La dictadura de Pinochet
Tres años para llegar a un cara a cara R.A, Santiago.
El 21 de agosto de 2000, Guzmán fijó la primera fecha de interrogatorio para el 9 de octubre. La defensa apeló y pidió unos exámenes mentales y neurológicos que, según ellos, demostrarían que Pinochet no estaba bien para enfrentarse a un proceso. El 25 de septiembre, Guzmán suspendió el interrogatorio y decretó los exámenes mentales. La defensa de Pinochet apeló para que se sumaran exámenes físicos. Días después, la Corte de Apelaciones adoptó una decisión intermedia y añadió a los exámenes mentales unos de carácter neurológico y suspendió la fecha del interrogatorio Proceso criminal Por sorpresa, el 1 de diciembre Guzmán decidió procesar criminalmente a Pinochet. La defensa del ex general apeló y presentó un recurso para evitar la detención domiciliaria de Pinochet. Veinte días después, la Corte Suprema anuló el procesamiento y ordenó al juez proceder al interrogatorio antes de procesarlo. El pasado 2 de enero, Guzmán fijo los exámenes para el 7 y 8 de este mes, y el interrogatorio para el 9. Pese a ello, el 7 de enero Pinochet no asiste a la primera jornada de exámenes y dice que no aceptará un interrogatorio. Resuelta la rebeldía de Pinochet, el 8 de enero el juez decretó los exámenes para el 10, 11 y 12, y el interrogatorio para el día 15. El viernes 12 de enero, Guzmán accedió a postergar el interrogatorio para ayer. La incógnita Si los escenarios posteriores al interrogatorio de Pinochet ya eran complejos, la denuncia hecha por el neuropsiquiatra dispuesto por los abogados querellantes, Luis Fornazzari, no ha hecho más que poner sobre el mapa de guerra un elemento que podría llegar a ser determinante para el caso. Fornazzari, director clínico del Programa de Neuropsiquiatría de la Universidad de Toronto, viajó a Chile a comienzos de enero para participar junto a otros siete expertos en las extensas pruebas que buscaban medir si Pinochet estaba loco o demente y, de estarlo, en qué grado de imposibilidad para someterse a un juicio. Con la confianza de que todos, incluso el perito designado por el propio Pinochet, el neurólogo Sergio Ferrer, acordaron que el ex dictador no presentaba problemas psiquiátricos imposibilitantes y que sólo podía advertirse una demencia vascular en rango de leve a moderada, Fornazzari volvió a Canadá donde el pasado viernes recibió el informe final para su firma. Dicha copia, sin embargo, no hablaba de demencia leve a moderada, sino de una "severamente moderada", lo que a su juicio limita las posibilidades de Guzmán para sostener un potencial procesamiento criminal. Lo que vendrá tras el interrogatorio de ayer a Pinochet girará
se quiera o no alrededor de la validez o no del informe, pues hasta el
perito adjunto de la defensa, el neurólogo Sergio Ferrer, asegura
que él firmó una copia en la que aparecía un diagnóstico
de "demencia leve a moderada" y no el extraño "de severidad moderada".
Las Fuerzas Armadas chilenas reconocen con datos su responsabilidad en 400 desapariciones El presidente Lagos pide la designación de jueces especiales para investigar muchos de los casos FRANCESC RELEA, ENVIADO ESPECIAL, Santiago
El histórico documento es consecuencia del compromiso adquirido hace seis meses por los participantes en la llamada Mesa de Diálogo para entregar toda la información posible sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos. Uno de los datos de mayor significado es el reconocimiento por parte del Ejército de 27 casos de detenidos que fueron arrojados desde el aire frente a las costas de Pichilemu y del puerto de San Antonio, al norte de Santiago. Los uniformados admiten que en los primeros días posteriores
al sangriento golpe del 11 de septiembre de 1973 los cadáveres de
numerosas personas muertas en distintos lugares de Santiago fueron trasladados
desde el Servicio Médico Legal al Cementerio Legal, y da cuenta
de la incineración de 182 cuerpos, cuyas cenizas fueron esparcidas
en el recinto mortuorio.
Martes, 2 diciembre 1997 - Nº 578 Un general chileno acusa a Pinochet de haber ordenado el asesinato de 53 civiles FRANCESC RELEA, Madrid
El testimonio del general se refiere a los 53 asesinatos cometidos en tres lugares que cuando el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 estaban bajo la jurisdicción de Lagos: Copiapó, Calama y Antofagasta, al norte de Chile, durante la llamada caravana de la muerte, una de las acciones represivas del régimen de Pinochet que revistió mayor brutalidad e impunidad. A bordo de un helicóptero, una siniestra comitiva de altos jefes militares, encabezada por el general Arellano, recorrió en octubre de 1973 -un mes después del golpe- distintos destacamentos de todo el país, de los que sacó a la fuerza a decenas de prisioneros políticos que fueron posteriormente asesinados. Afirma el declarante que el 18 de octubre de 1973 el general Sergio
Arellano Stark llegó en helicóptero con la misión
confiada por Augusto Pinochet de unificar los criterios en los procesos
que en ese momento se tramitaban ante los tribunales militares a lo largo
de todo el país. Arellano llegaba de Copiapó, donde la noche
anterior aquél
En invierno de 1973, el general Arellano era considerado «el hombre» del golpe militar por los que conspiraban en el Ejército, Fuerza Aérea y Marina contra el Gobierno de Salvador Allende. «La noche del 18 de octubre de 1973», declara el general Lagos, «la comitiva del general Arellano había sacado del lugar de detención a 14 detenidos que estaban en proceso, los habían llevado a la Quebrada El Way y los habían muerto a todos con ráfagas de metralletas y fusiles de repetición. Los cuerpos estaban despedazados, con más o menos 40 tiros cada uno, y en estos momentos así permanecían, al sol y a la vista de todos cuantos pasaban por ahí». El general Lagos recriminó con dureza lo ocurrido al general
Arellano. En este punto el general Arellano sacó su as de la manga:
«Una comunicación del comandante en jefe del Ejército
que lo nombraba oficial delegado para revisar y acelerar los procesos».
En otras palabras, Arellano actuó por orden expresa y directa de
Pinochet.
Martes
El responsable del asesinato de Letelier dice que sólo cumplió órdenes de Pinochet RAMÓN LOBO, Madrid El general Contreras, antiguo jefe de la DINA (policía política) de Pinochet, fue condenado en 1995 por los tribunales chilenos a siete años de cárcel -que cumple en el recinto penitenciario de Punta de Penco- como responsable intelectual de la orden de asesinar al ex ministro de Exteriores de Salvador Allende, Orlando Letelier y de su acompañante, la ciudadana norteamericana Ronni Moffit en 1976 en Washington. «La DINA era un organismo militar que dependía, primero,
directamente del presidente de la Junta de Gobierno (Pinochet), y, posteriormente,
del presidente de la República (Pinochet)», dice Manuel Contreras,
quien argumenta que el 12 de noviembre de 1973 fue nombrado «delegado»
en la DINA por el general Pinochet, de quien recibía todas las órdenes.
Nuevos papeles vinculan a Washington con el golpe contra el socialista Allende en Chile EFE / M. DÉLANO, Washington
/ Santiago
Kissinger señala que había en el Departamento de Estado poco entusiasmo "para un programa de acción clandestina", y recomienda que se establezca "un grupo de tareas en Washington, que se reúna a diario, tome decisiones, envíe directrices y mantenga el control de las cosas". También está incluido un documento de 1970 en el cual consta que el presidente Nixon era partidario de "arruinar drásticamente la economía chilena". "Hoy es una fecha histórica después de la cual podremos
escribir la historia de la intervención de Estados Unidos en el
derrocamiento del Gobierno de Chile, y la relación con el régimen
militar", dijo Peter Kornbluth, del grupo que ha gestionado la divulgación.
El Gobierno entregó ayer unos 16.000 documentos, que incluyen 1.500
papeles de la CIA, y completó así la revisión ordenada
por el presidente Bill Clinton en 1999 después que fuera detenido
en Londres el ex jefe del Gobierno militar chileno Augusto Pinochet.
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