El impacto entre 1990 y 1997 se calcula en 6.792 millones de dólares, ocho millones menos que el PIB de este año (6.800 millones de dólares) y ha impedido un crecimiento de la economía a un ritmo de al menos el 6%, explicó el presidente del Colegio de Economistas, Óscar Azeñas.

«En Bolivia, la corrupción ha sido y es aún un importante factor de concentración de riqueza», dijo Azeñas.

El Colegio de Economistas procesó todas las denuncias e informaciones de prensa en los últimos siete años y estableció que la evasión de impuestos se eleva a 1.692 millones de dólares, el narcotráfico, a unos 1.655 y el contrabando a 1.519 millones de dólares, casi el 72% del costo total de la corrupción.

Las cifras del costo de la corrupción han impresionado a la opinión pública, pero no han arrancado ninguna opinión del Gobierno, asumido 10 semanas atrás por el presidente Hugo Bánzer, apoyado en una coalición de partidos con mayoría absoluta en el Parlamento. En agosto pasado se registraron protestas de parlamentarios y líderes políticos por la inclusión de Bolivia, junto a Colombia y Nigeria, entre los tres países más corruptos del mundo, lista preparada por una organización no gubernamental denominada Transparencia Internacional.

Azeñas cree que la corrupción, con raíces estructurales en este país donde más de la mitad de los 7,5 millones de habitantes vive en la pobreza, se ha incrementado tras la aplicación de las políticas de ajuste y reformas al Estado a partir de 1985.

Mientras que la concentración de la riqueza en sectores sociales estratégicos está ligada a actos de corrupción que se promueven en el Estado a través de la política, el narcotráfico y el contrabando, según Azeñas, la pobreza de la mayoría está relacionada con la pérdida de puestos de trabajo y los bajos salarios, que también generan un clima propicio para las actividades de corrupción, por supuesto a mucha menor escala. 

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El País, Martes ,  31 octubre 2000 - Nº 1642

Un indígena, ministro boliviano de Asuntos Campesinos

MABEL AZCUI, La Paz 
El tacana Wigberto Rivero, de una etnia amazónica, ocupa desde hoy el Ministerio sin cartera de Asuntos Campesinos, Pueblos Indígenas y Originarios de Bolivia, y tiene ante sí la tarea de cumplir cada uno de los cincuenta puntos del acuerdo suscrito, el pasado día 7, entre el Gobierno y los sindicatos campesinos del altipano, al término de una revuelta social. El presidente de Bolivia, Hugo Bánzer, dio posesión en el cargo al hasta hoy viceministro de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios, Wigberto Rivero, de 39 años, cuya designación fue sugerida por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Confederación Sindical de Colonos de Bolivia.

Rivero, militante del oficialista Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), admitió que la pobreza tiene orígenes en siglos de exclusión y marginación de la "Bolivia profunda, de la que somos y hacemos parte más de la mitad de los ciudadanos".

El flamante ministro hizo notar que el mapa de la pobreza "coincide con el mapa de los pueblos indígenas, originarios y campesinos" y tiene "cara de indígena, de originario, cara de mujer y cara de niño". Sin embargo, dijo que es en este mapa donde existe el más rico potencial para afrontar un desarrollo sostenible, participativo y en igualdad de condiciones y oportunidades. La prioridad del trabajo de Rivera es respetar los convenios firmados por el Gobierno y los sindicatos campesinos, que mantienen su advertencia de que un incumplimiento oficial les obligará a similares medidas a las aplicadas en el mes de septiembre, con bloqueos y protestas. Para Rivero, el bloqueo "abrió los caminos del diálogo por donde van a transitar los bolivianos que nunca fueron escuchados" y afirmó que no se repetirán medidas de presión porque "sabremos acoger las reivindicaciones sociales sin que ello signifique la quiebra de un Estado de derecho".